En los artículos anteriores me he preguntado por qué, con escasas excepciones individuales e institucionales, las mujeres organizadas hemos promovido exclusivamente y durante casi dos décadas la despenalización por causales, una propuesta que en términos políticos no nos garantiza derechos básicos y que en términos estratégicos nos ha dado pésimos resultados. (1)
Me atrevo a sugerir dos razones principales. La primera es que ésta ha sido la única posición que ha logrado un consenso más o menos amplio, no sólo entre los aliados actuales o potenciales -como los gremios del sector salud y otras organizaciones de la sociedad civil-, sino también al interior de las propias organizaciones de mujeres, donde las posturas frente al aborto han sido históricamente ambivalentes. La religiosidad y el conservadurismo de la sociedad dominicana se han enarbolado como argumento para no alienar a la opinión pública con posturas pro-derechos que muchos consideran “extremas”.
La segunda razón es que la mayoría de las que abogábamos por la despenalización total durante el primer trimestre nos creímos el discurso del gradualismo como estrategia política. Es decir, asumimos la idea de que la despenalización por causales constituía un paso previo imprescindible para el logro de la despenalización más amplia. Aunque la historia de las legislaciones latinoamericanas sobre aborto debió llevarnos a cuestionar esa certeza, la misma sigue firmemente arraigada en las organizaciones pro-derechos.
Y no solo en las nuestras: entiendo que esta es la razón principal por la que la derecha teocrática se ha opuesto siempre y con tanta ferocidad a la despenalización parcial. Hipocresías aparte, el temor de “abrir las compuertas” al aborto siempre ha tenido más peso para ellos que sus argumentos líricos a favor de la vida del embrión. Sospecho también que el fervor de los teócratas contra el gradualismo ha reforzado nuestra valoración del mismo, contribuyendo en no poca medida a nuestro empecinamiento con lo que ha probado ser un callejón estratégico sin salida.
Mirando hacia atrás con la visión 20/20 que nos da el presente, me pregunto si hace dos décadas las activistas dominicanas no desperdiciamos la oportunidad estratégica de empezar demandando la despenalización total para luego negociar una más restringida, aunque todavía más amplia que las causales estrechísimas que actualmente proponemos. Esa fue la estrategia asumida por las españolas, que tras demandar la despenalización total se transaron en el 1985 por una parcial pero con causales bastante amplias, incluyendo el riesgo para la salud psíquica de la mujer. Desde el 2010 en España se permite el aborto a solicitud de la mujer durante las primeras 14 semanas de gestación.
Claro que en vez de lamentarnos por lo que no previmos hace 20 años lo que toca hacer ahora es plantearnos si no será tiempo de reorientar nuestros objetivos y estrategias y en qué sentido. ¿Qué opciones tenemos en este momento y cuáles elementos estratégicos debemos tomar en cuenta? De entrada confieso que no tengo mucho que ofrecer en lo que a propuestas nuevas se refiere, tarea a la que quizás puedan aportar las activistas jóvenes, con sus ideas y sangre nuevas.
Estoy suponiendo que la plaga política que tenemos en el Congreso no va a despenalizar nada que valga la pena por ahora, visto que no lo hicieron en varias temporadas pre-electorales ni post-electorales, ni tampoco cuando se lo pidió el Presidente de la República. Pero como la mayoría de ellos no vota por principios -ni los tienen- es imposible predecir qué decisiones podrían tomar en el futuro, ni en base a qué coyuntura o cálculo político actuarían, lo que dificulta bastante la tarea de redefinir de estrategias.
Aunque me parece que dentro de las organizaciones feministas y de mujeres se podría lograr en la actualidad un consenso más amplio que hace 10 ó 20 años a favor del derecho a decidir, un cambio de objetivos/estrategias enfrentaría grandes obstáculos, por varias razones. Primero porque organizaciones claves de la sociedad civil –que han sido aliados importantes en la lucha por la despenalización-difícilmente asumirían esta demanda, lo que fraccionaría alianzas y discursos que tomó tiempo forjar.
Segundo, porque creo que en estos momentos los movimientos de mujeres/feminista son más débiles que hace una década. Recordemos que en los momentos críticos de la reforma del Código Penal no hemos podido generar nada que se aproxime a la gran movilización social de 2008-2009, durante la lucha contra el Art. 30 (actual Art. 37) de la Constitución (2). Pensemos en las marchas multitudinarias, los piquetes frente al Congreso, los meses de comparecencias constantes en programas de radio y televisión, los artículos periodísticos y publicaciones, las denuncias internacionales, las conferencias y eventos coordinados con Católicas por el Derecho a Decidir de México, GIRE y otras organizaciones hermanas, que nos enviaron excelentes abogadas y teólogos a discutir con el público las posiciones éticas y jurídicas sobre el aborto, etc.
Esa movilización cementó las principales alianzas con la sociedad civil y en su momento amplió significativamente el apoyo ciudadano a las causales –apoyo que desde entonces ha decrecido bajo el influjo de la propaganda religiosa incesante -. No sé las demás activistas de esa época, pero yo todavía no me recupero de la desilusión de ver fracasar ese gran esfuerzo de manera tan estrepitosa, a pesar de que, para julio del 2009, en el momento culminante de la movilización, la Encuesta Gallup-Hoy mostraba que el 80% de la población favorecía la despenalización del terapéutico.(3)
Lo que nos lleva al último factor a tomar en cuenta, quizás el de más peso a lo largo de todo el proceso: los movimientos sociales –y particularmente los de mujeres- no tenemos interlocutores válidos dentro de este sistema político disfuncional y corrupto, en el que no existen mecanismos para la participación ciudadana más allá de los shows demagógicos y clientelistas que ocasionalmente nos escenifican.
A ese simulacro de democracia, a la que no le importa la opinión pública ni el funcionamiento de las instituciones, se le vio el refajo con el fracaso del 2009 y se le ha seguido viendo durante toda la cronología del Código Penal. Cuando Aris Balbuena plantea que “… los derechos… son conquistas en la lucha política que se corresponden con la capacidad de ciertos actores de inscribir parte de sus intereses en el relato político dominante” (4), está presuponiendo la existencia de una democracia mínimamente funcional, cuando en RD está clarísimo que, con la excepción de los grandes poderes fácticos -el alto empresariado y la Iglesia católica- el sistema político difícilmente responde a los intereses de la población, por más justas que sean sus demandas y por más respaldo social que éstas tengan.
Y mientras los políticos dominicanos sigan pensando que mantener una postura “ética” frente al aborto les dará un barniz de decencia –aunque sigan revolcados en la pocilga de la corrupción y el descrédito- la verdad es que se me hace difícil vislumbrar una salida. Por eso cruzo los dedos para que otras compañeras de mi generación, para que otras y otros activistas jóvenes, puedan aportar el entusiasmo, la visión y las estrategias que necesitamos ahora para avanzar en la consolidación de la ciudadanía de las mujeres, que es también la de todos los dominicanos.
Notas:
1.En este análisis me estoy refiriendo a la estrategia impulsada por los movimientos de mujeres a partir de la creación de la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado a comienzos de los años 2000, si bien en el 1991-92 hubo un breve período de activismo en torno a la aprobación de la Ley General de Salud.
2.Para una descripción detallada de este proceso ver: Paiewonsky, Denise. 2010. “Algo extraño ocurrió camino a la prohibición constitucional del aborto”. En: Marco Coscione (Coord.) América Latina Desde Abajo, 3ra edición. Ediciones Cambio Progresista, Santo Domingo.
3.Periódico Hoy, Encuesta Gallup-Hoy, 22 de julio del 2009
4.Op. Cit., pag. 7