El próximo 20 de mayo se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Venezuela, nación sumida en una severa crisis económica caracterizada fundamentalmente por una hiperinflación ascendente al 6,000%. A la debacle económica se suman la extrema confrontación política y los sistemáticos conflictos entre los distintos poderes públicos venezolanos. La convocatoria a elecciones, más que rebajar la tensión sociopolítica, viene a elevarla debido a que sobre el venidero proceso recaen fuertes cuestionamientos concernientes a su constitucionalidad y garantías.

La celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela deviene en inconstitucional toda vez que las mismas no han sido convocados por el órgano constitucional competente, dígase, el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino más bien por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, auspiciada por el chavismo y vigente en el país suramericano desde agosto de 2017.

La inconstitucionalidad de los comicios no solo deriva de haber sido convocadas por una institución no facultada, sino también por saltarse los plazos exigidos por la Carta Magna que rige a Venezuela desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución Venezolana, el candidato elegido Presidente de la República tomará posesión del cargo el 10 de enero ante la Asamblea Nacional (Congreso). Como se puede apreciar, en el hipotético caso de que resulte ganador un candidato contrario al actual presidente Nicolás Maduro, en Venezuela se podría agudizar más la ingobernabilidad ya que, desde el 20 de mayo de 2018 hasta el 10 de enero de 2019, el país permanecería con un presidente en ejercicio y otro electo, situación nunca registrada en la convulsa historia política de la nación caribeña.

Otros aspectos que generan cuestionamientos sobre el proceso electoral lo son las inhabilitaciones a potenciales candidatos opositores y el dudoso perfil opositor del principal contendor de Maduro.

Desde 1999 ha venido siendo una práctica en Venezuela inhabilitar, por medio a cuestionados procesos judiciales y administrativos, a atractivos lideres adversos a la causa del Socialismo del Siglo XXI. Este accionar antidemocrático se intensificó tras las protestas escenificadas en 2016 en el país bolivariano en demanda de la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato presidencial, salida democrática prevista en el artículo 72 de la Constitución Venezolana. Entre los principales dirigentes opositores inhabilitados figura el dos veces candidato presidencial y ex gobernador del importante Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

La forma en la que han sido convocadas las venideras elecciones, los obstáculos impuestos a potenciales contendores de Maduro, el rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a revalidar a importantes partidos opositores, como Primero Justicia y Voluntad Popular, así como la negativa del órgano electoral a permitir la observación y un imparcial acompañamiento internacional han obligado a la oposición, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a abstenerse de participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

La decisión tomada por la coalición opositora no ha estado exenta de desacatos en sus filas, siendo el más destacable el de Henri Falcón, ex gobernador del Estado Lara, quien ha inscrito su candidatura presidencial. Falcón fue dirigente chavista hasta pasarse a la oposición en 2008. A lo largo de su militancia opositora Falcón se ha caracterizado por exhibir, en reiteradas ocasiones, posturas contrarias a las acordadas por la coalición opositora, situación que ha generado que muchos le vengan considerando un infiltrado del chavismo en las filas opositoras. Por todo esto la candidatura presidencial de Henri Falcón nos hace a muchos recordar la farsa montada por Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del año 2000, en las que fungió como su principal contendor Francisco Arias Cárdenas, compañero suyo en la fallida intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Poco tiempo después de las indicadas elecciones, Arias Cárdenas regresó a las filas chavistas, llegando incluso a ser gobernador oficialista del petrolero Estado Zulia.

Todas las ilegitimidades que vician las próximas elecciones presidenciales en Venezuela equiparan este proceso al llevado a cabo en Nicaragua el 6 de noviembre de 2016. En aquel país  centroamericano el presidente Daniel Ortega, para imponer su relección, se hizo valer de una serie de artimañas que van desde una amañada interpretación, por parte de la Corte Constitucional, del derecho al sufragio en el sentido pasivo; la instauración de la reelección indefinida; la emisión de un fallo jurisdiccional que despojó de sus 28 escaños en el Congreso al principal partido opositor, el Liberal Independiente (PLI); la anulación de la principal candidatura presidencial opositora;  y el otorgamiento de la autoridad legal del opositor PLI a un allegado al presidente Ortega. Estas cuestionadas acciones dieron como resultado la imposición de Daniel Ortega en unas elecciones en las se cuestiona si realmente tuvo rival.

Si bien el contexto sociopolítico nicaragüense no es del todo equiparable al venezolano, no es menos cierto que ambos países están gobernados por organizaciones políticas que reniegan de los principios de la democracia liberal y exhiben abiertamente un accionar contrario a los elementos constitutivos del Estado de Derecho; además, tanto el sandinismo como el chavismo han utilizado mecanismos parecidos para neutralizar candidaturas opositoras que puedan representar una amenaza a sus respectivos proyectos continuistas. De celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela al margen del ordenamiento jurídico y sin un mínimo de garantías, se estarían de esta forma consolidando más los cimientos del autocrático régimen impulsado por Chávez, heredado por Maduro y emulado por Daniel Ortega en Nicaragua.