Vengo de leer bajo una temperatura moderada de unos 13 grados Celsius, en un parque del pueblo dónde vivo, el artículo que Mario Vargas Llosa publica en El País, “Los parias del Caribe”, que trata de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano.

Lo he leído con la atención y el interés que siempre me concita este autor y además, hasta el ambiente, tirando a frío, me  llevaba a una lectura sosegada de su trabajo quincenal en el diario madrileño.  Por tanto,  lo que voy a exponer seguirá esa tónica, con argumentos de cabeza fría y racionalidad, ante todo.

Vargas Llosa –lo he escrito en otra ocasión-, es no sólo un novelista, un literato, sino que es lo que en nuestra América Hispánica se ha llamado un “pensador”.  Para mí sus escritos de opinión son tan sabios –muchas veces- como interesantes y ricas son sus novelas. Su talento es indiscutible. Pero prefiero el novelista al “opinador” sobre política.

Es sabido que hay una tendencia, cuando alguien es un notable, o una personalidad descollante en cualquier campo del saber o de las artes, extender esa “autoridad” o legitimidad, ganada por su notoriedad en un campo específico, al resto de los campos del saber o de las artes.

Sin embargo, uno puede ser un físico de primera línea, un gran matemático, un médico eminente, pero cuando se opina sobre otros temas alejados de su “especialidad”, sus  comentarios o argumentos, no tienen por qué tener la misma  excelencia. Aunque logren tener gran interés mediático por quien lo firma, pero no por ello, necesariamente, aporte nada de valioso o de sobresaliente.

En primer lugar, debo decir,  casi de entrada, que estoy de acuerdo con Vargas Llosa de que esta sentencia- como ya lo escribí  en mi trabajo “La justicia constitucional y el Presidente de la República”-, no es justa, ni equitativa ni creo que conveniente.

Y especifico, lo creo así, en lo que se refiere a negar la nacionalidad a los hijos de haitianos nacidos en la RD. Y esto,  por el hecho de que las constituciones dominicanas eran en materia de nacionalidad absolutamente basadas en el “ius solis”. Siguiendo en esto una tendencia típica de países que desean atraer inmigración.

Es evidente que si un Estado no desea que esto ocurra – por motivos demográficos, por la relación entre su capacidad productiva y su población, por permeabilidad fronteriza, u otros-,  lo que tiene es que tener una exigencia de nacionalidad más adecuada a sus fines, basada en el “ius sanguinis”, o, combinando ambas.

Ya que las constituciones deben expresar los principios de organización del Estado y uno de los principales es  teleológico: qué país se quiere tener o  se aspira a lograr. Obviamente, la RD no tiene por qué tener el mismo principio de nacionalidad  que  los EE.UU.; ni ellos, ni Canadá, ni nadie, pueden imponernos que lo aceptemos porque a ellos les beneficie o les parezca que es el mejor.

Estoy muy de acuerdo con el artículo de Vargas Llosa  en su denuncia de cómo tradicionalmente se ha utilizado la mano de obra haitiana para su explotación en la RD, en beneficio, como él señala, de “sus clases medias y altas”. Yo le corregiría afirmando que los reales beneficiarios han sido la clase capitalista dueña de los principales medios de producción de la industria cañera, los constructores de viviendas, la burguesía agraria y los políticos que han dirigido el Estado. Y solo subsidiariamente, las “clases medias”.

¿Y quiénes han sido los principales perjudicados, aparte de los propios haitianos? Pues, ni Vargas Llosa ni casi nadie lo dice, por un olvido voluntario,  por un acto fallido freudiano, o por sus concepciones ideológicas, bien neoliberales, bien “izquierdistas-cosmopolitas”, que en esto coinciden con los primeros.

Los perjudicados  son: La gran masa de trabajadores dominicanos que se han visto condenados a reducir  sus expectativas salariales, o, simplemente, dejar de buscar trabajo en un mercado que para ellos resultaba ”no competitivo”, ya que se veían, dicho  descriptivamente , “expulsados del mismo”.

¿Por cuál motivo? Por los bajos incentivos salariales y la sobre explotación, y ante un ejército de reserva laboral haitiano, que aceptaba, obligado a ello, condiciones de trabajo inclusive al margen de los mínimos derechos laborales legales del país. Véase al respecto el estudio económico riguroso y con datos cuantitativos que lo demuestran de manera impepinable de Jaime Aristi (Impacto de la inmigración haitiana sobre el mercado laboral y las finanzas públicas de la RD, 2010)

Algo que me parece exagerado es comparar la sentencia de marras  con el exterminio de los judíos realizada por el nazismo. Aunque hay que decir que en esto, Vargas Llosa no es original, sino que sigue los argumentos expuestos por Haroldo Dilla en un artículo publicado en “cubaencuentro.com” (30/09/2013), anterior al de Vargas Llosa.

A mí –por mi interés de años por la cuestión judía y la Soha-, me parece que es una frivolidad y un intento de banalizar el holocausto judío, buscar comparaciones a todas luces improcedentes e históricamente  inapropiadas, entre la sentencia del Tribunal Constitucional y los campos de exterminio. Doy por sentada la buena intención del símil tanto de Dilla como de Vargas Llosa, pero la falta de proporción entre un caso y otro -no solo medido en estadísticas- , es desde el punto de vista de un recto pensar, no tanto un paralogismo, sino un simple sofisma.

Y  solo les recuerdo que los judíos no tenían un Estado en ese entonces, ni más nacionalidad que la de  los lugares en que nacían, caso que no es el de los haitianos, ya que para la República de Haití, los nacidos de haitianos son nacionales haitianos, nazcan donde nazcan.

Y con ello no niego que los hijos de haitianos nacidos en RD –mientras haya  persistido o persista el principio de “ius solis”-, no sean dominicanos por nacimiento, sino que simplemente expreso que es una trampa intelectual compararlos. Además, de una injusticia  con el pueblo dominicano,  calificarlo o ponerlo al mismo nivel que los actos de los nazis.

Para mí ha sido una profunda tristeza ver como en el gráfico que acompaña al artículo de Vargas Llosa, el grafista de El País, Fernando Vicente, ha colocado sobre la  imagen de la parte dominicana de la isla nada menos que el ignominioso símbolo de la esvástica nazi. Está claro que el rigor se va perdiendo –incluso en la prensa seria-, en aras  del populismo. Es harto más difícil pensar con rigor que ceder ante las bajas o altas pasiones.

Se banaliza el holocausto –insisto-, cómo también los casos de reales genocidios, cuando de manera abusiva se utilizan esos conceptos para aplicárselo a cualquier caso de violación de Derechos Humanos. No es lo mismo. ¡No es lo mismo!

Creo que es de interés nacional e  interés de Estado, que el asunto suscitado a raíz de la sentencia  del Tribunal Constitucional se discuta con la mayor altura y nivel posible. El tener una alta capacidad intelectual   exige demostrarlo dejando paso al predominio de la razón sobre la justa indignación, que se pueda sentir, ante lo que muchos consideramos injusto.

La historia remota y la reciente  de la RD están llenas de injusticias, de indignidades, de actos deplorables y de canalladas sin fin para sus ciudadanos, desde los más ilustres hasta los más humildes. La vida, la política y la historia, no son justas, desgraciadamente. Aunque seguimos luchando para que lo sea.

Pero eso no implica que de pronto y por un solo acto de un alto Tribunal,  los dominicanos en general hayan pasado de ser ese pueblo generoso y amable – de, por ejemplo, cuando el terremoto de Haití, que se quitaba el pan de su boca, que no le sobra, para dárselo a sus vecinos-, a ser unos endiablados nazis, racistas y genocidas.

Lo cierto es que en la vida cotidiana los dominicanos siguen conviviendo  con sus vecinos inmigrantes en el país, sin más conflictos que los que se suelen dar habitualmente, entre comunidades con sus diferencias de hábitos, costumbres y hasta de estilos de vida, en todos los países del mundo. No se pueden sacar de quicio actos aislados y magnificarlos, como si fueran los “modelos” de comportamientos societarios vigentes.

Por último, si quiero señalar que hay cosas que uno –quizás por  su formación profesional y valores cívicos, no acierta a comprender-, una de ellas es cómo se puede ser un demócrata y,  por ende, tratar de que impere el Estado de Derecho, y no digamos un “Estado  social y democrático de Derecho”, y a la vez, estar haciendo llamados para que el Presidente del país ejerza  actos de hiper-presidencialismo, actúe como un César – o dictador temporal-, y rompa el marco de procedimientos legales establecidos constitucionalmente. Simplemente, porque consideremos injusta  una sentencia de un Tribunal,  que no es uno cualquiera.

Por más dudas que existan sobre los defectos de su constitución como tal Tribunal e incluso de las personas que lo componen, y cómo fueron escogidas, lo que es democráticamente inexplicable, es que se pida a quienes están obligados a acatar la sentencia, que la desconozcan. Con ello no se hace un buen servicio a los intereses del país. Y, además, se abre la vía a tentaciones dictatoriales.