SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Centro Juan XXII afirma que un cambio a la Constitución de 2015 implica una burla a la voluntad popular del pueblo dominicano mediante el disimulo y la mala fe de aquellos que la proclamaron y juraron cumplirla y hacerla cumplir.
En un comunicado entregado a la prensa, la organización de la sociedad civil subraya que como documento constitutivo del orden pactado en la República Dominicana, la Constitución de 2015 presupone la voluntad soberana de la población y la buena fe de quienes la suscribieron y aprobaron.
A falta de esa buena voluntad, sin embargo, señalan que la población estaría siendo engañada.
“Así como los pactos hay que observarlos, y sería un acto inaceptable de inmoralidad firmar un contrato o un acuerdo con el disimulado propósito de violarlo y no cumplirlo; del mismo modo ningún ciudadano debe aceptar y asumir como bueno y válido que los mismos constituyentes de distintas bancadas y tendencias partidarias que libremente proclamaron el último contrato constitucional, al igual que los funcionarios que lo asumieron y juraron por ese acuerdo nacional, a los pocos días aparezcan fingiendo, consintiendo o queriendo modificarlo a conveniencia”, afirma.
Se oculta “en el formalismo de abogados que solo procura obtener el número requerido de votos para modificar la Carta Magna”
A este propósito la entidad aclaró que no es que no se pueda rectificar o aceptar que las realidades sociales cambian y con ellas la gente, sino que, “aprobar un texto constitucional para raudos y veloces iniciar los preparativos para reformarlo a conveniencia de ellos mismos, evidencia que se ha jurado en vano y con aviesas intenciones”.
Sin embargo, según el Centro Juan XXIII, un nuevo cambio constitucional que versa alrededor del tema de la repostulación del poder ejecutivo no debe llamar a engaño. Ni siquiera, plantea, si pretende cobijarse en la tradición presidencialista dominicana inaugurada desde tiempos de Pedro Santana o disimular el fariseísmo político.
Sobre el fariseísmo, la nota afirma que se oculta “en el formalismo de abogados que solo procura obtener el número requerido de votos para modificar la Carta Magna”. Esto a expensas de la indispensable legitimidad democrática que se deriva de hacer lo que se dice y no de jurar una cosa mientras se conspira y disimula lo que hacen desde un inicio con el texto constitucional de 2015.
En ese contexto, el Centro Juan XXIII concluye que no existe ningún fundamento político, económico, filosófico o ético que justifique reformar por segunda vez consecutiva la Constitución de la República con el único propósito de siempre, acomodarla a intereses particulares.