Al perimir la anterior legislatura se someterían tentativamente ambos proyectos a partir de la legislatura que inicia el 27 de febrero. La Junta Central Electoral, en voz de su presidente ha expresado que se necesitaría al menos dos años con ambas leyes aprobadas para la realización del certamen electoral pautado para febrero y mayo del año 2020.
No es posible que volvamos a otro proceso electoral con una ley electoral desfasada, obsoleta y trunca y la falta de una ley de partidos, por tanto tiempo manoseada y zarandeada por los partidos políticos como por sectores diversos de la sociedad.
A decir verdad, toda la oposición democrática del país prácticamente ha consensuado tanto el proyecto de ley de partidos como los temas fundamentales de la reforma a la ley electoral 275-97; sin embargo, es el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político que tiene empantanado su conocimiento y aprobación.
Sería un atentado más que asestaría el PLD a la institucionalidad y la democracia del país y quien está fungiendo con su mayoría mecánica como partido único y como una dictadura de partido.
La sociedad civil, los partidos de oposición y otros sectores de la vida nacional han dado muestras de sensatez, prudencia y voluntad política para llegar al consenso definitivo de ambas iniciativas legislativas, pero es el pugilato entre los dos máximos lideres del PLD, uno con su desbordado interés de repostularse y el otro por retornar a la presidencia de la República después de agotar tres periodos en el poder; el juego lo tienen trancado por las primarias simultáneas y con padrón abierto que sustenta el presidente de la República y el presidente del PLD y de nuevo aspirante presidencial, quien prefiere participar pero con el padrón del partido o padrón cerrado.
Esto tiene una lectura muy clara: somos una caricatura de democracia. El PLD con este comportamiento continúa transgrediendo sensiblemente las instituciones del Estado, por eso escoge su propia Junta Central Electoral, su propio Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, su Congreso y su propia Suprema Corte de Justicia.
No se duda que mantengan el “mamoneo” de ambos proyectos hasta verlos sucumbir y sus legisladores dejarlos sobre la mesa, alegando lo que le dé la gana para otra vez someter al país a otro colosal fraude electoral, desastre o tollo electoral similar a los del 2012 y 2016, y así con las manos abiertas y sin una legislatura electoral y de partidos políticos usar de manera abusiva de todo el control que mantienen del Estado para el dispendio y derroche de los recursos públicos para continuar y así resguardar la impunidad y seguir robando sin piedad ni contemplación de forma ilimitada como lo han hecho hasta hoy.
Si el PLD, su comité político y su congreso dejan en el limbo ambas iniciativas legislativas, sugiero de manera categórica que toda la oposición y la sociedad democrática del país se abstenga de participar del próximo proceso electoral, que no sería más que un matadero electoral y que llevaría al país a una situación de ingobernabilidad total.