Excelentísimo Señor Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina:

Luego de saludarle deferentemente, me permito escribirle estas líneas movida por la indignación y el desconcierto que me han causado los recientes auto-aumentos de salario efectuados por ministros del Gobierno que usted tan honrosamente dirige.

En efecto, el pasado mes de noviembre, la Ministra de Educación, Josefina Pimentel, se aumentó el sueldo de RD$185,000.00 a RD$300,000.00, justificado, al decir de la Ministra, en “el perfil del puesto y la complejidad de las funciones que desempeña”. En este punto, me pregunto si los maestros, que han exigido hasta la saciedad un aumento de sueldo, no responden al perfil o si es que acaso las funciones que están llamados a desempeñar no son lo suficientemente “complejas” para recibir el tan reclamado aumento.

Por otro lado, y a partir de enero del presente año, el Ministro de Turismo, Francisco Javier García, aumentó su sueldo de RD$75,101 a RD$250,000.00. Al parecer, su sueldo anterior no le permitía al ilustre ministro hacer frente a los efectos de la reforma fiscal, cuyas principales disposiciones entraron en vigencia el pasado mes de enero.

Como éstos, podemos citar los casos de muchos otros ministros, viceministros y asesores que han sido agraciados con aumentos salariales, todo lo cual contrasta con el llamado plan de austeridad establecido por Usted mediante Decreto No. 499-12, del 22 de agosto del 2012.

Al leer el referido Decreto, no pude evitar retener dos de las motivaciones dadas en el mismo para instaurar las diversas medidas de austeridad que en él se enuncian.

En efecto, en el Segundo Considerando del Decreto de referencia se señala que “el ejercicio de la función pública debe llevarse a cabo revestido de decoro y dignidad, pero sin excesos que generen confusión en la población sobre el verdadero rol de los servidores públicos”. A pesar de lo anterior, Señor Presidente, y al presenciar los infames aumentos de sueldo a los funcionarios públicos, me declaro absolutamente “confundida” con respecto al rol que éstos están llamados a desempeñar. Sobre el particular, conviene señalar que según el Primer Punto del Código de Pautas Éticas que Usted hizo firmar a todos los funcionarios de su Gobierno –supongo que Josefina Pimentel y Francisco Javier García figuran entre los firmantes-, dichos funcionarios deben honrar, con sus actuaciones y comportamiento, el cargo en que han sido nombrados, “con el compromiso de servir a las personas y a la sociedad dominicana”. Ahora bien, dudo mucho –y Usted me corrige si me equivoco- que con los referidos aumentos de sueldo, dichos funcionarios honren su cargo o sirvan a la sociedad dominicana –hasta donde me parece, sólo sirven a su propio bolsillo-.

De igual modo, en el Tercer Considerando del citado Decreto, se señala que “la escasez de recursos limita la capacidad de accionar del Gobierno en áreas de desarrollo clave para la Nación, por lo que se requiere llevar a cabo una asignación más racional y un uso más austero de los recursos públicos”. En este punto, y me disculpa el atrevimiento, quisiera preguntarle: ¿Considera Usted que el auto-aumento de sueldos de los funcionarios, que de por sí son elevados, constituye una asignación racional o un uso más austero de los recursos del Estado? ¿No le parece más racional que el dinero destinado a dichos aumentos se emplee en mejorar los salarios de los maestros, que, la verdad sea dicha, no sé cómo sobreviven con RD$8,000.00 mensuales?

Si, como se señala en el referido Decreto, el objetivo central de este Gobierno es “elevar el nivel de bienestar de la población, particularmente, la de menores ingresos”, lamento informarle, con profundo pesar, que su administración va por rumbo equivocado. De nada sirve privar a sus funcionarios públicos de la celebración de las fiestas y agasajos, las tarjetas de crédito y los viajes a que están tan acostumbrados; limitarles la adquisición de vehículos; prohibirles donaciones a terceros; entre otras “medidas de austeridad”; si, para contrarrestar el “duro golpe” que supone verse privado de esos privilegios, dichos funcionarios públicos se aumentan el sueldo, porque la vida se les hace insostenible con RD$70,000.00 pesitos, como bien señalara, entre otras barbaridades, el viceministro de Desarrollo y Fomento del Turismo, Rafael Barón Duluc.

Al decir de este excelso viceministro, sólo con estos aumentos de sueldo “los estamentos del Estado contarán con personas capacitadas, que no van a tener que corromperse, porque van a tener salarios dignos”. Si aceptamos este razonamiento como válido, debemos concluir que, dado que los maestros no gozan de un salario digno, están en la obligación de corromperse. Asimismo, y en respuesta al seudo-argumento de dicho viceministro, dudo mucho, en mi humilde opinión, que un buen salario (entiéndase, abusivo, en este caso), garantice contar con personal capacitado en las dependencias e instituciones del Estado. No, Señor Presidente, es la educación y formación académica la que asegura esa capacitación, renglón que, como es de su conocimiento, acusa serias deficiencias en República Dominicana –en el sector público, claro, a ése al que los ministros no envían a sus hijos en busca del pan del conocimiento.

No obstante todo lo anterior, y en vista de que dudo que Usted considere, siquiera remotamente, hacer uso de la facultad de destitución de los funcionarios públicos que incurran en prácticas que lesionen al erario público, según prevé el Decreto No. 499-12, sólo me queda anhelar –quizás, ingenuamente- que las prácticas previamente referidas, en lugar de extenderse, sean descontinuadas.

No permita, Señor Presidente, que la ley se convierta en letra muerta ni defraude al ciudadano que ha depositado su confianza en Usted. Haga honor al lema que con tanto orgullo ha enarbolado y: ¡Manos a la obra!