“El problema con los sistemas de votación asistidos por computadoras es que centralizan la oportunidad de hacer fraudes” Gary L. Greenhalg

 

Sin ánimos de contrariar la posible idea de progreso en la Junta Central Electoral, no logro entender la necesidad de apostar de inmediato a un nuevo sistema de votación en el país, en especial de manera generalizada.

Tres mil técnicos desaparecidos fue la excusa para la falla de los scanners en el 2016, una apuesta que el día de las elecciones reveló el nivel de improvisación y monstruosidad que existió en ella. ¿Por qué entonces después de haber gastado tanto dinero en esos scanners (que aún cuestan millones de pesos mensuales almacenar) nos arriesgaríamos a otra aventura en un país con recursos limitados? La respuesta más puntual sería hacer más eficiente y transparente las votaciones, pero existen razones para preocuparse. 

Se le llama voto electrónico en su acepción amplia al uso de la tecnología al momento de votar, almacenar y transferir por una red la selección política de los ciudadanos en los colegios electorales, este sistema así como tiene fortalezas también conlleva debilidades y riesgos. “En algunos casos, los fallos pueden originarse del escarceo de recursos y la dependencia excesiva de los gobiernos en el sector privado debido a la falta de experiencia en el área de tecnología” (Hapsara, Imran, Turner, 2017).

Es decir, en el momento en que la JCE debido a sus limitaciones técnicas (en materia de máquinas, software, expertos…) contratan una empresa para ser auxiliados, dependen de esta, externalizando la responsabilidad del conteo y en el peor de los casos la posibilidad de un fraude. Y dependiendo de cómo sea la instalación de dicho sistema, el cambio puede generar una concentración peligrosa de datos digitales que no existe en la modalidad del papel.

En este sentido, cabe destacar que la democracia valora que el voto sea secreto, que la elección se realice en libertad y que su resultado sea registrado. En principio, el voto electrónico no debería arriesgar ninguno de estos valores, sin embargo la aplicación de este tipo de tecnología ha levantado con el tiempo preocupaciones en relación a:

 

1.    Identificar el voto hecho por el ciudadano

El 17 de mayo de 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las razones del apretado resultado en las recientes elecciones de ese país se debieron a 900.000 electores, los cuales ya estaban identificados “con Cédula de Identidad y todo… ". A pesar de no tener certeza de cómo fueron identificados estos votantes por Maduro, la declaración llevó a algunos a cuestionar el sistema electrónico mediante el cual habían votado.

Esto debido a que una vez se registra un ciudadano con su cédula en un sistema digital y vota, es muy fácil para un sistema corrompido vincular ambos datos y suministrarlos a un tercero habilidoso. Comprometiendo así el secreto del voto y provocando una reducción en la libertad de ejercer el mismo. En la actualidad mediante el voto en papel, no hay forma de distinguir por quién se tiró un voto en la urna, pues todos los votos se confunden una vez introducidos.

Por eso se hace preciso, que la máquina a utilizar no registre datos individualizados, ni el orden ni la hora de cómo han sido echados los votos, así como que no esté conectada a una red de acceso u otro equipo remoto o local para que la información no sea vinculable.

 

2. Las auditorías a las máquinas

Pero ¿Y si la máquina no registra mi voto adecuadamente? ¿O si me dice que se registró bien y luego envía otro dato? Se dirá que para eso están las auditorías, no obstante para inspeccionar un software es probable que se necesite otro software, en el cual a su vez hay que depositar la confianza, la cual se limita más si este resulta ser privado y no de datos abiertos. 

En este sentido, es oportuno recordar que por cada partido político y su equipo técnico verificando estos softwares, existen decenas de hackers/crackers/piratas cibernéticos dispuestos a penetrar y corromperlos por dinero o ideología, dentro y fuera del país y las instituciones. Y aun si tenemos certeza de que la máquina está registrando y enviando todo de conformidad antes de las elecciones, la alteración puede ser realizada después de la auditoría, en cualquier etapa del proceso.

 

 3. La impresión como soporte

Por eso algunos partidos han pedido un sistema de impresión o papel, mediante el cual cada máquina tenga su soporte físico. Este soporte no debería ser codificado, debería esclarecer igual que si fuese una boleta física el resultado de elección del votante, donde este luego de haber confirmado, proceda a verificarlo y depositarlo en una urna.

Sin embargo, ¿En qué ocasiones contará la mesa electoral los votos manualmente una vez lo ha hecho la máquina?  ¿Se hará dicho conteo después de los resultados electrónicos? Parecería un doble trabajo (ni hablar del doble gasto) que cualquiera que ha experimentado el tiempo y el cansancio en una mesa electoral le podrá decir que no será realizado para todos los niveles.

Y no puede faltar la pregunta que todo el mundo que ha enviado algo a imprimir conoce ¿Qué sucederá si la impresora se atasca o deja de imprimir? O ¿Si los oficiales de la mesa tiran a la basura los resultados impresos? ¿Será el dato electrónico predominante? Todos estos escenarios se han dado en otras latitudes.

 

4. La necesidad de un protocolo

Por eso la necesidad de un protocolo que aclare dudas. Todo actor político, autoridad electoral y ciudadano debe preguntarse ¿Qué pasará si las máquinas empiezan a fallar por todo el país y no hay alternativa electrónica inmediata? ¿Si la empresa que suministra falla en proporcionar las máquinas o en verificar el software a tiempo? (como ha pasado en algunas partes de EEUU) ¿Tendremos disponibles boletas impresas en todos los colegios electorales para todas las situaciones?

En el caso de las elecciones 2016, fue tanta la confianza que se le dio a la situación de los scanners, que existieron mesas que no sabían hacer actas manuales, porque el nivel de información recibida y la tozudez para usar los scanners devino en ceguera a la hora de instruir.

El nivel de profundidad que debe tener un protocolo de voto electrónico para contemplar todas las situaciones posibles no se alcanza de un momento a otro. ¿Y si falla la energía eléctrica? ¿O un alto voltaje daña las máquinas? ¿Si la máquina se sobrecalienta? ¿Si una persona destruye el monitor? ¿Si se freeza? ¿Y si un ciudadano introduce un dispositivo en la máquina mientras se encuentra sólo con un virus que altere los resultados? ¿Se podrá entonces impugnar patrones de votación dudosos? ¿Dónde se guardarán todas estas máquinas? ¿Cómo será la logística de almacenarlas e instalarla para las elecciones? ¿Las tendrán los presidentes de mesa en sus casas el día antes? ¿Podrán manipularlas? ¿Cómo los delegados sin conocimientos en tecnología en todo el país podrán verificar que “la urna digital está realmente vacía”? ¿Que la urna digital no multiplica los votos de algún candidato después de un cierto número votantes? A mayor cantidad y complejidad de procesos invisibles menor fiscalización.  

Imaginen ahora aplicar todo esto simultáneamente en los 16,070 colegios electorales habilitados.  

En la actualidad el sistema que opera en el país es caótico, sobre todo a la hora de contar los votos y registrar las actas. Sin embargo, ese mismo caos produce que haya que tener una estructura muy grande dedicada a sabotear unas elecciones, la cual ha de ser muy costosa, pública y desordenada. En el caso electrónico, bien puede hacerse eficiente y ordenado un fraude con sólo una persona a distancia. Y el esfuerzo tecnológico para modificar un voto es el mismo que para modificar miles, sin que nadie sea visto.

Aun así algunas recomendaciones que podría hacer de proceder con esta nueva apuesta a toda costa sería:  

 

  1. No realizar auditorías sobre una muestra pequeña de las máquinas sino sobre la totalidad. Asimismo, no realizar auditorías sobre un número limitado de votos. Las mismas deben realizarse completas como el día de las elecciones, debido a que puede existir fallas o una programación corrupta que empiece a registrarse a partir de 50, 100 votos emitidos.      
  2. Que el registro a cada votante sea realizado de manera independiente  y manual en la mesa, nada de registros en la computadora con la cédula, para proteger el secreto del voto y evitar ser vinculado.
  3. Que la máquina esté aislada en la votación y no sea utilizada para transferir datos, sin conexión a la red y sin registro de horas ni orden, debido a que esto genera mayor riesgo.
  4. Que una vez terminado el proceso, el ciudadano pueda verificar su voto con una impresión de la máquina y echarlo en una urna tradicional.
  5. Que se proceda a imprimir el acta de voto electrónico, dar lectura y firma entre los miembros del colegio.
  6. Que en otro dispositivo distinto se proceda a enviar el acta firmada a la JCE.

 

Y es que aun si usted confía en todos los jueces de la JCE, la edad promedio entre sus cinco miembros es de 68 años, y al no tener un ‘expertise’ técnico en el tema, la confianza de ellos es delegada a su vez en otros técnicos, otras empresas, cuyas promesas instruidas tampoco son fiables considerando el interés en juego y el avance de la tecnología y los piratas digitales.

Finalmente, si me preguntaran, creo que la JCE debe iniciar por un programa piloto sólo en algunas provincias y colegios electorales específicos, en los cuales se tenga capacidad técnica de sobra para acudir a las elecciones y limitar la ocurrencia de estos riesgos. Porque en definitiva, no se puede partir de la confianza en este tipo de procesos, sino de la duda.