El presidente Luis Abinader ha planteado un diálogo nacional en el que, entre otras iniciativas, sugiere una intención de reforma a la constitución de la república. Propone varios aspectos a reformar, y el más relevante es el referido a garantizar la independencia de la justicia.
En este, el presidente corresponde a un viejo reclamo del pueblo político que particularmente desde los tiempos del gobierno de los doce años (1966-1978) ha protestado por la sumisión del poder judicial del Estado a los designios del presidente de la República; en esas circunstancias de singular predominio de la intolerancia y la represión políticas, con afecciones a las libertades públicas y los derechos consignados como letra muerta en la constitución.
Ese reclamo de la independencia de la justicia continuó con énfasis en otras motivaciones durante los gobiernos del PLD (2004-2020), porque estos acomodaron la justicia para que sirviera a sus particulares intereses, les protegiera de posibles persecuciones y sanciones por la comisión de delitos en el manejo de los recursos públicos y otras faltas.
Así que una reforma constitucional para corresponder a esa vieja demanda, debe ser de entrada bien recibida; y sería cuestión del debate, de la crítica-propuesta-protesta, lograr que esa sea objetiva y resuelva los problemas que han motivado las viejas y actuales inconformidades con la gestión del sistema judicial dominicano.
Más allá de este asunto, la intención de reforma constitucional es limitada, y deberíamos protestar otros cambios más significativos, que propendan a una democratización más amplia y definida del régimen político institucional.
Habría que, por caso, desmontar aspectos neo institucionalistas de la actual constitución; la promulgada en el 2010.
El neo institucionalismo es una corriente que da por sentado el triunfo del mercado, de las privatizaciones de áreas importantes de la economía, y sobre ese hecho sugiere las instituciones correspondientes.
Douglass C. North, recibió el premio Nobel de economía en 1993, por sus estudios de cómo las instituciones inciden en la economía, haciendo aportes al neoliberalismo.
La constitución del 2010, tiene sutilezas que dan un marco jurídico sustancial a lo privatizado y la economía de mercado, que se inscriben en aquella tendencia, y deben ser localizadas, y desmontadas en la reforma constitucional. Hay sutilezas de corte neo institucionalista en las referencias al uso de los recursos naturales del país.
Otro aspecto medular a considerar en la reforma refiere al sesgo centralizado del régimen político institucional, expresión de la concentración de la propiedad económica. Este sesgo pervive como esencia del régimen desde los tiempos de Trujillo, y fue un objetivo de la intervención militar norteamericana de 1916.
Hay que quitarle fuerza al presidencialismo, expresión de la centralización del poder, que viene desde los tiempos de Pedro Santana, con el artículo 210 de la constitución decidida el 6 de noviembre de 1844; estaba en el artículo 54, en la de Trujillo; se fortaleció con el artículo 55 de la de Balaguer, la de 1966; y amplió más su ámbito en la del 2010, de Leonel Fernández.
Otra reforma importante en el propósito de la desconcentración del poder, sería volver a darle competencias al poder municipal, como las que tenía antes de que fueran derogadas por la citada intervención militar norteamericana de 1916; cuando los ayuntamientos tenían incidencia efectiva en la salud, educación y seguridad de los vecinos munícipes.
También, inscribir la constituyente, integrada por diputados constituyentes, escogidos por voto popular, secreto y universal del pueblo, para la tarea de decidir la nueva constitución, sería hacer esta realmente moderna. Porque la ciencia política ha generalizado el criterio de que la participación directa del pueblo en la definición y gestión del régimen político institucional, es hoy, el elemento esencial distintivo que hace que este califique de moderno.
Sería hacer justicia con los patriotas del 14- 20 de junio de 1959, que inscribieron esa bandera en su programa político, para superar el régimen trujillista una vez este fuera derrocado.
Además, se inscribiría en la mejor tradición de los liberales criollos del siglo XIX, que siempre que pudieron, impulsaron una constituyente para hacer las readecuaciones político institucionales.
En resumen, es importante que el presidente proponga una reforma constitucional.
Como menos es un aporte a poner la política en debate. Y debate político de altura hace falta desde hace tiempo en el país. A la izquierda nos ayudaría mucho el debate frecuente. Porque abre la oportunidad de recuperar una de nuestras fortalezas que fueron tradicionales.
Pero la intención de reforma del presidente Luis Abinader, aunque interesante en el caso de la justicia, en el aspecto de la centralización del régimen se queda en el marco del que debió morir con la dictadura de Trujillo.
Por eso, hay que ir por más, entrar al debate con otras propuestas de reformas.