Jesús Vásquez/ Especial para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento político de Comerciantes Dominicanos con Abinader (CODA) afirmó que si el Gobierno se manejara de manera respetuosa e institucional, el Consejo Económico Social (CES) tendría la fiabilidad para conducir un diálogo que pretenda superar la crisis política que ha provocado la suspensión de las elecciones del 16 de febrero.
“Entendemos que nadie puede ser juez y parte, si tuviéramos un gobierno que se respetara, un gobierno que aunque tenga un candidato se manejara con respeto e institucionalidad, nosotros le diéramos credibilidad al CES para dirigir cualquier debate”, aseguró el coordinador nacional de CODA, Jorge Morales Paulino.
Morales planteó la necesidad de concertar una mesa de diálogo con todos los partidos, pero que esté dirigida por un mediador independiente que no dependa de ninguna forma de la administración de Danilo Medina.
“El gobierno no ha demostrado ser transparente, por eso particularmente considero que lo más prudente es que se mantenga el diálogo abierto como ha propuesto Luis Abinader, pero si el proceso no lo conduce un organismo que no se neutral, no garantiza nada”, indicó.
El dirigente agregó que el Ejecutivo ha demostrado que ese tipo de entidades que dependen directamente del Estado “no conducen a nada transparente ni serio”.
Reclamaciones a la JCE
El CODA expresó que la JCE debe sancionar públicamente a los funcionarios que abiertamente han intimidado a empleados públicos y municipales para que voten por candidatos del oficialismo.
Asimismo, solicitó al órgano comicial que “investigue profundamente al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás por anunciar que el PLD sabe por quién vota cada quien en tiempo real, lo cual demuestra su capacidad de intervenir en los centros de cómputos o estar interconectados a los aparatos”.
A 17 días de la anulación de las elecciones municipales, el coordinador nacional Jorge Morales Paulino solicitó a la JCE un manejo transparente y conforme a la voluntad popular durante el proceso, y calificó como una vergüenza institucional e internacional lo sucedido el 16 de febrero.
De acuerdo a la agrupación política, la JCE ha actuado de manera irresponsable “ante este hecho criminal”.