Política

CCRD detecta irregularidades por RD$108 millones en gestión PRD alcaldía Cotuí

Por Gustavo Olivo Peña


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Una auditoria de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) detectó irregularidades en la ejecución de más 108 millones de pesos en el Ayuntamiento Municipal de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, durante la administración del alcalde Bienvenido Antonio Lázala.

Los técnicos de la CCRD señalaron en su informe que parte de los fondos manejados por la alcaldía durante el periodo auditado no pudieron ser fiscalizados,  al no encontrarse soportes de los desembolsos  y depósitos en cuentas bancarias, dice el informe.

La Cámara de Cuentas examinó los reportes financieros de la ejecución presupuestaria durante el periodo  entre enero a diciembre de 2009, lo cual fue  ratificado en un informe final de diciembre de 2010.

El arqueo corresponde a la gestión del síndico cesante Bienvenido Antonio Lázala, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  durante los años de 2006 hasta 2010.

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También, la alcaldía  pagó  más de RD$500 mil (medio millón de pesos) como abono a una cuenta por concepto de acarreo y compra de materiales de construcción, sin factura, orden de compras ni soportes de cuentas

Al 31 de diciembre de 2009, la alcaldía había recibido ingresos por diferentes vías por un monto de  108 millones 007 mil 821 pesos.

Sobre los resultados de la fiscalización referidos al control interno, el informe apunta a que los libros de las cuentas bancarias correspondientes a servicios personales y servicios municipales, respectivamente, fueron alterados con tachaduras y borrones, que impidieron establecer con puntualidad los montos desembolsados.

Además, los investigadores confirmaron cheques que no fueron asentados adecuadamente, dificultando a los auditores comprobar los importes registrados y el orden en que fueron emitidos.

Las autoridades del ayuntamiento, según el arqueo,  no presentaron los comprobantes de los depósitos hechos en enero del 2009, así como los recibos de ingresos de los meses enero y octubre de ese mimso año; pero tampoco pudieron mostrar evidencia de que los recursos fueron depositados  en bancos.

El órgano fiscalizador del Estado dominicano solicitó a las autoridades actuales del ayuntamiento, en fecha 16 de noviembre de 2010, requerir al Banco de Reservas los estados Bancarios de la cuenta receptora No. 092.001898-0, pero a la fecha del cierre del informe  no recibieron respuesta, de la entidad.

Otra de las irregularidades documentadas en el informe refiere que las copias de las nóminas y de los cheques  entregados, no están firmados por los empleados y funcionarios beneficiados,  ni tienen los números de cedulas.

Los auditores subrayan, además, que los cheques expedidos por el ayuntamiento  fueron  guardados sin anexar los documentos justificativos como autorización de pago, orden de compras, solicitud de pago, recepción del bien,  y factura, lo que habría dificultó  evaluación efectiva de su uso, refiere el informe.

Se habrían detectado, además, cheques sin justificación por 2.4 millones de pesos,  por concepto de  supuestos pagos a camiones y  en compras de materiales ferreteros, sin orden de compras, solicitud de pagos ni contratos.

Los reporte de pagos por este concepto emitidos por el departamento de Planeamiento Urbano carecen de la firma del sindico y sólo algunos tienen anexadas sus facturas, según  la inspección de la CCRD.

Las irregularidades se extendieron también a la contratación de transporte para la recogida de basura, donde la entidad desembolsó la suma de 3.9 millones de pesos, sin contratos que especifiquen las condiciones en que se ejecutaría la presentación del servicio, en violación a la Ley 340-06 sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.

El síndico cesante Bienvenido Antonio Lázala autorizó, asimismo, la compra de combustibles y lubricantes, durante el periodo auditado, por el monto de RD$ 5 millones 037 mil, sin el debido proceso administrativo.

Los auditores no pudieron encontrar evidencia de contratos entre el ayuntamiento y las estaciones suplidoras de los combustibles beneficiadas, ni relación de los vehículos o  personas que recibieron las asignaciones.

Las autorizaciones para obtener combustibles  eran distribuidas por el síndico, una hermana  y un cuñado del ejecutivo municipal,  que figuraban como funcionarios de alcaldía municipal.

La Cámara de Cuentas censura el pago de RD$ 808,817 mil a un contratista. Ese dinero fue pagado por concepto de compra de blocks, varillas y cementos para la construcción del cementerio municipal de Cotuí, pero no se le descontó en los pagos posteriores, generándose una duplicidad de pago en perjuicio del ayuntamiento.

Asimismo, los auditores señalan que la obra fue adjudicada grado a grado al ingeniero Carlos Lenin Peña Regalado.

También, la alcaldía  pagó  más de RD$500 mil (medio millón de pesos) como abono a una cuenta por concepto de acarreo y compra de materiales de construcción, sin factura, orden de compras ni soportes de cuentas pendientes.

Sustracción de un camión del ayuntamiento

Durante el inventario a los equipos de transporte, los técnicos detectaron la falta de un camión marca Daihatsu, color rojo, tipo volteo, modelo 2008, placa No- 32794557, propiedad del ayuntamiento de Cotuí.

Las autoridades municipales no pudieron establecer su ubicación ni presentaron el acta de denuncia de robo de a Policía Nacional. Tampoco apareció la póliza  de seguro del vehículo “desaparecido”.

La licenciada Aleyda María de la Cruz, contralora municipal de la alcaldía, informó a los auditores de la Cámara de Cuentas (CCRD)  en fecha 22 de noviembre de 2010, lo siguiente:

“En la gestión municipal pasada las cosas ocurrían y no se documentaban debidamente, por eso no aparece ninguna información sobre este hecho, pero con certeza sé que fue sustraído de la casa de un chofer de la institución un camión marca Daihatsu, de dos que se compraron”.

Las presuntas irregularidades expuestas en el informe apuntan también a trabajo pagado y no realizado, desembolsos para dietas sin soportes, gastos ejecutados por encima de los presupuestado; pagos con facturas alteradas, volúmenes pagados en exceso, obras adjudicadas sin concursos, pagos realizados sin retenciones, así como empleados y funcionarios hermanos y primos del síndico, entre otros.

El dispositivo legal de la auditoria infiere responsabilidad sobre las irregularidades presentadas, además del ex alcalde Bienvenido Antonio Lázala,  a los funcionarios cesantes  Margaro Abreu, tesorero; Aleyda María dela Cruz, auditora interna; Jaime García Castillo, Contralor; Elina Lázala Fabián, contralora.

También contra Adriano Rincón, encargado de Planeamiento Urbano; Giordano Otáñez, encargado de la oficina jurídica; Birmania Arzeno, jefe de compras, entre otros.

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