Doña Delcy Yapor estaba trabajando en las primeras horas de la mañana. Tal vez haría un repaso mental de las tareas del día, una vez concluida la búsqueda de los niños en el minibús que conducía; quizás conversaba, oraba o cantaba con los niños que ya se encontraban en el vehículo. Y de pronto se rompió su rutina. Fue sorprendida por algo inesperado, totalmente ajeno a ella.
Familia, amigos, parroquia, compañeros, los niños que transportaba y sus familias, y nosotros todos los que habitamos la República Dominicana lamentamos su muerte violenta, inexplicable, evitable. Me uno a las manifestaciones de pésame y de cariño a la familia de Doña Delcy Yapor. Esta pérdida y todas las muertes o heridas causadas por la violencia delictual hacen que me “duela el alma”, para usar la frase de la hija de Doña Delcy. Una bala perdida de alguien que hacía justicia por su mano.
Las manifestaciones por video, audio y texto, en las redes sociales, en los medios convencionales de comunicación también, son de reclamo a nuestras autoridades del gobierno para que adopten medidas creíbles, de manera planificada, para frenar la delincuencia que arropa todas las actividades de los que hacemos nuestra vida en la República Dominicana. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Lamentablemente no fue la última.
El momento nos convoca como nación, al empoderamiento de la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de su deber en conformidad con las leyes del país.
Es por esa razón que en este escrito, deseo ir más allá de indignarme, entristecerme, lamentarme o criticar por tan lamentable pérdida y la ausencia de autoridad en las autoridades (la redundancia es adrede), por la situación de indefensión en que nos sentimos en nuestra patria querida a causa de la delincuencia sin freno.
Alguien me dijo una vez en clave Evangélica, que las cosas malas pasan. Y que cuando las malas ocurren, ¿no debemos preguntarnos por qué?, sino para qué? Así parece que lo entendió el esposo de Doña Delcy, cuando expresó: “que su muerte no sea en vano”; que sirva para que la sociedad se movilice más allá de la conmoción, la ira o la tristeza, y exija de forma decidida y pacífica a sus autoridades el cumplimiento de las leyes nacionales, el fortalecimiento institucional y un plan estratégico para prevenir y atacar la violencia que arropa nuestro país.
Considero que la ciudadanía dominicana ya ha dado muestras de que responde a las necesidades de su sociedad, y una representación ha sido La Marcha Verde que este domingo 26 marzo de 2017 se produjo en Santiago. Esta convocatoria, resulta, a mi entender, que no sólo es un reclamo para que enjuicien a algunos políticos, o para que los enjuiciamientos sean desarrollados de manera transparente, por autoridades confiables, más que legales, legitimadas por la credibilidad social. Es un reclamo por seguridad ciudadana, por un NO A LA VIOLENCIA al igual que un NO A LA IMPUNIDAD. Y es que como veremos la violencia delictiva se encuentra vinculada a la corrupción administrativa y la impunidad de los crímenes de cuello blanco cometidos por miembros de los Poderes del Estado.
Me propongo esbozar aquí, algunas ideas respecto cómo desde la ciudadanía (organizada o no como sociedad civil) puede enfrentar la situación de criminalidad irrefrenable que ahoga nuestro país. En primer término, contextualizar el tema, causas, factores, incidencia, para después hacer algunas recomendaciones a la sociedad civil. Aquí no pretendo hacer de manera exhaustiva un análisis teórico, ni estadístico del tema en nuestro país, sino destacar como la corrupción generalizada conduce a la violencia delictiva. La idea aquí, es más bien presentar algunas pistas, vía referencias de la información pública sobre el tema y de otros países que como el nuestro se enfrentan al desafío de la violencia por causas delictivas.
¿Cuánta violencia hay en República Dominicana?
Sin despersonalizar a las víctimas de la violencia citando estadísticas, creemos necesario acudir a las herramientas estadísticas para tener una mejor idea del panorama.
El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, mantiene el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que se ocupa de publicar las estadísticas oficiales relativas a la comisión de delitos y la violencia en el país. (http://observatoriodeseguridadciudadana.mip.gob.do/’ este portal fue reportado como peligroso por antivirus por lo que no pudimos consultarlo)
La Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, mantiene del mismo modo los datos correspondientes a la violencia en el país, registrando por ejemplo, los homicidios cometidos entre 2007 y 2015. (http://www.one.gob.do/Estadisticas/145/homicidios). Las estadísticas dominicanas señalan por ejemplo que en el año 2007 ocurrieron 1920 homicidios de hombres, y 172 homicidios de mujeres, para un total de 2092 homicidios; en el año 2011 se registraron 2284 homicidios de hombres, y 233 homicidios de mujeres, para un total de 2517; en el año 2015 ocurrieron 1522 homicidios contra hombres y 158 contra mujeres para un total de 1680.
De acuerdo a las estadísticas de la ONE, la mayoría de las víctimas de homicidios registrados se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 39 años, siendo en su mayor parte varones. Por ejemplo de 2092 homicidios registrados en el 2007, 1057 se encuentran en las edades entre 20 y 39 años, para una diferencia de 1035 personas víctimas de homicidios que corresponde a los menores de 15 años hasta 19 y los que se encuentran entre los 40 y los 60 y más. La tendencia es más o menos igual en el curso de los años.
La Procuraduría General de la República tiene un informe estadístico de la cantidad de homicidios cometidos en el año 2016 (https://estadisticas.pgr.gob.do/informes-especiales/), 1613 en total, siendo las víctimas masculinas 1446. Llama la atención la clasificación de homicidios “relacionados con la delincuencia”, y los “no relacionados con la delincuencia”, pues en esta última categoría incluye el “feminicidio íntimo”, y la “riña personal”. Esta clasificación causa que la mayor parte de homicidios, 801 en total, no sean causados por “la delincuencia”. El gran total de 1613, incluye 168 homicidios por acción de la policía.
En el año 2015 los homicidios sumaron 1675 en total, de los cuales 822 víctimas fueron “no relacionados con la delincuencia”. Por acción policial cayeron 205 víctimas. En dicho período fue mayor la cantidad de víctimas entre los 18 y 34 años.
Las estadísticas de la Procuraduría General de la República del 2016 revelan que la comisión de homicidios aumenta de viernes a lunes, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago. También es interesante que, de los 1613 homicidios, la gran mayoría (981) fueron perpetrados con armas de fuego. La nocturnidad continúa siendo un factor facilitador a la delincuencia, pues se registra la gran mayoría de eventos entre 6PM y 5 AM.
Observo de la simple lectura de las estadísticas citadas, que la información necesita ser conciliada, centralizada, y presentada de una forma más accesible y dinámica utilizando las herramientas modernas de las Tecnologías de la Información. Nótese que hay una diferencia entre las estadísticas de la ONE y en la Procuraduría, para el año 2015 respecto de la cantidad de homicidios. Ello requerirá de mayor colaboración e integración de sistemas de información y estadísticas entre las instituciones principales que registran y publican los eventos.
Es deseable la ampliación a otros hechos delictivos contra la propiedad, que pudieran potencialmente conducir a la pérdida de vidas, o a algún tipo de violencia, como golpes y heridas a las personas, deberían ser registradas, por ejemplo, los robos, que en la actualidad solo son considerados los que causaron homicidios. Ello presentaría una panorámica más realista de la inseguridad a la que tienen que enfrentarse los dominicanos a diario, y quizás revisar los criterios de clasificación de homicidios relacionados o no con delitos, pues la clasificación actual no considera la comisión de un feminicidio “intimo”, por causas pasionales, o de un infanticidio, como la comisión de un delito, lo cual consideramos un error que conduce a presentar un escenario estadístico diferente al que resultaría de incluirse estos delitos dentro de la clasificación de “relacionados con un delito”.
Del mismo modo debería ser analizada la información estadística disponible de forma objetiva, para justificar las políticas estatales para asegurar a la ciudadanía, la asignación presupuestaria a cada instancia que se encarga de la seguridad ciudadana, y la ejecución de dichos presupuestos.
Especialistas en la materia, como la socióloga Lilian Bobea, han señalado que las mismas no son del todo fiables (http://www.elcaribe.com.do/2016/03/15/las-estadisticas-reflejan-una-baja-delincuencia), pues no se mantiene coherencia entre las categorías medidas, y se pueden encontrar discordancias de datos registrados.
Lo antes expuesto revela que existe un interesante espacio para mejoras, tanto en términos de la calidad de la información, como de la forma en que se presenta y sobre todo “que se hace con dicha información”; a estas mejoras, bien pudiera contribuir la ciudadanía, siguiendo el ejemplo de experiencias de otros países, por ejemplo en México el denominado Semáforo Delictivo (http://www.semaforo.com.mx/).