En la sociedad dominicana se incrementan las preocupaciones de la ciudadanía relativas al aumento de la criminalidad, la violencia y los problemas vinculados a la seguridad pública de la población, sin una visión o abordaje de la multiplicidad de las causas.
La violencia y la criminalidad son evidentes, no necesitan más víctimas para la comprensión de su realidad, es un problema real, sistémico y estructural, que trasciende el análisis simplista de la percepción.
Los problemas vinculados a la seguridad ciudadana no son de percepción, es inaceptable pretender e intentar generar un debate sobre la violencia, la criminalidad y la seguridad basado en percepción del fenómeno y no sobre estadísticas nacionales, estudios, análisis y conocimientos demostrables sobre las causas, consecuencias, modalidades e incidencia del crimen en el país.
Para la definición de políticas públicas de seguridad, será necesario, el acopio de datos, información para el análisis y la formulación de inteligencia estratégica, que puede conducir y concluir en verdaderas políticas públicas que devuelva la confianza a la ciudadanía y que perdamos el miedo de la convivencia en los espacios públicos y que podamos desarrollar nuestra vida con justicia.
La sociedad espera un rol de conducción política y estratégica, para lo cual será necesario, mayor precisión científica en el estudio de la criminalidad, donde la ausencia de información oportuna, veraz, confiable, sólida, que permitan la medición con indicadores consistentes, desagregaciones útiles y todo un sistema estadístico, que permita la construcción de políticas públicas de seguridad con una verdadera precisión técnica.
La sociedad debe desterrar las políticas de prevención del delito que se fundamentan en la construcción de perfiles sospechosos, porque generalmente, atacan las ramas y van dirigidas a los estratos más bajo de la sociedad. La construcción de perfiles sospechosos regularmente busca perseguir y reprimir la delincuencia común, aquella que es generada por múltiples factores, entre ellos, la desigualdad social, la pobreza, el desempleo.
La violencia y la criminalidad tienen características particulares, que convierten su abordaje en una agenda aún más compleja, si consideramos: la desigualdad, exclusión y pobreza; el débil Estado de derecho; falta de institucionalidad; altos niveles de corrupción e impunidad; penetración del crimen en el Estado y en las agencias de seguridad, además de los bajo estándares de cumplimiento e implementación de la ley.
Los problemas vinculados a la seguridad se convierten en un fenómeno que amerita el desarrollo e implementación de políticas públicas transformadoras, que permita al Estado garantizar el derecho a toda la población de vivir libre, sin temores, sin amenazas a su integridad física o de sus bienes.
Las propuestas y la implementación de políticas de seguridad, inexorablemente deben contemplar, un sistema de justicia independiente, ágil, accesible, que genere confianza y con la entereza necesaria para imponer un sistema de consecuencia sin distinción de raza, credo, origen social, económico o político, donde no reine la impunidad para los ricos o para la delincuencia política.
El colapso del sistema de justicia, es una realidad incuestionable que debemos enfrentar, dejando de lado las justificaciones y las argumentaciones tendenciosas y poco profundas que buscan ocultar el fenómeno de la dependencia política del Poder Judicial y su captura por el crimen organizado y la corrupción.
El sistema de justicia está capturado por la corrupción pública y privada, los escándalos muestran la intervención de actores políticos que al margen de la institucionalidad democrática, influyen en las decisiones judiciales, con el único interés de obtener beneficios económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad de sus acólitos y de sus redes delincuenciales.
La descomposición, deterioro y colapso del sistema judicial, se convierte en la expresión de la penetración de la corrupción política en dicho estamento del Estado, instrumentalizada con la designación de Jueces claramente vinculado a corporaciones partidarias de la corrupción, por eso, el funcionamiento del sistema judicial funciona como un poder capturado, dependiente, de rodilla ante el crimen, guardián y garante de la impunidad.
El desarrollo de políticas de seguridad pública, debe partir de una visión estratégica, involucrando a todos los actores y sectores, entre ellos, las entidades del Estado, el sector privado, las organizaciones sociales, en el marco de la más estrecha coordinación interinstitucionales, reforzando una cultura de convivencia, la paz, la justicia social y ampliando las potencialidades para el desarrollo nacional.
La seguridad pública como política de Estado permite un abordaje desde una perspectiva humana, más sistémico, estructural desde aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, considerando procesos y factores geopolíticos, nacionales, regionales y mundiales.
La sociedad dominicana no resiste políticas aisladas en materia de seguridad ciudadana, ni parche y mucho menos mediatizar el tema, sin profundizar en su comprensión e implementación de medidas concretas con un enfoque multisectorial, políticas de prevención, reformas institucionales-legales, inversión pública en políticas sociales (Educación, recreación y deporte, salud, vivienda y habitad) que garanticen una vida digna de todas/os las personas, que incluye una nueva relación entre Estado y sociedad.