En las últimas semanas, se ha generado una gran polémica por el anuncio de la entrega del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
El galardón, instaurado por decreto presidencial a iniciativa del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, honra la memoria de personalidades destacadas de la cultura literaria y humanista.
En este sentido, la entrega del reconocimiento al co-responsable de uno de los movimientos literarios de mayor impacto en el siglo XX (el Boom latinoamericano), autor de varias obras maestras de la narrativa contemporánea, receptor de los galardones más importantes otorgables en el mundo de la literatura, con numerosas condecoraciones y Doctorados Honoris Causa por importantes universades internacionales, constituye un recocimiento merecido que distingue al premio mismo.
No obstante, periodistas, politicos y gente vinculada al oficio profesional de la cultura han manifestado inconformidad con el jurado que ha otorgado el galardón.
En principio, la concesión de todo premio es simbólicamente objetable (en la práctica, las decisiones de los jurados son inapelables), porque se piense que hay otras figuras igualmente destacables que lo merecen, o porque se entiende que existen unos criterios adicionales a los méritos acumulados que el premio también exige y el galardonado no satisface.
Un ejemplo del ultimo caso es el siguiente: imaginemos que existe un premio que tiene como su normativa lo siguiente: “Se concederá el Premio “X” a quien además de haber tenido una destacada y reconocida trayectora en el mundo de las letras haya mostrado un compromiso con la defensa de los derechos humanos”.
En función de este criterio, una persona destacada como novelista, pero que haya mostrado apoyo público a flagrantes violaciones de los derechos humanos no califica para el premio, independientemente de lo significativa que sea su obra para la historia de la literatura.
¿Es este el caso de Vargas LLosa? No, la objeción a concederle el reconocimiento no se debe a que el afamado escritor no cumpla con los criterios establecidos por el galardón. Se le objeta por una razón que es ajena a las normativa del premio: “la ofensa a la nación dominicana”.
Una razón que es cuestionable además, porque la acusación se debe a que el escritor, en pleno ejercicio de su derecho como ciudadano a externar su opinión sobre cualquier tema que considere pertinente, escribió un artículo donde expone una crítica a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en torno a los inmigrantes dominicanos de ascendencia haitiana.
Anteriormente, la protesta sobre el mencionado artículo había alcanzado el grado de grotesca mascarada, cuando se incitó, cual si viviéramos en la Edad Media o en la Alemania Nazi, a ciudadanos dominicanos para que se amotinaran e incendiaran en público los libros del escritor peruano.
Así, lo que pudo ser un saludable debate sobre el cumplimiento o no de los requisitos del galardón se ha convertido en una andanada de insultos y “argumentos contra el hombre”, o en verdaderas muestras de rabietas de sectores que consideran traidor, repulsivo y “persona no grata” a cualquier individuo que no comulgue con sus ideas.
Es un derecho no compartir las ideas políticas de Vargas LLosa, criticar su interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional, o no estar de acuerdo con las posturas del artículo del escritor, pero los premios no deben concederse solo a quienes comparten nuestra concepción del mundo, ni nuestras ideas y sentimientos sobre la nacionalidad.
Por el contrario, en un sociedad con nuestra arraigada historia autoritaria, es un acto de espíritu realmente democrático y civilizado honrar a quienes piensan de manera diferente. En este sentido, el jurado del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña merece nuestro reconocimiento y es lamentable que representantes del gobierno hayan externado una opinion pública desfavorable con respecto al otorgamiento del galardón, llegándose a decir que el mismo fue “políticamente incorrecto”.
Como si un premio debiera entregarse a alquien “políticamente correcto”. Como si el otorgamiento de un galardón debiera darse solo a quienes las autoridades gubernamentales de turno consideraran aceptables por sus ideas.
Las rabietas de los grupos politicos que han presionado al gobierno dominicano para fijar una postura negativa en torno al reconocimiento sientan las bases de un nefasto precedente que puede desnaturalizar un premio que tiene el potential para convertirse en uno de los galardones de mayor prestigio de América.
El debate en torno al premio, viciado ya por los grupos señalados, debió orientarse a si el galardonado cumple o no los requisitos del galardón. Ese debate natimuerto debió contener las preguntas claves: ¿Cuáles son los criterios del galardón? Dados esos criterios, ¿existen argumentos para no concederlo?
El problema con las culturas autoritarias es que, poco acostumbradas al diálogo y a la deliberación abierta, encauza los debates hacia argumentos de popularidad, de fuerza o de ofensa. Hacer causa común con quienes presionan y ofenden al jurado del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña rinden un flaco servicio a la construcción de una sociedad abierta.