SANTO DOMINGO, República Dominicana,- La Cámara de Cuentas de la República (CCRD), confirmó irregularidades financieras y contables en la ejecución de gastos del Partido Demócrata Popular (PDP) de los fondos recibidos por la Junta central Electoral (JCE), en los comicios presidenciales de 2012.
La organización política fue objeto de una auditoria que abarcó el periodo diciembre-enero de 2012, donde, además se evaluaron los riegos de representación erróneas relativos a la ejecución presupuestaria, ya sea por fraude o error.
El PDP participó como aliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), apoyando la candidatura presidencial de Danilo Medina, aportando nueve mil 387 votos nacionales.
Las supuestas anomalías detectadas en la investigación financiera fueron remitidas al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, en fecha cuatro de marzo de 2014, en la cual se detallan las siguientes irregularidades:
Aportes y préstamos no depositados en la cuenta bancaria del partido, procesos de contrataciones realizados inadecuadamente, cuentas por pagar sin las justificaciones o soportes, emisión de cheques sin sustento, retenciones del Impuesto Sobre la Renta no realizadas.
Otras de las debilidades financieras presentadas en el informe son la falta de caja chica para gastos menores, orden de desembolso sin aprobación, pagos sin la copia de las cédulas de los beneficiados, soportes de pagos no cancelados, pagos amparados en facturas sin RNC y otras.
El órgano regulador certifica en su informe que la dirección política del PDP incurrió en inobservancia a leyes y reglamentos como la Ley 340-07, sobre Compras y Contrataciones del Estado, el Manual de la Controlaría General de la República (CGR), el Reglamento sobre la Distribución Económica del Estados a los Partidos Platicos y a la Ley 11-92 del Código Tributario, entre otras.
El Partido Demócrata Popular, presidido por Ramón Nelson Didiez Nadal, recibió fondos de la JCE por la suma de RD$11 millones 514 mil 298 con 43 centavos, para cubrir gastos de campaña en los comicios presidenciales de 2012.
El informe de la Cámara asegura que sus dirigentes consumieron el 80 por ciento de los recursos entregados por la JCE en gastos de representación y viajes de sus principales dirigentes, según consta en los estados financieros de la organización.
Durante su campaña política del 2012, los gastos de representación sumaron RD$6 millones 892 mil 474, y consumieron en viajes RD$2 millones 063 mil 339, para un total de 8.9 millones.
Mientras que la inversión en propaganda fue apenas de 729 mil 859, y publicada sólo 139 mil 966 pesos, este último monto fue inferior a los recursos destinados en comidas que superó los 300 mil pesos.
La organización alcanzo menos de 1,000 votos por cada millón de pesos entregado por la JCE de los recursos aportados por los ciudadanos que pagan impuestos el Estado; en total alcanzó 9,387 votos nacionales.
Aportes no depositados en la cuenta bancaria.
Los fiscalizadores censuran que el PDP recibiera ingresos por RD$1.8 millón en aportes y un préstamo privado, que no fueron depositados en la cuenta bancaria del parido, como dispone la Junta central Electoral en si instructivo.
Confirmaron, además, que los documentos soportes están incompletos, y solo presentan un recibo de desembolso y un formulario de envió de remesa por RD$1,017,611. También están incompletas las documentaciones relacionadas con el préstamo, según refiere el documento oficial.
El Instructivo para el Registro, Manejo e Información de la Contribución económicas del Estado a los Partidos Político, emitido por la Junta Central Electoral, en su numeral tres, expresa:
“Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente en la cuenta bancaria habilitada, a más tardar el siguiente día laborable.”
Emisión de cheques sin soportes
Igualmente, la investigación contable arrojó que los desembolsos por concepto de viajes a favor de diferentes dirigentes de la organización política, por el monto de RD$986.874, no cuentan con los soportes justificativos.
La Cámara de Cuentas, aconsejó tras concluir la pesquisa “disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener el control efectivo, tomando en consideración las conservaciones y recomendaciones que se instruyen en este informe, en un plazo no mayor de 90 días.”