SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Cámara de Cuentas de la República (CCR) detectó numerosas irregularidades financieras en la administración de la alcaldía de Bayaguana, que superan los 36 millones de pesos.
La Cámara de Cuentas auditó la ejecución presupuestaria del ayuntamiento Municipal de Bayaguana, en la Provincia de Monte Plata, mismo que ha sido centro de atención luego que fuera asesinado por encargo el regidor peledeísta Renato De Jesús Castillo Hernández, crimen por el cual está acusado el acalde Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi). Ambos eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Las anomalías financieras y las violaciones a leyes que rigen el gasto público comprometen legalmente al síndico y a varios funcionarios y miembros del Concejo Municipal de esa alcaldía, según refiere el dispositivo legal de la auditoria.
El alcalde de Bayaguana guarda prisión preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro de Macorís, acusado de ordenar el asesinato del regidor Renato De Jesús Castillo Hernández, la noche del 25 de julio de este año. El regidor fue asesinado por dos sicarios mientras se encontraba frente a un colmado compartiendo con amigos.
El informe presentado por el órgano regulador destaca violaciones legales y contables que habrían provocado distorsiones sobre la ejecución del presupuesto del cabildo, en la gestión actual de Nelson Sosa Marte.
La auditoría definitiva del ente regulador se realizó en el período enero- diciembre de 2012, y fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República en julio de este año.
Una de las irregularidades más notorias que establece el informe de fiscalización corresponde a los alquileres sin contratos de equipos de trasportes, de los cuales algunos pertenecen a funcionarios del ayuntamiento o a sus allegados.
En la investigación contable los técnicos detectaron además, anomalías en los gastos por concepto de servicios personales superiores al porcentaje establecido en la Ley. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Otros de los aspectos en los que puso la lupa el informe de la Cámara de Cuentas es el relativo a los fondos del Impuesto Sobre la Renta dejados de retener a funcionarios y empleados del cabildo, y los pagos relativos a la Seguridad Social.
También señala que se otorgaron supuestas ayudas a personas relacionadas con miembros del Concejo de Regidores, sin establecer un programa de asistencia social, y además se detectó una nominilla a través de cual cientos de personas cobran sin trabajar.
La Cámara de Cuentas confirmó que las autoridades del ayuntamiento ejecutaron gastos por servicios personales de modo incorrecto ascendentes a más de 5 millones de pesos, beneficiando a funcionarios de la alcaldía.
Detalla que la entidad destinó durante el periodo de fiscalización la suma de 3 millones 009 mil pesos, en construcciones de aceras, contenes y reparaciones menores, y en supuestos operativos de limpiezas la suma de 578 mil 500 pesos. Pero los auditores encontraron que los trabajos no fueron contratados formalmente, y que los pagos por operativos de limpieza fueron emitidos a nombre de una persona vinculada a la entidad.
Además, decenas de empleados del ayuntamiento recibieron pagos adicionales a sus salarios originales por supuestas labores de limpieza, según el documento de la CCR.
Las irregularidades de extienden también a las conciliaciones bancarias. Las autoridades del referido ayuntamiento no presentaron a los auditores informaciones concluyentes que determine la exactitud de los saldos disponibles a la fecha de la auditoria.
“Esto se origina porque el tratamiento contable de los registros y operaciones y transacciones no fueron presentados razonablemente, ni están documentadas correctamente lo que originó diferencia en balance y en banco, ascendente a casi 2 millones de pesos”, dice textualmente la auditoria.
Alquiles irregulares de equipos de transportes
La Cámara de Cuentas critica también la falta de transparencia en el alquiler de varios equipos de trasporte para operar en el ayuntamiento. En esta operación fueron favorecidos varios funcionarios del cabildo con sumas millonarias.
Conforme a la auditoria definitiva, la alcaldía de Bayaguana emitió cheques por la suma de 10.4 millones de pesos, que beneficiaron a 44 supuestos propietarios de equipos pesados, de los cuales sólo tres firmaron contrato de alquiler.
Unos de los camiones alquilados por la alcaldía, marca Toyota, placa S 001610, registrado a nombre de Domingo De la Rosa Javier, pero la póliza de seguro del vehículo está a nombre del presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento, Germán Aquino Robles.
Cuando los auditores les pidieron a las autoridades del ayuntamiento la presencia de los propietarios de los camiones alquilados para confirmar datos, nunca los pudieron presentar.
Ayudas entregadas a relaciones de regidores
El texto también señala que se encontraron anomalías en el reparto de supuestas ayudas a personas que resultaron estar vinculadas a miembros del Concejo de Regidores de la alcaldía. El monto de estas donaciones alcanzó la suma 8 millones de pesos sólo en el 2012.
En su experticia, la Cámara de Cuentas cuestiona que las supuestas ayudas fueron otorgadas y administradas por miembros del Concejo de Regidores de modo personal, y no institucional, sin crear un programa de ayudas sociales.
La Cámara apunta que los funcionarios del ayuntamiento violaron la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que en su artículo 52, sobre definición y atribución del Concejo Municipal dice lo siguiente:
“El Concejo Municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización, en modo alguno ejercen labores administrativas y ejecutivas.”
Atrás irregularidades
Las anomalías referidas en el informe incluyen también las supuestas deficiencias detectadas en el sistema de contabilidad institucional, según los auditores, el sistema no genera ni registra los eventos contables de manera sistemática y codificada, creando información no confiable.
El método utilizado por la entidad no registra reportes de gastos, ni permite asociar cheques emitidos por diferentes conceptos con los cheques físicos, lo que pone en riesgo el uso de los recursos financieros de los contribuyentes.
Las irregularidades recogidas en el informe abarcan las diferencias entre los montos registrados en el sistema y los documentos físicos que sustentan los análisis realizados a las cuentas: servicios personales, servicios no personales, transferencias corrientes y otros; lo que indica, según la auditoría, que las informaciones generadas del sistema no fueron confiables.
El texto también señala que se encontraron presuntas anomalías entre la ejecución presupuestaria de la entidad y la relación de los cheques emitidos y pagados debido a supuestas codificaciones erróneas.
Los trabajos de revisión contable confirmaron una diferencia entre el monto presentado en la ejecución presupuestaria del ayuntamiento y los cheques emitidos por las cuentas inversión y Servicios Múltiples.
Los cheques emitidos y suministrados físicamente por la gerencia financiera de la alcaldía ascendieron a RD$10 millones 434 mil 650, mientras que el valor registrado en la ejecución presupuestaria fue de RD$9 millones 572 mil 308, reflejando una diferencia de RD$862 mil 342, que no pudieron ser ubicados por los auditores de la CCR.
Entre las irregularidades que el estudio incluye figuran alteraciones en los libros bancarios que van desde borrones y escrituras a lápiz de carbón en los balances de cuentas, así como espacios en blanco y otras anomalías.
La investigación detalla, también el caso de decenas de cheques encontrados en la bóveda del ayuntamiento con más de un año de haber sido emitidos y que no fueron entregados a los supuestos beneficiarios.
Durante la fiscalización efectuada a las operaciones de los fondos en caja y bancos, los fiscalizadores confirmaron que las autoridades del ayuntamiento mantenían cheques emitidos y no pagados por valor de 2 millones de pesos.
Los técnicos no pudieron establecer si existen cheques en tránsito con vencimientos mayores a seis meses, debido a que las autoridades no realizaron conciliaciones bancarias antes ni durante el período auditado.
Como si fuera poco, la auditoria subraya trasferencias bancarias realizadas por la entidad sin la firma de las autoridades competentes.