Carta abierta al Presidente de la República Danilo Medina Sánchez
Señor presidente:
En las pocas ocasiones que hemos compartido el mismo espacio, siempre por razones profesionales, no ha faltado de mi parte el respeto y de la suya la cortesía.
No pecaré de indiscreto si comparto, de la última reunión, una confidencia no solicitada en la que usted me afirmó ser “cristiano”. El gesto quedó grabado en mi memoria como una muestra poco común de empatía digna de agradecer.
No está motivada entonces esta comunicación en otro sentimiento que no sea el deber de intentar silenciar el áspero y discordante sonido de la injusticia para que resuene, ¡por fin!, solo el dulce y armonioso tañido de la justicia.
Esta carta abierta está inspirada en esa confesada fe común que nos obliga a practicar la corrección fraterna para evitar que se pierda quien se equivoca; y mayor la obligación, si el equivocado tiene la responsabilidad del destino de un país.
El cargo más importante en una democracia es el de ciudadanos; y debemos ejercerlo, precisamente, en favor de aquellos que son víctimas de una injusticia; porque desear justicia para uno es bueno, pero buscarla para otros es mejor.
No es aconsejable la indiferencia que deja a cada quien llevar su cruz sin ayuda, porque hasta el más perfecto de los hombres tuvo su cirineo. La experiencia enseña que cuando el derecho se tuerce contra uno, pocas veces endereza para todos los demás.
Puede entenderse la imposibilidad de prevenir la injusticia, pero jamás debe aceptarse la renuncia a protestar contra ella. Yo protesto ante el hecho de que dos ciudadanos injustamente acusados pierdan su libertad y no reciban reparación alguna ante su comprobada inocencia.
La ausencia de justicia para el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico Manuel Regalado Martínez demuestra que tenemos una sociedad de víctimas y victimarios; y en una sociedad así nadie puede sentirse seguro, porque una injusticia contra cualquiera es una amenaza para cualquiera.
La geografía de la naturaleza humana mantiene las dos provincias del bien y el mal en una constante guerra civil en el alma. El bien es la fuerza contenida. El mal es la fuerza desatada. En la provincia del bien la ley es la fuerza. En la provincia del mal, la fuerza hace ley.
En un país de escasa institucionalidad como el nuestro triunfa con deprimente frecuencia la provincia del mal; entonces, comienza a gobernar la fuerza desatada; y cuando se tiene la fuerza, sabemos que se deja de utilizar la justicia.
Los hombres se convierten en lobos para los otros hombres, porque muchos llegan a creer que un cargo público otorga condición divina; pero olvidan que, como simples mortales cargados de defectos, el resultado de tan ilimitado poder es la degradación moral continua.
Nuestra corta memoria ayuda a olvidar pasados agravios, pero esa misma inclinación para el olvido produce la repetición futura de los mismos agravios. El inventario de injusticias es largo, pero sucesos recientes demuestran la permanente manipulación política de las instituciones judiciales.
Ninguna ley o debido proceso parece poder sujetar la voluntad oficial de imponerse por deseos de revancha o por ventaja política. Las instituciones solo sirven para aplastar los derechos de los ciudadanos. La suspensión sin precedente de las elecciones municipales fue la ocasión para demostrarlo una vez más.
El partido oficial calificó lo ocurrido como un sabotaje. Dicho y hecho. El Ministerio Público y la Policía Nacional comenzaron de inmediato a fabricar saboteadores mediante un allanamiento ilegal, seguido de un apresamiento bajo falsos cargos y un interrogatorio sobre un intercambio de mensajes.
La conversación aludida entre un coronel y un técnico contenía información importante para convertirlos en testigos, pero nunca suficientes para imputarlos como cómplices. Los fiscales y agentes actuantes, quizá siguiendo órdenes superiores, no permitieron que la verdad arruinara su conveniente historia, así que decidieron convertir los testigos en imputados.
De inmediato, la Policía Nacional informó que el coronel y el técnico colaboraron con los presuntos autores del sabotaje de los equipos de la Junta Central Electoral que provocaron la suspensión de las elecciones municipales de febrero. En pocas horas de investigación tenían supuestos autores y hasta cómplices.
¿Cuál era el verdadero interés de inculpar al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta? No era otro que el de aprovechar su condición de miembro de la avanzada de Luis Abinader para sacar beneficio político electoral sugiriendo que el candidato opositor era el autor intelectual del supuesto sabotaje.
¿Cuál era el verdadero interés de inculpar al técnico Manuel Regalado Martínez? El propio técnico informó que fue interrogado y golpeado durante diez horas por agentes para inculparse o para inculpar a otras personas totalmente desconocidas para él.
Los dos fueron mantenidos en prisión durante un plazo mayor a las cuarenta y ocho horas concedidas por la Constitución para someter a la justicia o poner en libertad a cualquier ciudadano bajo investigación. Los dos con una decisión política perdieron irregularmente su libertad. Los dos la recuperaron con otra decisión política.
El Gobierno dominicano informó al país que había autorizado a la Organización de Estados Americanos una investigación sobre los hechos de febrero y que por esta razón solicitaba al Ministerio Público suspender la investigación.
La peor forma conocida de injusticia es la de una justicia simulada, porque se une a la impotencia la desesperanza; pero por misericordia divina, cuando todo parece perdido, siempre llega cojeando la justicia verdadera. El informe presentado por la Organización de Estados Americanos dijo “no haber encontrado evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude”.
¡Mentira la acusación de sabotaje! ¡Mentira la investigación de los cómplices! ¡Mentira la insinuación del autor intelectual! El mentiroso ignora que es imposible regresar desde donde lleva la mentira; porque el problema no es solo que haya mentido, sino que nadie podrá creerle nada jamás.
Los perpetradores de este atentado contra los derechos de esos dos ciudadanos todavía no sufren ninguna consecuencia; porque siguen impertérritos en sus puestos, simulando servir al interés público. La gente comienza a preguntarse si solo fueron simples agentes de una voluntad superior.
El país se dirige a un proceso electoral que puede representar el crepúsculo de unos ídolos políticos que se creyeron eternos; pero la historia los mira todavía con misericordia al extenderle tiempo suficiente para la rectificación.
Señor presidente, muchos podrán olvidar, pero la historia no olvidará. El gesto más conveniente, para sacar esta mancha de los párrafos que le tocan, es activar una investigación independiente contra los actores de esta injusticia como lo solicitamos en un comunicado un grupo de ciudadanos. Porque de lo contrario, su inacción también será su condena.