SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Entre 2006 y 2009 la Cámara de Diputados, encabezada entonces por Julio César Valentín, cometió serias irregularidades en el uso de los recursos que le fueron asignados mediante el Presupuesto Nacional.
Una auditoría de los estados de ejecución presupuestaria realizada a ese organismo por la Cámara de Cuentas encontró que “las inobservancias a disposiciones legales y contables han ocasionado efectos distorsionantes importantes sobre los estados de ejecución presupuestaria”.
El informe provisional, firmado el 9 de agosto de 2010 por María E. Guzmán, supervisora de equipos de auditoría y Jorge E. Ventura Diloné, director general de Auditoría, concluye que “los estados de ejecución presupuestaria examinados no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los resultados de las ejecuciones presupuestarias y los flujos de efectivo”.
Durante este período, ese cuerpo legislativo utilizó fondos públicos para implementar prácticas cuestionables, como el mantenimiento en nómina de personal de cuya actividad laboral no existían evidencias y realizar pagos duplicados o por valor superior al monto correspondiente.
Las irregularidades que envuelven la mayor cantidad de recursos son los denominados “errores” en la codificación de los pagos, cuyo importe total es de RD$1,621,508,279. Esto quiere decir que la Cámara de Diputados hizo pagos por este monto que fueron registrados en las cuentas equivocadas.
La falta de rigor en la Cámara de Diputados se manifestó también en acciones tan desproporcionadas como el pago duplicado o en exceso a los suplidores y contratistas
La Cámara de Cuentas constató hechos como que un pago de RD$48,742,509, que debía estar registrado en la cuenta Ayudas y donaciones, estaba en la cuenta denominada Productos de papel y cartón. En total, pagos por RD$1,554,441,506 que debían estar registrados en Ayudas y donaciones estaban en otras cuentas.
El segundo renglón con más recursos involucrados es la contratación de proveedores sin el mecanismo de compra correspondiente: la Cámara de Diputados registró compras por un monto total de RD$1,247,334,126 en las que utilizó el método de comparación de precios en lugar de la licitación pública, que por el monto de los pagos, es el proceso oportuno si se consideran los parámetros establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones.
La Lupa Sin Trabas intentó conversar sobre el tema con el senador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín, quien presidía la Cámara de Diputados en el periodo auditado, y con el actual presidente del organismo, Abel Martínez, de la misma organización política, pero ninguno de los dos legisladores respondió a la solicitud de entrevista.
Julio César Valentín presidió la Cámara de Diputados y ahora es senador del PLD por la provincia de Santiago.
Los cuestionados programas de ayuda
Los auditores encontraron serias distorsiones en los programas de ayuda económica que tiene la institución, dado que en muchos casos no había constancia de cómo se gastaban los recursos ni rigor para garantizar que los beneficiarios pertenecían al sector social al que deberían dirigirse las ayudas.
Dentro de estos programas se encuentra el controversial Fondo de Compensación Social, más conocido como “el barrilito”, que durante el tiempo que abarca la auditoría hizo desembolsos por RD$545,518,000.
Estos fondos son utilizados a discreción de los legisladores, quienes en muchos casos no presentan informes ni facturas sobre el uso que hacen de los recursos, que están destinados, supuestamente, a “hacer frente a las necesidades de dirigentes y seguidores” de los partidos.
Como no se consideran parte del salario, la administración de la Cámara de Diputados no retiene el impuesto sobre la renta (IRS), pero los auditores consideraron que en este caso corresponde aplicar el gravamen.
En este sentido, calcularon que el importe dejado de retener por el Estado por ese concepto ascendió a RD$136,879,500.
A esto hay que sumar los RD$206,250,000 desembolsados a través del llamado Fondo de Gestión Legislativa entre el 1 de julio de 2006 y el 31 de diciembre de 2009.
“Al inicio de cada año se autoriza la apertura o adelanto a cada diputado de un Fondo Fijo único de RD$50,000, liquidable mensualmente. Estos fondos son transferidos a cuentas corrientes personales de cada diputado, sin que se exijan los comprobantes justificativos de la autorización de los recursos”, apunta el informe.
En el estudio de una muestra equivalente al 6% de los recursos desembolsados se encontró que la Cámara de Diputados asigna los fondos ignorando las disposiciones contempladas en el Manual de Procedimiento establecido para esos fines, como cuando realiza el pago de supuestas ayudas económicas sin la evidencia de la necesidad del beneficiario o compras que no están sustentadas con facturas.
La administración de la gestión de Valentín también incurrió, según la auditoría, en faltas graves en el manejo de RD$1,471,207,172, una muestra equivalente al 69% del total gastado en la adquisición de comida, juguetes, mosquiteros, canastillas, artículos para el hogar y útiles escolares que supuestamente fueron donados por los diputados, pero no existen evidencias de cómo se hizo la distribución:
“Sólo se anexa, en algunos casos, una relación de los diputados que recibieron mercancías, la cual no especifica las cantidades recibidas”.
En el programa Ayudas a Discapacitados, que en diciembre de 2009 tenía 56 beneficiarios y un monto de RD$387,181.00 mensual, también se registraron irregularidades. En una muestra de 10 personas, para un monto de RD$67,581 se encontró que algunos de los expedientes ni siquiera incluían las evidencias de las condiciones físicas o de salud de los beneficiarios, quienes deben presentar necesariamente alguna discapacidad.
Una situación similar se observó en los programas Ayudas a Envejecientes, donde se encontraron beneficiarios con menos de 60 años, que es la edad mínima requerida para entrar a este programa; y en Ayudas a Estudiantes, donde existían beneficiarios que no habían demostrado que eran estudiantes y cuyos expedientes carecían de los comprobantes de pago de la factura universitaria.
Uno de los hallazgos más extraordinarios tuvo lugar en la nómina del programa Ayuda General, en el que se comprobó la existencia de cheques depositados en cuentas de diputados cuyos nombres no están citados en el informe. Este programa, a diciembre de 2009, tenía un total de 2,856 beneficiarios y había acumulado desembolsos por RD$12,970,450.
Los bonos por el Día de las Madres y para ayuda a los afectados por la tormenta “Noel”, en 2007, también fueron objeto de cuestionamientos. El primero fue de RD$57,950,000 y el segundo, de RD$4,600,000. En ninguno de los casos los diputados dieron cuenta de cómo distribuyeron esos recursos ni entre quiénes.
En total, durante el período auditado, la Cámara de Diputados movió más de RD$2,298,882,803 en los llamados programas de ayuda, que han sido muy criticados, además, por no enmarcarse dentro de ninguna de las funciones que la Constitución establece para ese cuerpo legislativo.
Al referirse a los hallazgos de la auditoría la diputada Guadalupe Valdez, de la Alianza Por la Democracia (APD), consideró que estos programas deben ser eliminados del presupuesto del Congreso Nacional.
“La función del legislador y del Congreso de la República es muy clara en la Constitución: legislar y fiscalizar. En ninguna parte de la Constitución dice que el legislador tiene que realizar o dar ayudas económicas a la población. Los servicios sociales corresponden, por ley, a los ministerios y direcciones generales”, explicó la legisladora, convencida de que “cuando se coloca este rubro en el presupuesto de la Cámara de Diputados se está violando la Constitución de la República”.
La maraña de las nóminas. El personal fue otro de los puntos que salieron a flote entre las faltas administrativas. En este sentido, la auditoría encontró que entre el primero de julio de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 ese organismo pagó RD$227,938,333 a un personal contratado de cuya actividad laboral “no se obtuvo evidencia” y sin que, en la mayoría de los contratos, se hayan especificado las funciones o servicios que habrían prestado.
Pese a la explicación que ofreció la directora de Recursos Humanos a la Cámara de Cuentas en julio de 2010, de que se trataba de un personal que se utilizaba sólo en labores temporales, los auditores habían contabilizado 500 empleados fijos y 40 contratados por servicios jurídicos y de otros tipos, en julio de 2009.
En la nómina de personal temporero, que ascendió a RD$798,477,853, el cuerpo legislativo incluyó a 5,288 personas recomendadas por los bloques del PLD y los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).
El informe indica que fueron “designadas todas como auxiliares, sin que exista evidencia de la labor realizada por dicho personal” y que “de una muestra de 25 personas, se determinó que 5 prestan servicios en otras instituciones, lo que representa un desembolso anual de RD$1,464,000”.
En total, 22 empleados y cuatro diputados de la muestra estudiada estaban incluidos en nóminas de otras instituciones estatales. La diputada Ángela Pozo, que continúa en el hemiciclo representando a la provincia de Valverde, del bloque del PLD, también estaba incluida en la nómina de Salud Pública al momento de realizarse el levantamiento de los datos.
Los demás diputados ya no están en el cuerpo legislativo. Son Pedro Antonio Delgado Valdez, que siendo legislador cobraba en las nóminas de pensionados de las Fuerzas Armadas y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (actualmente el ex legislador se desempeña como director del hospital Marcelino Vélez, de Herrera); Elba Lugo Alcántara, entonces representante de San Juan de la Maguana por el PLD, incluida en la nómina de Pensionados Civiles; y Demetrio Antonio Vicente Ureña, de Samaná, del bloque del PRD, incluido también en la nómina del Ministerio de Salud Pública.
Todos estos legisladores devengaban un salario anual en la Cámara de Diputados de RD$2,000,411. La entidad les pagó RD$8,001,644 solo en salario nominal entre 2006 y 2009. Esto no incluye los pagos por dietas, honorarios, gastos de representación, fondos para ayuda de sus seguidores ni otros beneficios.
Susceptible de un sometimiento judicial. Consultada sobre los resultados generales de la auditoría, la coordinadora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, advierte que cuando el uso de los fondos públicos no está claro, el organismo cuestionado puede ser sometido a la justicia: “La Cámara de Cuentas simplemente deposita el informe en manos del auditado, pero aquello que no está claro, debe derivarlo al Ministerio Público. No se hace. Por tanto, la Cámara de Cuentas no está haciendo su trabajo”, sentencia.
A su juicio, uno de los grandes problemas del país es que no hay un sistema de consecuencias para aquellos que no cumplen las normas en el uso de los fondos públicos.
“A la Cámara de Diputados no se le dan esos recursos para que los malverse ni para que haya incumplimiento de las normas y omisiones. Es un mal mensaje para la ciudadanía que el mismo organismo que diseña las leyes las viole de esa manera”, expresa.
Derroche en la ejecución de obras
La falta de rigor en la Cámara de Diputados se manifestó también en acciones tan desproporcionadas como el pago duplicado o en exceso a los suplidores y contratistas. La Cámara de Cuentas detectó pagos superiores al monto correspondiente por un monto de RD$8,033,663. Además, determinó que la gestión de Julio César Valentín realizó pagos duplicados por RD$748,361.
A esto hay que agregar que los parqueos y el quinto nivel del edificio (que costaron RD$116,423,441 y RD$95,818,051, respectivamente) fueron entregados con vicios de construcción, como filtraciones y el consecuente deterioro del plafón. “La entidad no utilizó en su oportunidad, la póliza de vicios ocultos de construcción que estuvo vigente por dos años, por lo que deberá incurrir en costos adicionales para corregir la situación descrita”, puntualiza el informe de auditoría.
Igualmente, en el caso de los parqueos, la Cámara de Diputados pagó RD$1,856,132 por seguro social al contratista que sólo le pagó RD$1,262,749 al IDSS, para una diferencia de RD$593,383 que no fue liquidada. La entidad tampoco exigió que le presentaran las facturas que soportan el pago al IDSS. Asimismo, le entregó al contratista del quinto nivel Este-Oeste un avance inicial equivalente al 60% del monto de la obra, cuando éste no debió superar el 25%, según lo establecido en el decreto 262-98 sobre Compras y Contrataciones; y pagó planos que no habían sido aprobados por la Dirección General de Edificaciones y carecían, por lo tanto, de la licencia correspondiente.
Otras irregularidades
-En la Cámara de Diputados había 29 vehículos sin matrícula y cuatro que serían declarados en desuso, pero no había prueba del trámite en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales.
-En el almacén del restaurante del Congreso Nacional había una diferencia de RD$8,247 entre la existencia física de diez productos y los registros del sistema (RD$137,940 contra RD$147,298).
-En el Restaurante se detectaron pagos ascendentes a RD$351,979 por el alquiler de bienes que el informe no cita. Por impuestos, se les aplicó una retención de un 5% en lugar del 10% correspondiente, dejando de retener RD$17,598. Los beneficiarios fueron Suplifiestas/Ramona, Fiestas y Servicios Cadu, Lebisa e Inversiones Las Heras.
Departamento Legal
La Cámara de Cuentas informó, a través de su relacionista, Ana López, que la auditoría está en su departamento legal, por lo cual todavía no se encuentra disponible para el público en general.
La petición de Valentín
En marzo de 2010, Julio César Valentín, que estaba a punto de culminar su periodo como presidente de la Cámara de Diputados, pidió a la Cámara de Cuentas que realizara la labor de inspección reseñada en esta nota.
El objetivo del legislador, según recogió la prensa en ese entonces, era dejar constancia de los niveles de transparencia con que se había manejado su gestión. Terminada la auditoría y enviada a la Cámara de Diputados, para que el organismo respondiera a las observaciones contables, el informe se mantuvo como un secreto sin ser discutido entre los legisladores.