SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Carta Magna dominicana se encuentra entre las constituciones con mayor cantidad cambios en la región de Latinoamérica, según un estudio realizado por el Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano publicado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Según el documento elaborado por Fernando I. Ferrán, Shyam Fernández Vidal y Alejandra Valerio Matos, el país cuenta con 39 reformas parciales o totales desde la primera Constitución de 1844, superando a países como Venezuela, que hasta la fecha, desde el año 1811 ha efectuado 26 reformas; Haití, con 24 desde el 1804 y Ecuador con 20, desde 1822.
Una situación que, según el análisis por los autores, deja en evidencia que, “a mayor número de reformas constitucionales más alta la correlación positiva con inequívocos indicadores de inestabilidad política y económica de una nación; y viceversa, a menor número de reformas mayor estabilidad económica y política”.
Las reformas constitucionales no son buenas ni malas, ni su frecuencia tampoco apunta a una fortaleza o debilidad del sistema jurídico-político.
De su lado, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, explica que en el país sólo se han producido cinco reformas desde 1966, de los cuales dos, en 1966 y 2010 son consideradas como nuevas Constituciones.
Refiere que otros países de la región, como México, el cual aparece en el estudio con 7 reformas, parciales o totales,
ha permitido la inclusión de enmiendas, las cuales suman hasta la fecha 93 revisiones desde 1810, mientras que otros como Estados Unidos mantienen sin reforma su Carta Magna, sin embargo, la Suprema Corte emite decenas de sentencias cuyo peso equivale a una reforma.
“Las reformas constitucionales no son buenas ni malas, ni su frecuencia tampoco apunta a una fortaleza o debilidad del sistema jurídico-político. Eso no es así, es incierto”, subraya Perdomo.
Asimismo, expresa que en el caso de las modificaciones efectuadas para introducir o retirar la posibilidad de la reelección, esto sólo pone de manifiesto que hasta el momento la sociedad política no se pone de acuerdo en qué sistema de reelección presidencial quiere.
Destaca finalmente que los blindajes constitucionales son antidemocráticos, ya que esto podría interferir con la vida política y jurídica de las generaciones futuras, las cuales se verían imposibilitados de efectuar una modificación a su ley fundamental, a menos que sea a través de una fractura a la máxima normativa del Estado.
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