Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.
En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratan de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.
En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.
Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.
Se trata de posiciones hipócritas: justifican que el gobierno de Danilo Medina se haya asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.
La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.
Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.
En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien claros al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.
Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962″, dentro de un contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.
Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.-