La violencia como manifestación social según los documentos que así la definen (ONU y OPS) incluye el ejercicio de poder desde la intimidación, amenazas, abuso psicológico, emocional, verbal y físico. Estos contenidos de violencia se pueden identificar claramente en una serie de prácticas y rasgos culturales de esta campaña electoral como son:
- Imposición de un ambiente cultural y social de campaña en forma intensa y extensa. La campaña electoral tiene más de un año en el ambiente social. Esta extensión de la campaña con una mayor intensidad en los últimos 6 meses violenta la vida cotidiana de las personas y afecta el libre tránsito y la armonía social. En las comunidades y barrios tanto en el interior del país como en Santo Domingo se dificulta el desarrollo de actividades sociales y culturales por la irrupción permanente de caravanas, bandereos y “disco-ambulantes” que violentan el espacio de diálogo, reuniones y vida social.
- El ruido y la música alta son prácticas de violencia psicológica y emocional. La presencia cada vez más intensa de las famosas “disco-ambulantes”, vehículos con bocinas con las canciones de campaña es una violación al derecho de las personas al silencio, la tranquilidad y la armonía social. Es una imposición de un ambiente sonoro que entra en conflicto con las libertades.
La lucha por erradicar prácticas de ruido de negocios y personas en las comunidades amparadas en una ley contra el ruido entra en contradicción con la campaña electoral, los partidos políticos infringen esta ley y no pasa nada.
- Campaña mediática basada en acusaciones, personalismo y términos despectivos. El uso de “spots” publicitarios basados en ataques personales a candidatos genera un ambiente de rivalidades personales que se extiende a la vida cotidiana y social y afecta notablemente la cohesión social. En los barrios y comunidades se modelan los insultos, los calificativos despectivos y las acusaciones personales entre los candidatos extendiéndose hacia sus seguidores. Discusiones permanentes entre personas de una misma familia, vecinos/as, lugares de trabajo, mercados y otros provocan riñas y afectan la convivencia social.
- Contraste entre “derroche “ y vulnerabilidad genera irritación e indignación. El uso abusivo de recursos del estado, reparto de dinero, bebidas alcohólicas y “funditas” en la campaña genera indignación. No faltan los casos de comunidades como Las Terrenas donde se incendiaron varias viviendas por la ausencia de un cuerpo de bomberos equipado para frenar el fuego. Igualmente encontramos a muchas comunidades que se mantienen en protestas y movilizaciones por la falta de respuesta a problemas estructurales básicos (ambulancias, calles, escuelas, agua, puentes derribados por lluvias, entre otros…)
- Polarización e Intolerancia desde y hacia la opinión pública. Se acentúa la tendencia cada vez mayor del posicionamiento de los análisis políticos desde los/as comunicadores/as sociales con escasa presencia de posiciones independientes. Esto se acompaña de una fuerte intolerancia desde el oficialismo hacia las posiciones críticas que tienden a ser catalogadas como “opositoras” descalificándose así cualquier análisis crítico con el uso del estigma “perredeísta” o de “conspirador” aún cuando emerge de periodistas y analistas como Nuria Piera, Miguel Guerrero y otros… que han mantenido en todas las gestiones gubernamentales (PRD y PLD) una actitud coherente.
- Uso de armas de fuego de activistas en campañas. En fotos publicadas por Acento se observan en Valverde Mao personas del Partido oficial con armas en las manos y en los bolsillos, estas imágenes se observaron en las escenas de Moca donde murió un dirigente del PRD. El escaso control del porte de armas de fuego en la ciudadanía en general es uno de los factores generadores de inseguridad y violencia social.
- Prácticas e incongruencias de la Junta Central electoral generan desconfianza y aumentan la tensión social. Las actitudes y prácticas de la JCE generan más incertidumbre, desconfianza y tensión por las contradicciones presentes con relación al cumplimiento de las normas y pactos en la campaña permitiendo una extensión e intensidad en la campaña más allá de lo establecido así como el uso de recursos del estado y la violencia. Esto se agrava con lo sucedido con la observación electoral Participación Ciudadana que durante 15 años ha ofrecido a la sociedad civil legitimidad y seguridad en los procesos electorales.
Todos estos elementos erosionan la cohesión social, generan tensión, miedo y con ello violencia y agresividad.
Les toca a los actores políticos, a la Junta Central Electoral y a las autoridades disminuir el efecto de estas prácticas y ofrecerle a la ciudadanía las orientaciones e informaciones necesarias para que fluya la confianza y la armonía social.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY