Santo Domingo, República Dominicana. Una delegación de dirigentes comunitarias de Los Alcarrizos solicitaron a las diputadas por la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, Gloria Reyes y Gertrudis Ramírez, integrar al Código Penal la despenalización del aborto en tres situaciones extremas.
En una carta recibida por las legisladoras, advirtieron que el aborto no puede seguir siendo criminalizado en casos en los que corre riesgo la vida, salud y dignidad de la mujer. Afirmaron que los centros de salud deben poder brindar la atención médica necesaria a todas las mujeres, esto incluye el acceso al aborto cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es inviable o es resultado de una violación o incesto.
“Las mujeres están perdiendo la vida por la penalización absoluta del aborto y quienes mueren son las más pobres” alertó Ana Beatriz Rosario, quien hizo entrega del documento a nombre de la comisión. Recordó que la encuesta CID Gallup Latinoamérica dice que el 77% de las y los ciudadanos están de acuerdo con el aborto para salvar la vida de la mujer.
La comitiva aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido por varias diputadas y diputados como Gloria Reyes, Magda Rodríguez, Gustavo Sánchez, Faride Raful, entre otros que se han mantenido firmes en la defensa de los derechos de las mujeres.
Recordaron a las y los congresistas que es su deber elaborar leyes que protejan de manera eficaz la vida, salud y dignidad de las mujeres y niñas que representan cerca del 50% de la población dominicana.
“No quiero que ninguna familia sufra esto que yo he sufrido, que ningún niño quede huérfano, que ninguna mujer joven, madre, muera por esta causa”, exclamó entre lágrimas Juana Mejía.
La visita al Congreso se produce luego de una actividad de información y concientización que realizaron decenas de mujeres en la comunidad de Palmarejo en el marco de la campaña Voy A Favor. Esta es una de las múltiples actividades que tendrán lugar en distintas partes del país.
En el acto, la dirigente comunitaria Juliana Mejía llamó a las y los legisladores a reconocer la urgencia de esta demanda que busca salvar la vida de las mujeres en República Dominicana. Explicó que su hermana, Damaris Mejía, falleció tras serle negada la atención médica por temor a la persecución penal debido a la criminalización del aborto en todas las circunstancias.
Explicó que Damaris, de 31 años de edad y dos hijos de 9 y 12 años, cursaba su tercer embarazo cuando falleció por una infección provocada por el feto que llevaba varios días muerto en su útero. La atención que necesitaba le fue negada en tres centros de salud.
“Ella empezó a perder líquido, la llevamos al hospital Los Girasoles y ahí le dijeron que la criatura no se iba a conservar porque había perdido mucho líquido y le pusieron un medicamento y la enviaron para la casa”, narró. Luego de realizarse sonografías tres días consecutivos, ella presentó fuerte dolor y decidieron llevarla al Centro Médico La Avanzada de Herrera. De allí la reenviaron al Centro Marcelino Vélez donde le negaron la atención porque no tenían sonografista, según informaron a Mejía.
Finalmente visitaron la Maternidad del Morgan. El personal médico le explicó que Damaris estaba en condiciones muy delicadas pero que los doctores no podían hacer nada “porque no se les permitía extraerle el feto y la doctora no iba a poner en riesgo su exequátur”. Nuevamente la mandaron de regreso a su casa donde murió a los cuatro días. La causa de muerte según la autopsia fue de “feto muerto retenido”.
“No quiero que ninguna familia sufra esto que yo he sufrido, que ningún niño quede huérfano, que ninguna mujer joven, madre, muera por esta causa”, exclamó entre lágrimas Juana Mejía.
