La institucionalidad democrática será sometida a duras pruebas en el año que recién comienza, cuando se definirá si el presidente Danilo Medina intentará un nuevo proyecto reeleccionista, si se aprobará la discutida reforma del régimen electoral, con los desafíos de las primarias simultáneas para la elección de las candidaturas y la aplicación de la Ley de Partidos.
Todo apunta a un incremento del costo de la política, contrario a la demanda social, por el costo de las elecciones primarias, tanto en lo organizativo con cargo al presupuesto nacional, como en la inversión de decenas de miles de precandidatos, con el agravante de que al final del año hasta los candidatos a regidores y vocales municipales ya estarán invirtiendo por el voto preferencial.
La mayor incertidumbre
La mayor incertidumbre está determinada por la decisión que adoptará el presidente Danilo Medina sobre la posibilidad de procurar una segunda reforma constitucional que le abra paso a la postulación presidencial el próximo año y las repercusiones que pudiera tener en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en una sociedad cuyo liderazgo la rechaza, al igual que una alta proporción de la ciudadanía, 71 por ciento en la encuesta Gallup-HOY de octubre pasado.
La generalidad espera que el mandatario defina su posición en marzo como expresó en una entrevista en agosto, pero en un almuerzo navideño con periodistas digitales él advirtió que podría ser en julio como también dijo en la misma ocasión, cuando adelantó que ya tenía tomada su decisión. La mayoría de la opinión pública apuesta a que Medina no resistirá la eterna tentación nacional del continuismo en el poder, pero hay quienes le atribuyen suficiente templanza para entender los riesgos.
Las perspectivas del proyecto continuista siguen limitadas, con un amplio rechazo que algunos explican en que ya Medina reformó la Constitución en el 2015 para posibilitarse la reelección, ocasión en la que juró en discurso público que sería su última postulación presidencial, tal como quedó consagrada en un transitorio constitucional que él pactó y promulgó.
Una opción por el continuismo agravaría la confrontación entre los dos líderes del PLD, y supondría un desafío fuerte para el expresidente Leonel Fernández, quien desde agosto del 2017 reúne fuerzas internas y ha proclamado que su aspiración a la nominación presidencial no tiene regreso. Importantes dirigentes del partido sin militancia en los dos grupos contendientes parecen evadir el riesgo de división y se inclinarían por un pacto de alternabilidad, con una reforma constitucional que permita la repostulación de Medina, pero a partir del 2024.
Ley del Régimen Electoral
La segunda legislatura del 2018 termina hoy sin que esté cerca la aprobación de la nueva Ley del Régimen Electoral, contemplada en un proyecto introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011, con el expreso objetivo de adaptarla al marco de la Constitución promulgada en enero del 2010 por el presidente peledeísta Leonel Fernández. Desde entonces ha sido reintroducida varias veces, la última a comienzo del 2018.
Los legisladores y los partidos pasaron casi todo el año concentrados en la Ley de Partidos, relegando la del Régimen Electoral, de mayor trascendencia para el cumplimiento del mandato constitucional de elecciones “con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Una comisión bicameral tiene a su cargo la concertación, y sus principales miembros, de los partidos mayoritarios, reiteraron esta semana su interés en aprobarla. Sin embargo, reconocen que eso depende de la voluntad política de los organismos superiores de los partidos, y algunos no ven señales positivas.
La reforma del régimen electoral sería fundamental para sancionar efectivamente los abusos de los poderes del Estado en las campañas, bien evidenciados en los últimos comicios y que determinaron que los partidos opositores le negaran legitimidad y durante dos años, hasta la aprobación de la Ley de partidos, reclamaran unidos equidad en las competencias electorales.
Entre las metas pendientes se citan separar la elección de los diputados y senadores, limitar y transparentar el financiamiento y gasto de campañas, prohibir que los altos funcionarios sean directores de campañas en las jurisdicciones, el acaparamiento de los medios de comunicación y de la publicidad en vías públicas y las inauguraciones de obras y aumento de programas sociales en los períodos electorales y sanciones reales a los abusos de los recursos del Estado.
El desafío de las primarias
La celebración de elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE, por primera vez en virtud de la Ley de Partidos 33-18, es otro de los fuertes desafíos del sistema electoral dominicano para este año. Las primarias serían celebradas el primer domingo de octubre, día 6, y cinco partidos se ha acogido a la misma, mediante tres diferentes modalidades que complicarían la gestión de los colegios de votación: El PLD con padrón universal o abierto, que permitiría el voto de cualquier ciudadano para todas sus candidaturas. El PRD apta por el mismo padrón, pero sólo para elegir candidato presidencial. Alianza País y Opción Democrática han solicitado primarias con padrón universal para todas sus candidaturas, pero en una coalición no contemplada en la Ley 33-18. Y el PRM que mantuvo su opción de elegir sus candidaturas con su propio padrón de miembros. Los restantes 22 partidos reconocidos optarían por métodos menos complicados, como la asamblea de delegados.
Aunque la ley establece un período de campaña de tres meses, del 7 de julio al 6 de octubre, hace tiempo que numerosos aspirantes están en campaña abierta por todo el país promoviéndose para presidente, senador, diputado y alcalde, sin que nadie les haya hecho desistir. Incluso las vallas promocionales en calles y carreteras, prohibidas por la ley (artículo 44) aún dentro del período de precampaña, se cuentan ya por centenares y si algo tan visible no se puede cumplir, hay razones para dudar que se logre en la transparencia del financiamiento y los límites de gastos.
Aún con cinco partidos en primarias simultáneas, una proyección de la JCE sugiere que podrían tener que contar votos individuales en boletas diferentes a 33 mil 819 precandidatos, aproximadamente el doble de los participantes en los últimos comicios nacionales. El reglamento estableció un tope de 10 precandidatos por partido para los cargos Uninominales, (presidente, vicepresidente, senador y alcalde) y tres para los plurinominales, (diputados, regidores y vocales). No se sabe cómo harían los partidos en los casos en que haya más aspirantes. 
Mayor costo económico
Si algo queda claro en relación a la Ley de Partidos es que, en vez de abaratar el costo de la política, como se reclama, se encarecerá. El costo de las primarias simultáneas aún para 5 partidos, se ha estimado sobre 3 mil millones de pesos, suma que duplicará el estimado de 1,506 millones de pesos del total del financiamiento a todos los partidos durante el año 2019, en virtud de la Ley Electoral 275-97 que se aplica desde los comicios de 1998, a razón de medio por ciento en los años de elecciones y un cuarto por ciento de los ingresos ordinarios del Estado en los demás.
Si se cuenta sólo lo que recibirían los cinco partidos que han optado por las primarias simultáneas, a razón de 301 millones por los tres mayores y unos 25 millones de pesos por el binomio AP-OD, lo aportado por los partidos apenas alcanzaría 928 millones de pesos, menos de la tercera parte del costo total estimado, lo que implica un financiamiento público de dos tercios. Con el agravante de que esos partidos gastarían todo el subsidio estatal del año sólo en la elección de sus candidatos.
La inversión individual de los precandidatos también se elevará pese a que la Ley 33-18 establece límites de gastos, muy elevados según los estimados, pues atendiendo al número de empadronados, los aspirantes a la presidencia podrían gastar hasta unos 700 millones de pesos cada uno, y muchos millones los que busquen los demás cargos electivos. Con serias dudas de que alguien pueda controlarlos realmente y obligar a cumplir algo que tiene tantas brechas para la burla. Otra fuente de encarecimiento es que esta vez en las elecciones municipales separadas se elegirán los 1,164 regidores, 1164 suplentes y 753 vocales mediante voto preferencial, un total de 3,081 aspirantes promoviéndose y tratando de comprar votos a partir de octubre, sino antes.
Dura misión para la JCE
La gestión de las primarias abiertas simultáneas de octubre, la supervisión de las asambleas de delegados, y el calendario ya regresivo para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo del 2020, con sus incrementos de costos, serán un dramático desafío para la JCE, que tendrá que iniciar sus preparativos este año. Sin contar la fiscalización para que se cumpla siquiera mínimamente la nueva Ley de Partidos. Para las primarias se requerirá un entrenamiento nuevo las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que operarían los colegios.
La JCE está presentando un novedoso sistema de computación electrónica, en el que también habrá que invertir millones de pesos, para poder procesar los votos para las decenas de miles de precandidatos. Y tendrá que desarrollar una campaña motivacional para ver si la participación siquiera se acerca al promedio de 50 por ciento que registraron las elecciones congresuales y municipales cuando fueron separadas de las presidenciales, entre 1998 y 2010.
Por encima de todo el mayor desafío es a la unidad de los partidos, a su fortalecimiento, a que las complicadas primarias no desaten una guerra autodestructiva y no generen una lluvia de impugnaciones que las hagan inmanejables. Sin duda que son muchas las incertidumbres políticas que conlleva este 2019.-