Se ha vuelto prácticamente imposible no enterarse del descontento de la comunidad internacional con la República Dominicana. Por un lado, los alcaldes de Nueva York y Montreal emitiendo opiniones prejuiciadas; por otro, diversos periódicos norteamericanos haciendo eco de noticias falsas, llegando al punto de considerar que la República Dominicana es un país racista y que las repatriaciones a los haitianos en específico se están llevando a cabo de forma violenta. En general, aquellas personas que se encuentran en el extranjero, que desconocen la situación dominico-haitiana a cabalidad, se han dedicado a desmeritar internacionalmente a nuestro país. Esta situación ha llevado a la unidad de las dominicanas y dominicanos alrededor del mundo a defender su patria, buscando desmentir todas aquellas falacias que diariamente se divulgan en los medios de comunicación extranjeros y en las redes sociales. Como ejemplo tenemos al Presidente Medina en la XLV Cumbre SICA, donde solo le faltó preguntar, tanto a los Estados Unidos como a Francia, Canadá y demás países participantes en ese cónclave, cuál ha sido la ayuda que éstos han aportado en beneficio de Haití o de los indocumentados que han invadido al país.
Particularmente, felicito a todo dominicano/a que ha aportado su granito de arena en desmentir aquellos falsos alegatos, fuere de manera activa o pasiva. En lo personal, luego de leer un escrito publicado el 18 de junio en BuzzFeed (una empresa de medios de comunicación de Internet estadounidense), en el cual el autor aseguraba que “autobuses del gobierno estaban rondando las calles de Santo Domingo para detener y deportar a dominicanos de color negro” (http://www.buzzfeed.com/danieljoseolder/us-latinos-need-to-get-loud-about-the-dominican-republic#.atjmBem13), la indignación no me permitió quedar callado ante esta descabellada situación.
Lo primero que se debe dejar claro es que la política migratoria, por definición, es el deber y el derecho que tiene todo Estado soberano de vigilar y decidir sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Esta definición fue dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-18/03, por lo que parece ser la definición de mayor aceptación por parte de la comunidad internacional. Ese derecho que tiene el Estado dominicano de regular el estatus de un extranjero dentro de su territorio se hace mediante ley, como atribución dada al Congreso Nacional por la Constitución.
Es la Ley número 285-04, General de Migración, la que se encarga de regular el flujo migratorio en el territorio nacional, de la cual se deben destacar dos artículos: el artículo 2, que establece que la presencia de los extranjeros en territorio dominicano se regula con la finalidad de que todos tengan que estar bajo condición de legalidad en el país, siempre y cuando estos califiquen para ingresar o permanecer en el mismo, para quienes la autoridad competente expedirá un documento que le acredite tal condición, cuyo porte será obligatorio; y el artículo 27, el cual establece que, en los casos en los cuales proceda la deportación o expulsión de extranjeros, estas se realizarán respetando los derechos humanos de las personas que se pretendan deportar.
Es decir, como deber y derecho de un Estado soberano de regular su política migratoria, este tiene la facultad de expatriar a un extranjero por las causales establecidas por la Ley precedentemente mencionada, cuya primera causal, dicho sea de paso, es el ingreso clandestino al país y la permanencia ilegal en el mismo.
El reto que tiene nuestro país frente a esas deportaciones es que estas sean llevadas a cabo respetando el debido proceso de ley y los derechos humanos de los extranjeros. Este debido proceso es un conjunto de requisitos que el Estado debe observar al momento de realizar las deportaciones, poniendo a la persona que se pretende deportar en una condición tal que pueda defender sus derechos ante una afectación que dichas deportaciones le causen. En la sentencia Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establecieron las garantías mínimas que el Estado debe de brindarle al extranjero sujeto a la deportación, siendo estas: (i) la sola posibilidad de poder expulsar a un extranjero en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y (ii) darle la posibilidad al extranjero de: a) exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión; b) someter su caso a revisión ante la autoridad competente; y c) hacerse representar ante estas. Agregándole a las garantías anteriores el respeto a los derechos humanos, una nación puede – sin problema alguno – deportar o expulsar a los extranjeros que se encuentren en su territorio.
La cifra de extranjeros con estatus migratorio irregular es alarmante, por lo que el Estado dominicano creó el “Plan Nacional de regularización de extranjeros en situación irregular radicados en la República Dominicana”, para así poder darles a las personas en condición de ilegalidad una oportunidad de regularizarse. Antes de la finalización del Plan de Regularización – al cual, valga aclarar, se sometieron personas de distintas nacionalidades, no solo de nacionalidad haitiana – la República Dominicana se preparó para finalmente hacer cumplir a carta cabal su política migratoria. De hecho, lo lógico es que cada país haga cumplir sus leyes; pero al parecer, lo lógico es que cada país, excepto la República Dominicana, las cumpla. Luego de finalizado el Plan de Regularización, alrededor de 17,000 haitianos indocumentados regresaron de forma voluntaria a su país. Inclusive, los autobuses de la Dirección General de Migración y Pasaportes, que fueron puestos a disposición de las personas de nacionalidad haitiana para regresar gratuitamente a su país, solo fueron utilizados por 858 de los 17,000 inmigrantes, según declaraciones del Director General de Migración, por lo que no podemos hablar de deportaciones y mucho menos sobre violencia para repatriar a los nacionales haitianos.
Tampoco puede decirse que en nuestro país exista discriminación hacia los haitianos, o de que nuestra nación esté tratando de “blanquear” la sociedad ni mucho menos. Hemos de tomar en cuenta que la mayor parte de la población dominicana es de color mulato, por lo que el problema no subyace sobre el color de piel de las personas. Lo único que la Republica Dominicana está haciendo es cumplir con sus leyes y tomando acciones que desde hace tiempo debió de tomar. Como toda nación independiente, libre y soberana hace.
Por último, pero no menos importante, se debe recordar que en el 1844 nuestro país luchó a muerte para lograr su independencia de la dominación haitiana tras 22 años de ocupación. Y si bien es cierto que compartimos una sola isla, no menos cierto es que seguimos siendo dos naciones diferentes. Dos naciones que no tan solo las separan una frontera, sino también aspectos como cultura, idioma, costumbres, tradiciones, prácticas religiosas, etnia y demás. Pero aun siendo naciones distintas, seguimos siendo naciones hermanas; siendo el Estado dominicano el primero que socorre a nuestro país vecino cuando este necesita auxilio.
“!Y que unifiquen la isla!", vociferarán aquellos extranjeros ignorantes que no conocen la realidad dominico-haitiana y los aspectos históricos que anteceden a ambas naciones. Pero por siempre la República Dominicana será un estado independiente, el cual no cederá sus leyes migratorias ante ningún país.