El Procurador General de la República viajó a Brasilia invitado por el Fiscal General de Brasil, para junto con los colegas de los otros países afectados por los sobornos de Odebrecht, consolidar la colaboración que habían estado comunicándose por carta y por vía telefónica, lo que es un paso importante para ir despejando los obstáculos en el avance del caso en todos estos países.
Lamentablemente se generó una percepción que no se correspondía con la realidad en cuanto a las expectativas del viaje, pues comenzó a rodar que el Procurador traería los nombre de los sobornados, a pesar de que tres semanas antes las autoridades brasileñas habían informado que el contenido de las delaciones premiadas no se divulgaría hasta el 1 de junio, para darle tiempo a Odebrecht a llegar a acuerdos en cada uno de los países afectados.
Un periódico llegó a titular que el Procurador regresaba con las manos vacías y esta percepción obligó a la Procuraduría a publicar el lunes pasado una nota de prensa en la que exponía que nuestro país disfrutaría de un privilegio de prontitud en la recepción de la información. Este privilegio viene del hecho del acuerdo firmado con Odebrecht, en el cual existiría una cláusula que obliga a dicha empresa a entregar “toda” la información antes de que pasen 60 días a partir de la homologación del acuerdo por parte del juez apoderado, lo que implicaría que la información estaría en manos de la Procuraduría antes del 1 de mayo, que es un mes antes de que Brasil divulgue la información el 1 de junio.
Esto sería así siempre y cuando el magistrado Alejandro Vargas autorice el acuerdo, pues si no lo autoriza, el acuerdo se consideraría inexistente, y no se divulgaría, y habría que esperar de todas formas el 1 de junio, al igual que los demás países.
El plazo de 60 días otorgado a Odebrecht es un plazo máximo, es decir esta empresa no puede excederse de ese plazo, pero puede entregar la información antes del plazo. Si realmente la empresa brasileña está actuando de buena fe, entregaría la información tan pronto sea autorizado el acuerdo por el juez. No tiene por qué esperar 60 días, pues el plazo que se estableció en Brasil hasta el 1 de junio es un plazo a favor de Odebrecht, no de las autoridades, por lo que esta empresa puede renunciar a ese plazo. No se puede alegar que se violaría el acuerdo con Brasil, pues este acuerdo establece que la información se divulgaría – por parte de Brasil – el 1 de junio, y Odebrecht acordó con la Procuraduría entregarla antes.
En consecuencia, la presión del ministerio público dominicano sobre Odebrecht debe comenzar el miércoles de la semana que viene, en caso de que el acuerdo sea autorizado por el juez. No necesita esperar 60 días.
En Brasil se firmó la llamada Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, que incluyó aspectos interesantes como hacer oficial que el 1 de junio vence la confidencialidad de las delaciones premiadas, comprometerse a una colaboración “amplia, rápida y eficaz”, promover la integración de equipos conjuntos de investigación bilateral y multilateral, e insistir en la recuperación de activos y reparación integral del daño generado por Odebrecht.
Y mientras el Procurador estaba por Brasil, el presidente Medina trabaja en su discurso que presentará a la Asamblea Nacional este lunes 27 de Febrero y aunque no tenía duda alguna de que se referirá en el mismo al caso Odebrecht, acaba de ser confirmado por el ministro Peralta.
Este escenario ha sabido ser aprovechado muy bien por el presidente Medina. En el año 2013 tocó el tema de la Barrick y disparó su popularidad no solo por su discurso sino por los hechos que siguieron al discurso. También lo hizo el año pasado cuando tocó el caso de Bahía de las Águilas, pero con resultados concretos que pudo ofrecer, y que también elevaron su popularidad, justo antes de las elecciones.
El argumento de que respetará la independencia de la justicia, incluyendo a jueces y fiscales, no será suficiente, como tampoco las consabidas palabras de que el caso debe ser perseguido por las autoridades competentes hasta sus últimas consecuencias, sin explicar cuáles son las medidas prácticas que adoptará para colaborar con esta meta.
El presidente Medina tiene mucho que aportar en estos esfuerzos para que no haya impunidad en este sonado caso de corrupción. Por ejemplo, puede ordenar que cada una de las 17 obras adjudicadas a Odebrecht sea objeto de una auditoría forense que permita determinar el costo de la sobrevaluación y las personas involucradas en las mismas. Para estos fines debería abrir un concurso público internacional para contratar a los auditores para la realización de estos trabajos, con la finalidad de dotar de credibilidad los resultados que se produzcan. También pudiera hacerlo el Procurador General de la República, si se hacen los trámites necesarios para que cuente con los recursos económicos necesarios.
Ya la Comisión nombrada para la planta de Punta Catalina está en el proceso de designar expertos que determinen si hubo o no sobrevaluación, y debería cuidar que esos expertos no tengan los mismos conflictos de intereses que algunos de sus miembros, pues de lo contrario nadie creerá en los resultados.
El presidente no debe entender que su compromiso se limita a Punta Catalina, pues existen otras 16 obras, de los tres últimos gobiernos, que deben ser investigadas y es una responsabilidad del presidente de la República lo que haya ocurrido con las obras públicas en cualquier tiempo.
Este 27 de Febrero espero que el presidente Medina informe un plan detallado de las actividades que emprenderá el gobierno para enfrentar la impunidad y la corrupción. Podría comenzar por hacer que se aplique su decreto No. 486-12 sobre la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, que es pura letra muerta, en el cual, por ejemplo, se estableció la siguiente obligación, incumplida por todos los funcionarios públicos:
“Artículo 7. Presentación de Informes Financieros. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año . La rendición de este informe financiero no exceptúa del cumplimiento de otros informes que sean requeridos por otras normativas vigentes.”
Al presidente y a su equipo no le falta talento y creatividad para diseñar un plan realista, con medidas concretas, que demuestren que su voluntad política ha cambiado para bien en lo que a impunidad y corrupción se trata. Tal vez ha llegado el momento de que el presidente de la República abandone su política de no tirar piedras para atrás.