Caso Profamilia: Una muestra de debilidad de la Iglesia Católica

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Desde cualquier ángulo que se la vea, la decisión de la Iglesia católica de someter un recurso de amparo contra PROFAMILIA por su campaña a favor de los derechos sexuales y reproductivos luce como una muestra de debilidad, además de un error táctico.

Ambas cosas son producto de la incapacidad que evidencia la Iglesia –tanto la universal como la dominicana- de entender e interpretar correctamente el contexto político, social y tecnológico actual, lo que la lleva a un accionar torpe que erosiona su influencia, su prestigio y su poder a un ritmo inimaginable hace apenas algunas décadas.

El problema de fondo parece ser justamente la sobreestimación de su poder e influencia por parte de la jerarquía, que le impide reconocer hasta qué punto la Iglesia se ha debilitado en el mundo actual, aún en los países católicos.

Consideremos, en primer lugar, ¿cuándo en la historia dominicana la Iglesia ha tenido que recurrir a tribunales para imponer su autoridad –o, mejor dicho, para reclamar que los tribunales impongan una autoridad eclesial que ella por sí misma ya no es capaz de imponer?

Hasta hace algunas décadas, en países como el nuestro era impensable que una institución, ya fuera estatal o privada, promoviera abiertamente posiciones contrarias a la ortodoxia católica. El control social e ideológico de la Iglesia era tan completo –y la cultura democrática tan débil- que el espacio público simplemente no daba acceso a las disidencias, las cuales debían, en el mejor de los casos, canalizarse hacia los márgenes del mundillo intelectual o de las izquierdas semi-clandestinas.

Con las aperturas democráticas y el auge de los movimientos sociales de fines del siglo XX, las posiciones disidentes empiezan a demandar acceso a los espacios públicos, a los medios de comunicación, al mundo académico, etc., y la situación empieza a cambiar.

Pero todavía durante algún tiempo la Iglesia dominicana pudo contar con que las élites de poder -sobre todo las que controlaban los partidos políticos y los medios de comunicación- se aplicaran la autocensura, primero en aras de “la moral pública”, y luego por temor a sufrir represalias eclesiásticas.

Esta era la época en que la Comisión de Espectáculos Públicos rutinariamente prohibía la exhibición de películas consideradas ofensivas a la Iglesia, en que ninguna organización ‘seria’ ni persona prestante se atrevía a hablar públicamente de aborto terapéutico, en que los escándalos sexuales o financieros de la iglesia ni se mencionaban en los periódicos, etc.

Ya en su ocaso, esta también fue la época de la timidez mediática en el manejo del caso del orfanato de San Rafael del Yuma (2005) y del chantaje político a los congresistas en el caso del Art. 30 (2009).

Pero para entonces en el país ya estaba explotando el uso de las nuevas tecnologías, y con la banda ancha, el celular y tuitearse le empezó a mover peligrosamente el piso a la Iglesia –tal como le pasó a todos los regímenes autoritarios, excepto que, a diferencia de Cuba o de China, la Iglesia no podía controlar los contenidos del internet o el acceso alas nuevas tecnologías.

Y lo peor para la Iglesia es que la revolución tecnológica –y los cambios en las formas de hacer política que ésta trae consigo- ocurre tras varias décadas de empoderamiento progresivo de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de niños y jóvenes, y de otros sectores tradicionalmente excluidos del ejercicio de derechos en los patriarcados autoritarios que la Iglesia durante tantos siglos fomentó y apoyó.

Pero ya para entonces Juan Pablo II había consolidado la restauración pre-conciliar, como dice Hans Kung, y la Iglesia estaba en manos de octogenarios con visión decimonónica, lo que la dejaba ciega a las realidades del mundo contemporáneo e incapaz de adecuar sus estrategias –no digamos ya sus dogmas- a las nuevas circunstancias históricas y tecnológicas del siglo XXI.

Es esta incapacidad de entender el contexto histórico actual, aferrándose por el contrario a su tradicional modelo de dominación monárquico-absolutista[1], lo que explica la increíble sucesión de errores cometidos por las altas jerarquías eclesiásticas en los últimos años, como demuestra el reciente enfrentamiento de los obispos con las monjas estadounidenses, una metida de pata de proporciones cósmicas que ha mermado los niveles de estima y respeto de la feligresía de ese país hacia sus autoridades eclesiásticas a niveles hasta hace poco impensables.

Pero por supuesto que los errores que más le han costado a la Iglesia en las últimas décadas son los relativos a su manejo de los escándalos de pedofilia, que han hecho añicos su autoridad moral y provocado una estampida de feligreses y de vocaciones a nivel mundial, pero sobre todo en los países con mayor desarrollo democrático, donde los tribunales y los medios de comunicación han podido ventilar con más libertad estos casos.

La testarudez, por no decir arrogancia, con que las máximas autoridades de la Iglesia perseveraron durante años en el encubrimiento de los pedófilos, su culpabilización cobarde de la homosexualidad como causa última del problema,  los intentos por minimizar la magnitud de los crímenes cometidos por clérigos y su impacto en las víctimas, junto a otras tácticas evasivas, nos pintan de cuerpo entero a una Iglesia que se sigue creyendo por encima de toda autoridad terrenal, como en la época en que los papas insistían en coronar a los emperadores y se creían impunes por derecho divino.

Por eso les tomó tanto tiempo entender que no podían seguir manejando los escándalos de pedofilia y las finanzas del Banco Ambrosiano como si todavía gobernara Carlomagno y no estuviéramos en la época de los Vatileaks. Y por eso las medidas tardíamente adoptadas en ambos casos tienen un tufo tan grande a paño tibio[2].

La aparente decisión de la Iglesia de dar por perdida a Europa y a (la feligresía no hispana de) los EEUU, concentrando sus esfuerzos políticos y evangelizadores en América Latina y África, resulta una estrategia riesgosa que solo hace sentido si, como el avestruz, la Iglesia se rehúsa a entender que muchos de los procesos políticos y tecnológicos que llevaron a su progresivo derrumbe en los países desarrollados van a ser replicados en los próximos años en países como México, Brasil y Nigeria.

Y, podríamos agregar, como República Dominicana, donde cada vez hay más indicaciones de que el Concordato ya no pone donde antes ponía y donde más temprano que tarde tendrán que desaparecer las Altas Cortes capaces de dictaminar que la continuada vigencia de ese adefesio jurídico no viola la garantía constitucional de igualdad ciudadana, como hizo la Suprema en el 2008.[3]

¿O es que nadie reparó en el hecho de que en la Encuesta Gallup-Hoy del pasado mes de abril la Iglesia católica quedó por primera vez relegada al tercer lugar entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía, detrás de los medios de comunicación y ¡de las iglesias evangélicas![4]

A la luz del análisis anterior, la decisión de la Iglesia de someter judicialmente a PROFAMILIA se evidencia como un error táctico cuyo impacto en la opinión pública podría resultarle tan costoso como el ocultamiento sistemático de los hechos de San Rafael del Yuma (incluyendo el misterioso fuego de la cárcel de Higuey, con sus 134 muertos), como la lucha eclesiástica a favor del Art. 30 y la posterior muerte de Esperancita, o como la recién divulgada adulación cardenalicia de tutumpotes que golpean a sus esposas.

En efecto, el caso de Frank Jorge Elías es un ejemplo paradigmático de cómo las nuevas tecnologías de la comunicación les están cambiando las reglas de juego a la Iglesia. La ostentosa ceremonia de renovación de votos en la Catedral y las lisonjas del Cardenal han sido práctica rutinaria en la Iglesia, siempre tan apegada al poder político y económico. El hecho de que ahora el video de la ceremonia pudiera circular a la velocidad del rayo por el ciberespacio dominicano minutos después de que se conociera la denuncia de Sandra Kurdas dejó en posición muy comprometida al Cardenal y a su Iglesia.[5]

Aunque la evaluación de los méritos jurídicos del recurso de amparo debe ser hecha por juristas, en lo que ésta llega no está de más señalar que los argumentos de la Iglesia lucen insostenibles, rayando en lo absurdo (violación del derecho de autoridad paterna, del derecho a la vida, a la no injerencia en el hogar, uso inapropiado de la imagen de menores).

También la selección de juristas encargados de llevar el caso parece improvisada, visto que una simple búsqueda de Google revela que Edwin Grandell Capellán, el abogado que representará a la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue inhabilitado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en el 2010 por violación del Código de Ética de ese gremio.[6]

El momento elegido por la Iglesia para someter el recurso de amparo también resulta cuestionable, y no solo porque la autoridad moral de la Iglesia católica está pasando por uno de los peores períodos de su historia, sino porque: 1) la campaña mediática de PROFAMILIA se inició el 6 de febrero, o sea que la Iglesia esperó tres meses para actuar, permitiendo que las cuñas se divulgaran sin ninguna interferencia durante ese tiempo; 2) la duración de la campaña estaba en efecto pautada para tres meses, o sea que el sometimiento de la Iglesia tuvo lugar tres días después de que ésta finalizara!

Esto significa que la acción de la Iglesia asegura la vigencia continuada de una campaña que ya concluía, exactamente el efecto contrario al deseado. También hay que suponer que, visto el intento de censura eclesial, es muy posible que las agencias de cooperación que originalmente financiaron la campaña (y hasta algunas otras) se sientan motivadas a patrocinar una segunda etapa o una prolongación de la misma.

En conclusión, que además de reflejar una merma de su hegemonía ideológica y de su poder político, que la obliga a recurrir a tribunales para obtener lo que antes no tenía ni que reclamar, la Iglesia está cometiendo torpezas dignas de un amateur, no de un actor político de su veteranía.

La Iglesia no acaba de entender que las actitudes de la sociedad dominicana hacia el aborto terapéutico, el acoso sexual, la educación sexual científica en las escuelas, la anticoncepción, el embarazo adolescente, etc. se alejan cada vez más de la ortodoxia eclesial.

Esta demanda judicial, en lugar de apuntalar su rol de árbitro moral de la sociedad dominicana, muestra a una Iglesia cada vez más de espaldas a la sociedad, que se encamina inexorablemente hacia la irrelevancia.