SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El partido Alianza País (AlPaís) y el movimiento político El País que Queremos (EPQ) solicitaron a la Junta Central Electoral que investigue las denuncias hechas por dirigentes polícitos peledeístas contra el aspirante presidencial Gonzalo Castillo, del PLD.
Expresaron que en su condición de actores políticos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y la transparencia del proceso pre y post electoral, solicitaron mediante instancia a la Junta Central Electoral, la investigación de denuncias sobre el uso de fondos del Estado, en la precandidatura a la presidencia de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En la instancia firmada por Guillermo Moreno, presidente de AlPaís y Bartolomé Pujals, portavoz de EPQ, ambas fuerzas políticas requieren al organismo investigar los hechos denunciados y que, en caso de verificarse violaciones a la normativa electoral vigente, sean aplicadas las medidas cautelares necesarias para hacer cesar de manera inmediata cualquier uso ilícito de los fondos del Estado.
Consideran necesaria esta acción tras las sucesivas denuncias públicas realizadas por los dirigentes del PLD, Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez y Manuel Crespo, todas referidas al uso de fondos estatales en actividades proselitistas del precandidato y ex ministro de Obras Públicas.
En el mismo orden demandan a la Junta Central Electoral atender las denuncias que circulan en redes sociales sobre aparentes empleados del MOPC que son forzados a acudir a los actos de precampaña de Gonzalo Castillo, bajo amenaza de ser cancelados.
La instancia también solicita investigar las fotos en las que figura una camioneta con el membrete del Ministerio de Medio Ambiente y personas con camisetas moradas sobre el referido vehículo, las supuestas amenazas realizadas por el precandidato a los alcaldes, de quitarles el asfalto del MOPC si no le apoyan y el uso de bases de datos personales para el envío de mensajes masivos SMS, que constituye una franca violación a la privacidad.