La suspensión de las elecciones municipales por parte de la Junta Central Electoral (JCE) el pasado 16 de febrero de 2020, ha generado una serie de manifestaciones pacíficas multitudinarias por todo el país – y hasta en el extranjero.

La JCE explicó que la suspensión se debió a fallos de los equipos que serían utilizados para el voto automatizado. En la mayoría de los equipos de voto automatizado la boleta electoral no cargó completamente. Como consecuencia, muchos partidos y candidatos no figuraban en la pantalla.

La JCE admitió que no realizó un control de calidad a los aparatos. Pero no queda claro si esa fue la causa del fallo o si se debió a un sabotaje.

No se puede votar ni tener elecciones libres con boletas incompletas. Eliminar opciones condiciona el campo de toma de decisión de los votantes y no permite que estos manifiesten libremente su derecho a elegir. Esto afecta la libertad del voto – y en algunos casos, puede constituir una coacción a votar por quien no se quiere (ver el artículo 208 de la Constitución). La exclusión también afecta el derecho de los candidatos y partidos inscritos a ser elegidos.

La JCE enfrentó el dilema entre declarar una suspensión parcial o una total de los comicios. Una suspensión parcial implicaba que en aquellos recintos donde se estaban utilizando boletas impresas, la votación continuara y se contabilizara para dar resultados oficiales.

Sin embargo, esto hubiese generado mayores problemas. Durante la jornada había confusión y desinformación. Entre las denuncias de fraude, sabotaje, disfuncionalidad, mucha gente se quedaría sin votar. Además de que la confusión en torno al alcance de una suspensión parcial podría disuadir de que los votantes de recintos con boletas impresas acudieran a las urnas. Si se desataba violencia generalizada producto de una suspensión parcial, muchos más se quedarían en sus casas.

La JCE admitió que no realizó un control de calidad a los aparatos. Pero no queda claro si esa fue la causa del fallo o si se debió a un sabotaje

Además, el resultado de unas elecciones municipales parciales hubiese sido altamente disputado y litigado y no reflejaría fielmente la intención de los votantes bajo circunstancias normales.

Existe un debate jurídico en torno a si hubo una suspensión o una anulación. Independientemente de esto, la decisión de detener las elecciones municipales el 16 de febrero se tomó a unanimidad entre la JCE y todos los partidos políticos. En retrospectiva, fue la decisión correcta dadas las circunstancias.

Cuidado con lo que pedimos

La suspensión de las elecciones municipales generó preocupación, indignación y decepción en la población. Algunas voces han pedido la cabeza de los titulares de la JCE.

Sin embargo, esto podría tener peores consecuencias para nosotros como país, como intentamos explicar junto a ElMitinRD en un flujograma abreviado que elaboramos (ver debajo).

De hecho, la renuncia de los miembros titulares de la JCE (y sus suplentes, que se percibe son militantes del partido oficialista), sería el camino más corto hacia una crisis política, económica y constitucional severa y duradera.

Si los miembros del Pleno de la JCE y sus titulares renuncian, corresponde al Senado elegir a sus suplentes (párrafo I del artículo 212 de la Constitución).

Actualmente, el Senado se encuentra bajo el control del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que controla 28 de los 32 senadores.

Composición actual del Senado de la República Dominicana (2016-2020): el PLD y sus aliados controlan 28 de 32 senadores

Aún si el PLD decidiera consensuar con los partidos de oposición los nuevos miembros de la JCE ­– algo que no hizo cuando se eligieron los actuales miembros de la JCE –, el proceso de selección podría tardar semanas. También es improbable que toda la oposición y la sociedad quedaran conformes con la selección de los nuevos titulares.

Quizás el punto más crucial es que no debemos salirnos del cauce del calendario electoral constitucional.

La Constitución dice que las autoridades municipales deben elegirse el tercer domingo de febrero de cada año electoral y tomar posesión el 24 de abril del mismo año (párrafo I del artículo 274 de la Constitución). Eso deja muy poco tiempo para conformar una nueva JCE que organice elecciones municipales con votos manuales.

Tampoco conviene aventurarnos a salir del calendario electoral, potencialmente perjudicando que se celebren las elecciones presidenciales y congresuales el próximo 17 de mayo, y en caso de ser necesaria, la segunda vuelta electoral presidencial de junio.

Todo esto tenía el potencial de haber pospuesto indefinidamente las elecciones de 2020. El escenario resultante era de reforma constitucional y potencial extensión del mandato del gobierno actual (artículo 275 de la Constitución). Además, abría la posibilidad de habilitar nuevamente al presidente Medina, eliminado el controversial transitorio vigésimo de la Constitución. Sin mencionar el impacto sobre la estabilidad económica, la deuda pública y el clima de negocios e inversión de nuestro país.

Por ende, la mejor decisión para el país no es pedir la renuncia de los miembros de la JCE. La mejor decisión es reforzar a la JCE, acompañándola en los procesos electorales venideros. Esto, sumado a los esfuerzos de auditoría e investigación independiente por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales (Uniores e IFES), brindan algunas garantías que permitirían continuar con el proceso electoral. Los partidos de la oposición lo reconocen y han acordado una serie de garantías adicionales con la JCE para que esto ocurra.

¡Vamos a votar!

Tenemos que convertir la energía patriótica imperante en votos y participación en las próximas jornadas electorales. Hay muchas formas de colaborar –sea como voluntario, delegado de mesa o como observador electoral. Somos corresponsables con la JCE de salir bien de estas elecciones, por el bien del país.

La forma más fácil de participar es votando. Pero mucha gente no lo hace.

En los últimos tres comicios la abstención ha promediado cerca de un 30 %.

República Dominicana – Niveles porcentuales de abstención electoral en las elecciones de los años 2008, 2012 y 2016. (Elaborados con datos de la ONE)

En las últimas elecciones (2016), las provincias con mayores niveles de abstención fueron el Distrito Nacional (35.9 %), Santiago (35.05 %) y Santo Domingo (34.5 %). Todas con niveles de abstención entre 4 y 6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Curiosamente, además de estar entre las provincias más pobladas, el Distrito Nacional y Santiago han sido los epicentros de las más grandes manifestaciones cívicas recientes.

República Dominicana – Niveles porcentuales de abstención electoral en provincias  selectas y en el exterior en las elecciones de los años 2008, 2012 y 2016. (Elaborados con datos de la ONE)

Las demonstraciones realizadas por dominicanos radicados en el exterior tampoco han faltado. Sin embargo, en 2016, la mitad de los dominicanos registrados para votar en el exterior no votaron, marcando una abstención de 50.8 %.

 Lo anterior significa que, de cada 10 personas hábiles para votar, cerca de 3 no lo hacen.

Si ponemos en perspectiva que para ganar unas elecciones presidenciales en primera vuelta se necesita el 50 % más 1 de los votos de los electores que participan, si de 10 votantes, 3 se abstienen ¡entonces 4 personas de 10 eligen por todos!

Es decir que 4 personas – sólo un 40 % del electorado inscrito – decide por el 60 % restante.

¡No permitas que otros decidan por ti! ¡Vamos a votar!