Hay constataciones que se imponen. Una de ellas es que los esfuerzos realizados para reducir los niveles de violencia hacia la niñez no están dando los resultados esperados. Se puede ofrecer como ejemplo de esta afirmación los numerosos programas ejecutados desde Palacio que no han aportado los frutos esperados en la reducción de embarazos en menores y en violencia intrafamiliar. Otra prueba de ello es cuando se constata que los mensajes de paz de las diferentes iglesias no han impedido la violencia social ni los embarazos en menores.
A pesar de que la religión se ha hecho omnipresente de manera paulatina en las escuelas públicas, las prédicas no han propulsado una real cultura de paz ni la práctica de la participación. Cada maestro o maestra se cree en el derecho de impulsar su credo particular; en ese empeño algunos expresan mucha intolerancia. A pesar del principio de laicidad no hay voluntad de mantener en las escuelas públicas el credo de los docentes en la esfera de lo privado; al llevar sus creencias religiosas particulares a las aulas muchos educadores confunden a estudiantes que necesitan criterios objetivos, científicos y rigurosos.
El resultado es que siguen matando a nuestras mujeres, violan nuestras niñas, las embarazan, las casan, o estas terminan prostituyéndose, reproduciéndose así de manera interminable el ciclo de la miseria y de la violencia, muy a pesar de todo cuanto se dice o se hace al respecto.
Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre el matrimonio y los hijos de madres solteras publicadas en días pasados, así como las declaraciones del director de la maternidad de Los Minas que cifra en 2700 las menores que han dado a luz en su establecimiento en 2016, se enlazan directamente con el tema de la violencia y refuerzan las posiciones que hemos venido sosteniendo sobre la vida en los barrios urbanos vulnerables.
Quienes trabajan a favor de la niñez en estos sectores se sienten a veces frente a bombas de tiempo difíciles de desarmar y con pocas herramientas para mitigar sus alcances. El combate contra todo tipo de violencia que atañe a la niñez no es realmente todavía una prioridad compartida por toda la sociedad. Es una preocupación que va a la par con políticas efectivas y coherentes de lucha contra la pobreza y en contra de la corrupción que desvía del erario público los fondos necesarios para la implementación de políticas más efectivas.
De lo que se trata también es de cambiar mentalidades por medio de la educación, de denunciar la falsa moral imperante y los patrones de masculinidad dominantes. Detrás de cada menor embarazada hay un hijo, un padre, un hermano, un tío, un vecino: un macho que ejerce su virilidad como se le ha enseñado y como se le reclama.
Se debería promover campañas sobre la responsabilidad de las familias en el embarazo de menores para que los padres, madres o tutores no se hagan la vista gorda y no se transen en los procesos por unos cuantos pesos a cambio de una sencilla mercancía. Los varones solo repiten patrones y conductas aprendidas y el estigma, de una manera u otra, recae solo sobre las niñas, las adolescentes, las mujeres.
La trabajadora social de la Fundación Abriendo Camino en Villas Agrícolas hizo, solo en el mes de abril pasado, 94 visitas domiciliarias y 20 intervenciones sobre trabajo infantil, abuso físico y psicológico, conflicto de parejas, niñas y adolescentes desertores escolares y reinserción, orientación a los padres sobre disciplina asertiva y educación en amor, abandono de hogar por adolescentes y prostitución infantil, entre otras.
El barrio, la escuela, el núcleo familiar son reflejos del estado psicosocial de sus integrantes. ¿Cómo actuar en estos espacios vulnerables? ¿Cómo prevenir los riesgos y sus consecuencias? ¿Cómo reconstituir redes de solidaridad barrial no politizadas y crear redes de protección con monitoreo de las familias en extrema vulnerabilidad? ¿Cómo dotar a nuestros niños, niñas y a sus familias de habilidades sociales y de empatía? ¿Cómo difundir una cultura de paz?
Es necesario que todos los centros que influyen en la vida de la niñez de un sector deprimido puedan intercambiar datos, desde los centros de INAIPI, las escuelas primarias, los liceos, los clubes deportivos, las iglesias, los comunitarios, las instituciones gubernamentales y de manera particular que las trabajadoras sociales, las psicólogas y los directores de estos colectivos instituyan mesas de diálogo con la creación de equipos, con planes de trabajo y grupos de fiscalización para promover un enfoque de gestión de riesgos y de modificación de conductas.
Para esos fines se debe tener claro que para luchar contra la violencia los grupos de trabajo deben estar alineados en una perspectiva de derechos, más específicamente de los derechos de la niñez.