En menos de dos meses después del homicidio y ahorcamiento de Henri Claude Jean, República Dominicana ocupa nueva vez la actualidad internacional con las imágenes de violencia en contra de compatriotas inmigrantes haitianos en el municipio de Ranchero de la provincia Espaillat.
El motivo es una falsa acusación de asesinato por parte de haitianos. Su hermano admitió que son dominicanos los responsables.
Que no nos engañemos. No estamos ante un hecho aislado. Es una práctica que tiene su origen en el caso Maritza Núñez, Hatillo Palma, en el 2005. Con este último, superamos la trentena de casos en una década. No pasan de 5, las ocasiones que, como en esta, los responsables de estos cobardes actos hayan sido arrestados.
Su actuación pudiera ser calificada de salvajismo, lo cual, además de no corresponder a la esencia de la dominicanidad ha sido inducida.
Al respecto, existe un componente político de difícil manejo por las alianzas que conocemos y la actual coyuntura. Empero, es tiempo que sea visto, por todos los actores interesados, como un problema serio que la débil penalidad legal no es capaz de erradicar. Es menester transmitir los más pulcros valores del sistema social dominicano al manejo de la problemática migratoria.
La migración dominicana global que supera los 2 millones de personas, igualmente tiene victimas de racismo, discriminación y xenofobia. Incluso la pequeña comunidad que vive en Haití, particularmente las mujeres, hace frente a una suerte de estigmatización por la proliferación en varios países de trabajadoras sexuales dominicanas.
En ese sentido, hay haitianas, sin tener motivos reales “odian” a las dominicanas por considerarlas, si viven cerca, un “peligro” por la estabilidad de su vida de pareja. La xenofobia anti haitiana o anti dominicana es real. Tiene sus adherentes y promotores en minoritarios sectores de ambas poblaciones.
En territorio dominicano va de la mano con el continuo crecimiento de la presencia haitiana, la cual, no paró una masacre, como las tragedias en alta mar ni los tiburones no paran a las yolas que zarpan desde las costas dominicanas.
¿Qué decir de los dirigentes isleños, quienes, como si nada pasó, firmaron 15 años después de la masacre de 1937, el primer convenio interestatal para la contratación de braceros haitianos?
Indudablemente se trata de un acuerdo de conveniencia económica y quizás política que no tomó en cuenta los efectos, hasta hoy, de tal horrendo acontecimiento por no haber realizado una campaña por la convivencia y la reconstrucción de los lazos entre dominicanos y haitianos.
Asimismo, al llegar a casi una década de violencia xenófoba dominicana, tampoco los actuales dirigentes actúan. Pese a tratarse de acciones que según el sociólogo Carlos Dore, siendo director de la unidad de análisis estratégica del gobierno (2004-2008), son promovidas por “grupos neo-nacionalistas que se dedican a movilizar la población dominicana en contra de la presencia haitiana”.
De hecho, ninguna voz oficial en ambos lados de la isla se hizo escuchar ante los recientes acontecimientos de saqueos, humillaciones y maltratos físicos de los cuales no se salvó ni siquiera una infeliz mujer tirada hacia el piso por esas hordas y sus padrinos.
Manifiestamente no se le podría pedir a un dictador realizar una campana como la señalada arriba por el respeto de la dignidad humana. Sin embargo, el acuerdo de 1952 pone en evidencia tres elementos: la imperiosa necesidad de la mano de obra haitiana que obligó Trujillo a buscarla de nuevo; las condiciones de vida en Haití que empujan a las masas desposeídas a tomar la dirección de la frontera pese a los riesgos; el elitismo y la corrupción de los dirigentes haitianos que los impiden defender como se debe a sus compatriotas.
En honor a la verdad debe señalarse que en Haití hace más de un mes se lanzó una amplia campaña en los medios de comunicación donde se advierte de consecuencias legales a toda persona tentada a hostigar o agredir a los dominicanos.
Una iniciativa oportuna aunque no haya programas radiales anti dominicanas ni jamás se ha atacado a la comunidad dominicana por algún crimen cometido por uno de sus miembros.
Algo que debió iniciarse hace 10 años en República Dominicana. ¿Podrá el gobierno hacerlo?