Luego de haber examinado las causas recurrentes en el fenómeno de la violencia (2/4), y destaca la corrupción entre las causas recurrentes; procedemos en esta entrega, a señalar algunos factores, que identificados para en Latinoamérica.

Factores de la violencia en la República Dominicana.

Los factores (no causas estructurales) que facilitan el delito, de conformidad con el Informe del PNUD son:

  1. Las armas de fuego, se analiza tanto el uso como la accesibilidad de armas de fuego en la comisión del delito.
  2. Las drogas, se establece que “el efecto de las drogas en la seguridad ciudadana impacta en tres direcciones: primero, la violencia y el crimen relacionados directamente con el consumo; segundo, aquella asociada al cultivo, la producción y la venta de droga (Goldstein 1985; MacCoun et.al. 2003), y finalmente, la violencia vinculada a los efectos no esperados de las medidas represivas del Estado”.
  3. El alcohol, indicando la incidencia del consumo de alcohol al momento de la comisión de un delito, muy por encima del consumo de otro tipo de sustancias controladas (drogas).

En la República Dominicana se han desarrollado estrategias desde el Estado para controlar el tema de las drogas, en una especie de “guerra”, siguiendo la misma estrategia que los Estados Unidos de América, sin que podamos observar resultados de mitigación del tráfico ilícito, ni de la violencia que rodea esta actividad del crimen organizado.

El consumo de alcohol, ha sido controlado más en cuanto a los horarios de venta del mismo.  Por simple observación sentimos que no ha surtido efectos para mitigar la delincuencia asociada a dicho consumo.

El tema de la accesibilidad de las armas de fuego, es indudablemente un desafío que las autoridades aún no se han decidido a enfrentar en la República Dominicana.  El control en la tenencia y posesión de armas de fuego en el país, el tráfico y posesión ilegal de armas, han facilitado la delincuencia armada en la República Dominicana.  No se observa una estrategia de las autoridades de controlar este fenómeno que facilita la violencia.

El Informe del PNUD indica que las vulnerabilidades institucionales constituyen una causa importante en la comisión de delitos y cita:

“Según la teoría criminológica de la disuasión, una persona tiene menos incentivos para cometer un delito si sabe que las probabilidades de ser sancionada son altas (Paternoster 1989). Además, los ciudadanos tendrán más incentivos para respetar las leyes establecidas si consideran que su aplicación es justa, proporcional al delito y respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho.”

Así, en el Informe PNUD “se señalan tres debilidades compartidas en la región: corrupción, impunidad y falta de proporcionalidad en el castigo”.

La corrupción constituye una causa recurrentemente mencionada, y ello no es casual.  Esta es la razón de nuestro título, pues pretendemos razonar cómo la corrupción incide en la actividad delictiva y se convierte en causa real de la violencia, en nuestro país, como en Latinoamérica.

El Informe del PNUD, “Los resultados de la encuesta LAPOP y los registros administrativos recopilados por el PNUD reflejan una asociación paralela entre países con tasas relativamente bajas de delitos y bajas tasas de corrupción —Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá—. En cambio, en los países con alta violencia y delito, los sobornos son relativamente altos —México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia—. Por supuesto hay excepciones, como El Salvador, con mucha violencia y baja corrupción.”

La corrupción es una constante que atraviesa factores, causas y circunstancias que conducen a facilitar y habilitar la comisión de delitos, y la violencia que los acompaña.  La debilidad de las instituciones que rigen un país es consecuencia principalmente de prácticas corruptas sistémicas, impunes por largo tiempo. 

La pobre institucionalidad que permite que la corrupción en todas sus modalidades, sea soborno, tráfico de influencias hasta favores políticos, mina progresivamente los pilares que sostienen nuestra nación, dejando sin función ni utilidad al derecho, a la justicia, vaciando la democracia de la sociedad.

Sin derecho, porque las leyes se convierten en un mero formalismo, para guardar las apariencias de país organizado, pero todos saben que en paralelo discurren unas reglas no formales que implican una dualidad descarada de reglas en todas las relaciones sociales, sean estas civiles, de negocios, u otras, y lo que es peor también funciona en el caso de la comisión de actos ilícitos.  La violación a la ley conllevará a un doble grado de normas, para unos se aplicará la ley tal y como emana del Congreso, y para otros, los beneficiaros de la corrupción, se aplicarán unas normas informales, que generalmente apañan impunidad, privilegios, y ausencia total de transparencia.

Sin justicia, porque en presencia de una dualidad de normas, en donde un grupo recibe todo el peso de la ley formal, mientras otro, se beneficia de la corrupción, recibiendo una justicia aparente, que solo sirve para perpetuar la impunidad.  Ello conduce a la desproporcionalidad en los remedios a la violación de las leyes, y por ende de los castigos o ausencia total de ellos, entre uno y otro grupo.

Esta situación en la que los preceptos de justicia y derecho se aplican con doble estándar, conduce irremediablemente a minar la democracia del país, pues la delegación del poder del soberano que es el pueblo, pierde toda legitimidad cuando los delegatarios que ejercen dicho poder se benefician de un derecho y una justicia hechas a la medida de su bolsillo, o del bolsillo de los beneficiarios finales de la corrupción.  Con el reciente caso de corrupción transnacional organizada por la empresa brasileña Odebrecht, observamos cómo las elecciones pueden ser manejadas desde las cuentas bancarias de unos beneficiarios finales de la corrupción, dejando al pueblo, que es el soberano, a merced de un bombardeo de costosas campañas publicitarias, financiadas por empresas corruptas, que le empujan a seguir la corriente, someterse y comprometer su decisión a merced de dichas campañas.

Conste, que cuando la corrupción se hace sistémica, permea todos los estratos de la sociedad.  Así observaremos corrupción de grandes montos cuando una empresa corrompe para obtener cuantiosos contratos con el Estado; cuando el crimen organizado se granjea permisos para operar libremente su mercado ilícito sin intervención de las autoridades, u obteniendo acusaciones y sentencias favorables a cambio de un pago; cuando las bandas de delincuentes callejeros se asocian a la autoridad, para que les permita actuar con libertad e impunidad.

Entonces lo que en apariencia comienza con la obtención de un contrato del Estado, o la aprobación de una ley beneficiosa a una empresa o grupo de empresas, se va extendiendo como la polilla a toda las estructuras de la sociedad; y se genera el fenómeno sistémico.

Cabe aquí evocar el cuento de Cesar Nicolas Penson, La Muerte del Padre Canales.  Cuando se le pregunta al acusado ¿Quien matò al padre Canales?; el acusado contesta: “la justicia dominicana”

¿Quien matò a Doña Delcy…..Dejo al lector la respuesta.