Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Directorio Presidencial (DP) del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió a la Cámara de Diputados aprobar el nuevo Código Penal, rechazando las observaciones del Ejecutivo que pide despenalizar el aborto en algunas circunstancias.
El secretario general del PRSC, Rogelio Genao, señaló, que la pieza legislativa "constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, el incremento de la violencia, la criminalidad y el combate de la delincuencia que reclama la sociedad dominicana".
"La mayoría congresional actuó correctamente en el Senado de la República rechazando las observaciones del Ejecutivo, la Cámara de Diputados debe hacer lo mismo acogiendo el informe de la Comisión de Justicia que sugiere al pleno reiterar la aprobación senatorial", precisó Genao tras concluir una reunión del DP en la que, entre otras cosas, se aprobó el nuevo reglamento disciplinario del PRSC.
Asimismo, el dirigente reformista saludó "el cambio de actitud de los legisladores oficialistas frente a las observaciones señalando que al hacerlo respetan nuestra Constitución y el ideario de los padres fundadores de nuestra patria".
La penalización del aborto, sin excepciones, fue aprobada recientemente por los senadores, a pesar de que el presidente Danilo Medina ha pedido en dos ocasiones que se permita cuando la vida de la embarazada corra peligro, por violación sexual o incesto, o por malformación del feto incompatible con la vida.
Medina vetó a finales de 2016 el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, una medida que había adoptado también en 2014 cuando se aprobó dicho código, cuyo debate lleva años en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el Senado, controlado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rechazó el pasado 31 de mayo las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto.
De esta manera, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado.
El proyecto fue enviado a la Cámara del Diputados, que lo remitió a su Comisión de Justicia, que informó que continúa su estudio antes de ofrecer su informe final al pleno. EFE