Ayer, martes 17 de junio del 1214 -¡FINALMENTE!- el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, integrado por los jueces Annelis Torres, José de Asís Burgos y Sergio Furcal, pudo dictar una sentencia, que se estuvo esperando por cuatro años y cuyo conocimiento de caso fue reenviado más de 40 veces, poniendo de mojiganga a todo el mundo, menos a Adriano Román, que era quien financiaba los reenvíos.
Esa sentencia, tal vez no es todo lo estricta y “ejemplarizadora” que puso ser, pero sí corresponde a una penalización que, primero, establece formalmente la culpabilidad de los acusados; segundo, condena a encarcelamientos mas o menos prolongados a los mismos y, tercero, ordena una indemnización económica de importancia, que no cubre los costos de la tragedia, pero sí ayuda a recomponer, parcialmente, la economía de una familia de profesionales de clase media, que se vio obligada a buscar recursos donde no había, para minimizar ligeramente los destrozos que sufrió la víctima.
En conclusión, que aunque con retraso y sin recompensas completamente equivalentes a las pérdidas, se hizo justicia y a los jueces Annelis Torres, José de Asís Burgos y Sergio Fucal, hay que reconocerles -y hasta felicitarlos por tan atípica conducta- por haber cumplido con sus deberes y funciones, a pesar de los muchos escollos propiciados por la defensoría pública y también por abogados, de esos que proliferan en pantanos de aguas estancadas, tahúres y cómplices -que debían engancharse a sicarios- con los que siempre se asocia don Adriano, por afinidad de principios.
Ahora bien, durante todo este tiempo no ha sido una, ni dos, las veces que he oído a mucha gente -gran parte de ella conmovida por la atrocidad de los acontecimientos y la lentitud y desidia de la justicia – preguntarse “Y si eso es a Negro Veras ¿que será con el resto del país?
La pregunta no es ociosa. El doctor Ramón Antonio Veras, -Negro- padre la víctima y el destinatario final de la venganza de Adriano, es un personaje que -al margen de lo que él prefiera- tiene un espacio y un destino social, político y profesional, que no corresponde al reservado para el resto de la población.
Varios factores lo colocan en una posición que no es la del promedio de los dominicanos para reclamar justicia: Es un abogado penalista exitoso y con décadas de experiencia.
Conoce al dedillo los entresijos de la Justicia. Su hijo Jordi, quien sufrió el atentado, también es abogado y el resto de la familia se dedica a diversas profesiones: médicos, administradores de servicios de salud, administradores de empresas, gerentes de servicios de catering, en fin, un personaje y una familia relacionada en todos los estratos sociales dominicanos, desde los más humildes hasta los más encumbrados.
El historial político del doctor Veras como anti-trujillista y como acosado, apresado, perseguido y torturado en el régimen de Balaguer, le añade dimensiones a su nombre y articulaciones con el mundo político de todas las tendencias, que le dispensa deferencia y respeto, (a veces fingido) aunque mas de alguno le tenga ojeriza, en especial, por la coherencia política, donde hay tantos tránsfugas.
Por su reconocida labor profesional, tiene acceso fluido a los tribunales, al ministerio público, a la Suprema Corte de Justicia, al Palacio Nacional. Sus éxitos laborales le permitieron acumular algunos bienes para llevar una vida sin exceso de disipaciones, pero con cierta holgura.
La naturaleza de su carácter, puntilloso, meticuloso y persistente, también es un elemento a su favor, para bregar en los tribunales y exigir de estos, alguna clase de eficiencia.
Y es a esa persona, que tiene un lugar en la historia dominicana y con esas condiciones, a quién la justicia se le hizo increíblemente esquiva y resbaladiza.
La culminación del proceso con una sentencia condenatoria, ha sido recibida como una reivindicación colectiva, por gran parte la sociedad dominicana, precisamente, porque si hasta a Negro Veras se le negaba justicia, en un caso donde las pruebas formaban marejadas, ¿Qué podía esperar el resto del país?
Incluso con la sentencia dictada, la pregunta sigue vigente: Si eso se lo hicieron a Negro, ¿Que pasa cuando las víctimas son los anónimos de a pie, que no son abogados, que no tienen recursos, que no cuentan con los mecanismos ni conocimientos para exigir una investigación exhaustiva?
Saludo y celebro la sentencia, en especial si la justicia va a cortar finalmente el acceso de Adriano a una fortuna que le permite ordenar crímenes desde dentro de la cárcel; pero este primer paso que han dado Negro y su familia debe marcar la pauta para que el país entero deje de ser tan vulnerable, ante quienes tienen con qué comprar cualquier clase la impunidad.
Adriano tiene 40 años de crímenes horrorosos y continuos, algunos de los cuales ni se mencionan. ¿Todavía no es suficiente?