Los políticos hacen mal algo que nadie hace mejor que ellos. Podemos sustituirlos, tal vez debamos hacerlo, pero no deberíamos dejarnos engañar con el señuelo de que quienes los remplazaran no fueran, a su vez, políticos.”

Daniel Innerarity

Los partidos que no están en el gobierno no deberían seguir aplazando una caracterización de éste y del notable nuevo perfil del partido en el gobierno.  Al PRM parece no importarle estar en el poder y lo evidencia renunciando a lo que debería ser su principal función: hacer política.

Empiezo por lo anterior puesto que de seguir las cosas como van, lo principal que debería preocuparnos no deben ser los errores palaciegos no forzados, sino cómo significativamente se están debilitando las instituciones. Ese debería ser el principal motivo de atención para la construcción democrática.

Para comenzar una aproximación profunda a la coyuntura, dos asuntos me parecen pertinentes: la agenda anticorrupción y el financiamiento de los partidos políticos.

La lucha contra la corrupción en su versión “procuraduría independiente” ya está inevitablemente agotada, entre otras cosas porque un buen tema de campaña casi siempre es un mal tema de gobierno.  Y también está agotada porque la idea de que la corrupción es la responsable de los males de un país no sólo es falsa, también busca ocultar las razones estructurales de la injusticia social. Esa idea no solo es demasiado simplista o “populista” (perdón Señor) porque intenta hacer creer que si quienes nos han gobernado no se hubieran robado todo lo que se han robado, este país sería muy distinto, sino porque conduce a otros lamentables engaños o intentos de instalar artimañas.

Los países son mejores no por la ausencia de corrupción sino porque no existe impunidad o, dicho de otra manera, porque el Estado no renuncia a aplicar la ley.  Es ahí justamente donde se decide construir sobre piedra o sobre arena.

Los “borrones y cuenta nueva” dañan la conciencia y los sistemas políticos y no sólo porque no “transparentan” el hurto o mal uso de recursos públicos. Lo que los liquida en grado superlativo es, por ejemplo, que una querella por el asesinato por parte de agentes del Estado de Manuel Aurelio Tavárez Justo y sus 14 compañeros en Las Manaclas, esté engavetada desde el nada independiente Domínguez Brito. ¿Alguien puede decir para la historia, para la conciencia nacional y para la decencia política a cuántos Oderbrecht equivale matar a quince dominicanos entre ellos uno reconocido luego como Héroe Nacional y lo otros catorce declarados mártires de la Patria? Lo que se pretende, nadie lo dude, es confundir el castigo a ladrones de celulares con la necesaria sanción a los culpables del asesinato del alma de un pueblo. Ni más ni menos.

Otra tema puesto de moda por estos días es el del “barrilito” en el que los maestros de la confusión aprovechan para cosechar. Los legisladores no pueden ser acusados de corruptos por cobrar el “barrilito” o por hacer uso de las exoneraciones de impuestos para la compra de vehículos.  El acto de corrupción es por definición oculto y esas dos prácticas son rutinas perfectamente públicas y hasta amparadas en leyes. En esa confusión radica la dificultad de que se pueda encontrar la forma de acabar con ese molestoso “privilegio”, pues eso y no otra corrupción es lo que son el barrilito y las exoneraciones. Será sin duda difícil que quienes se benefician de un privilegio renuncien voluntariamente a él, por lo tanto, solo quienes no se benefician podrían decidir acabar con él. La solución está ahí a la vista de todos y tiene como protagonista al PRM que con su mayoría en la Cámara y en el Senado, solo tendría que declarar su decisión de terminar con ambos.

Pero hay otra cuestión que hace poco creíble las exigencias del fin a estos privilegios y es el hecho de que otros privilegiados exijan a los legisladores su renuncia a estos beneficios dolosos. Leo sobre un obispo preocupado por el uso de los impuestos en el barrilito y pienso que no queda nada bien que quienes tienen ventajosos tratos tributarios no renuncien a ellos antes de solicitarles a otros que hagan lo que ellos mismos no hacen. ¿Estaremos llegando al momento democrático de denunciar el Concordato? Una decisión así significaría ponernos frente a  todos los beneficios de pasar de una Iglesia de cristiandad a una Iglesia misionera.

Pero, en fin, se sabe que todo no es tan simple. Por eso una buena medicina es construir democracia sin cartas previamente marcadas. Pongo como ejemplo de lo que decimos la treta de disminuir el aporte del Estado a los partidos políticos. Por suerte ya hubo dos dirigentes políticos que, nos gusten o no, dieron en el clavo: “… como principio, el criterio nuestro es, que los partidos políticos siempre deben ser fortalecidos y no debilitados”. (Leonel Fernández el 22-10-2020). Y  “…la democracia se debilita cuando los fondos que se les asignan de manera legal a los partidos a través del Presupuesto Nacional se quieren reducir sin que haya justificación” (Temístocles Montás el 20-10-2020). Me van a excusar, pero nadie más fue tan claro como ellos respondiendo como dirigentes políticos y no como aspirantes a santones o filántropos con dinero que no tienen.

En ambas disposiciones el premio a la trampa con cartas marcadas se lo lleva el intento de querer pasar por bueno un tremendo desliz argumentando acerca de lo conveniente del uso alternativo de los dineros. Pareciera que nadie le avisó a la senadora que cobrar el millón del “barrilito” no sería reconocido moralmente como bueno, aunque hubiera ofrecido utilizarlo en comprar biblias. Igual pasa con los fondos para los partidos: si hace falta una extensión de la UASD habrá que buscar los recursos.  Incluso se podría juntar algo de dinero si se mejorara la administración de esa universidad orgullo de todos los americanos que pasaron alguna vez por una universidad. Pero lo que no puede aceptarse es que una buena causa tenga que financiarse al costo de descuidar una necesidad imperiosa de un sistema político que debe ser democratizado y no demolido. Contéstenme esta pregunta con la mano en el corazón: ¿Qué ocurriría si una dama, madre consciente y socialmente influyente, propone suspender las elecciones para que los recursos que se gastan en ellas se utilicen para combatir el cáncer de mamas?

Una forma impecable de juntar algo del dinero que falta podría ser revisar el “gasto tributario” y también ¿por qué no?, repatriar los recursos que eluden el pago de impuestos de los paraísos fiscales.