SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Coalición por un Proceso de Selección Judicial Transparente presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobada ayer, martes 15 de marzo, con menos de las dos terceras partes de los diputados, lo que viola un mandato de la Constitución de la República.

La coalición está encabezada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana (PC) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), entre otras entidades cívicas.

“Nos proponemos interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley para evitar no sólo una ruptura del orden constitucional, sino un menoscabo del equilibrio de poderes en que se fundamenta la democracia”, explicó la Coalición en un comunicado de prensa leído esta tarde.

Resaltó que el artículo 112 de la Constitución fue concebido para garantizar que las leyes orgánicas, por considerarse fundamentales, tuviesen que estar revestidas de un mayor consenso que las leyes ordinarias.

“En este caso la aprobación de las observaciones presidenciales  no puede sobreponerse al mandato constitucional”, advirtió.

Observó que “no puede pasar desapercibido que se está aprobando, sin la mayoría cualificada, para otorgar al Presidente de la República un poder casi absoluto  para las decisiones de un organismo colegiado y de gran responsabilidad institucional como es el Consejo Nacional de la Magistratura”.

“En este caso la aprobación de las observaciones presidenciales  no puede sobreponerse al mandato constitucional”.

Consideró que la acción de los diputados del PLD y del PRSC, de violar el mandato de las  dos terceras partes para aprobar una ley orgánica, representa un grave atentado al estado de derecho y debilita tanto al sistema judicial como al Poder Legislativo, constituyéndose en un mal precedente sobre este tipo de leyes que, de esta manera, pierden su capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

“No hay que descartar, entonces, que el Presidente también observe la recién aprobada ley orgánica del Tribunal Constitucional para que por simple mayoría se puedan conseguir objetivos frustrados cuando no fueron aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados”, precisó.

Aunque la coalición no mencionó los “objetivos frustrados”, se refiere al deseo del Presidente Fernández de no poner límite a la edad de los jueces que integrarán el Tribunal Constitucional, a pesar de que en la Constitución se establece que a los 75 años deben retirarse, al igual que los de la Suprema Corte de Justicia.

“La democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos y con la participación de todos y todas.  Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”, expresó la Coalición.

Este martes fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por mayoría simple, 92 votos favorables de los legisladores peledeístas y los reformistas contra 71 de los perredeístas.

El PRD advirtió de la ilegalidad de la aprobación y anunció que estudiará el sometimiento de un recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, los diputados Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo, ambos del bloque del PLD, no votaron a favor y criticaron la acción de sus compañeros de bancada. A continuación la declaración íntegra:

No a un golpe de Estado constitucional

En relación a la aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma a la ley  orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, ocurrida este martes 15 de marzo, las instituciones y ciudadanos firmantes desean fijar las siguientes posiciones:

a)     Consideramos de absoluta gravedad que la Cámara de Diputados haya dado por aprobada la modificación de esa ley orgánica aceptando las observaciones del presidente de la República por mayoría de votos y no por las dos terceras partes de los presentes que, como establecen los artículos 102 y 112 de la Constitución, se exige para la aprobación de las leyes orgánicas y para el conocimiento de las observaciones que a las mismas pueda formular el Ejecutivo. Esa acción representa, en realidad, un grave atentado al estado de derecho y debilita tanto al sistema judicial como al poder legislativo, constituyéndose en un mal precedente sobre las leyes orgánicas que de esta manera pierden su capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. No hay que descartar, entonces, que el Presidente también observe la recién aprobada ley orgánica del Tribunal Constitucional para que por simple mayoría se puedan conseguir objetivos frustrados cuando no fueron aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

b)    Nos proponemos interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley para evitar no sólo una ruptura del orden constitucional sino un menoscabo del equilibrio de poderes en que se fundamenta la democracia.

c)     El artículo 112 de la Constitución fue concebido para garantizar que las leyes orgánicas, por considerarse fundamentales, tuviesen que estar revestidas de un mayor consenso que las leyes ordinarias. En este caso la aprobación de las observaciones presidenciales  no puede sobreponerse al mandato constitucional.

d)    No puede pasar desapercibido que se está aprobando, sin la mayoría cualificada, para otorgar al Presidente de la República un poder casi absoluto  para las decisiones de un organismo colegiado y de gran responsabilidad institucional como es el Consejo Nacional de la Magistratura.

e)     Esta situación es más preocupante porque preanuncia una decisión de ignorar el creciente reclamo nacional de que tanto la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia como la elección de los jueces de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral se realicen con amplio consenso político y social, en base a un perfil previamente definido, y en un proceso de total transparencia.

f)      La democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos y con la participación de todos y todas.  Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura

g)     Cuando se reestablezca el equilibrio de poderes en el Consejo Nacional de la Magistratura nos proponemos presentar un perfil de los jueces pendientes de elección. Reservándonos, incluso, el derecho a proponer candidaturas, someter impugnaciones a posibles aspirantes, así como mecanismos de elección necesarios para garantizar idoneidad y transparencia.