En los últimos días el país se ha consternado con un nuevo asesinato, ésta vez, la víctima es Yuniol Ramírez, un abogado, profesor universitario que se atrevió a denunciar casos estridentes de corrupción que involucran, entre otros, a Manuel Rivas, director de la OMSA.
La República Dominicana se ha convertido en uno de los países con más alto nivel de asesinatos en la región caribeña y latinoamericana. Las cifras indican que cada día 3 de cada 5 personas son asesinadas diariamente y, en su mayoría, los casos quedan impunes. Cinco son precisamente los casos de muertes registrados por corrupción, uno de ellos un suicidio inducido por dicho flagelo.
Este tipo de crímenes no constituye algo nuevo en el territorio dominicano. Se trata de un crimen político de altas implicaciones individuales, en donde la impunidad disfrazada de desconsideración y vilipendio ético pretende alzarse contra la Tea de la justicia.
Eso no va a suceder porque hoy como nunca la sociedad está alerta, despierta, empeñada en sacar a la luz todo vestigio de manipulación dirigida a evitar la aclaración de los hechos. Y como diría una amiga experta en cuestiones psicológicas, estas maniobras fraudulentas y enjundiosas, están claras en la claridad.
Así como en el oprobioso caso de Emely los implicados no pudieron desviar la atención y burlarse del dolor y el espanto social desacreditando a la joven víctima, en el caso de Yuniol, los alegatos de soborno por parte de victimarios y cómplices a un muerto que no tiene voz propia para defenderse no podrán evitar que se haga justicia.