La libertad es una gran palabra; pero bajo la bandera de la libertad
de industrias se han hecho las guerras más rapaces, y bajo la bandera
de la libertad de trabajo se ha expoliado a los trabajadores. La misma
falsedad intrínseca lleva implícito el empleo actual de la expresión
“libertad crítica”. […].
Lenin
De insólito debe calificarse la actitud de quienes en aras de la “libertad” impugnan a la autoridad sanitaria por ejercer sus funciones de policía médica en las acciones para controlar la embestida patógena del Covid-19. El concepto de policía médica no es contemporáneo, se maneja desde 1784 cuando el alemán Johann Peter Frank, dictó varias conferencias sobre el particular en la Universidad de Gotinga (Alemania), y para 1799 se publicaba su tratado sobre el tema, normas adoptadas no solo en Alemania, sino en Austria, Italia, Francia y Estados Unidos. Fue considerable este aporte a la sanidad ambiental y en el deslindamiento de los campos entre medicina preventiva y curativa. A partir de entonces se dispuso de mayor auge en las cuarentenas a los barcos y el aislamiento para las escasas enfermedades contagiosas reconocidas en la época.
Desde antaño la autoridad sanitaria ha tenido derecho a tomar medidas profilácticas compatibles con la policía médica, la lepra fue la primera enfermedad que se tomaron acciones preventivas para evitar su propagación. En nuestro medio, en el siglo XVII fue creado el hospital de San Lázaro en las afueras de la ciudad, como asilo o centro de reclusión de contagiados.
Siguiendo las normas de policía médica en el país, hasta principio de siglo XX cuando se detectaba un caso de enfermedad infecciosa se ordenaban medidas restrictivas radicales.
Se llegaba al extremo que en locales de negocios diversos, se impedía la entrada de personas con ese tipo de patología. Tenemos no pocas informaciones sobre estas medidas, de inmediato citaremos una de ellas, un anuncio publicado en marzo de 1905 en El Diario, de Santiago:
“ENTERESE EL PUBLICO No permito que en mi barbería se vengan a arreglar personas que tengan enfermedad contagiosa, si no quieren exponerse a un desaire”.
“Yo hago saber que cuento con un operario bastante competente para el efecto. José Dolores Andújar”.
En febrero de 1911 se presentó un importante brote de difteria, el eximio médico Fernando Defillo ocupaba el cargo de jefe de sanidad, notificó dos casos en la Atarazana. El periódico El Tiempo publicó las instrucciones oficiales ante uno de los casos de referencia:
“Se recomienda a las personas que no residan en esta casa, que se abstengan de penetrar en ella. Los individuos de la familia que tengan que salir a la calle, no deben penetrar en la habitación del enfermo”.
“Ningún niño de esta casa le está permitido asistir a la escuela hasta que lo autorice la sanidad”.
“Las autoridades policiales velaran por el cumplimiento de estas disposiciones”.
Para este lapso se conocía la antitoxinas diftérica, desde entonces terapia eficaz para los afectados de difteria y las medidas de policía médica eran más flexibles. Diez años atrás se colocaban cuerdas en la cuadra de la casa de estos enfermos, y no se permitía el acceso a esa vivienda de ninguna persona no vinculada íntimamente con el paciente.
En la actualidad por año y medio cobró vigencia el toque queda, que perjudica la libertad de tránsito de los ciudadanos, pero permitió limitar la propagación del Covid-19 en reuniones públicas nocturnas, principalmente en los “teteos” que bajo el ritmo de la alegría hacen olvidar todas las medidas de prevención, eso es ejercer la policía médica.
Si desde un principio en vez de despachar a los positivos asintomáticos hacia sus casas se hubiesen retenido en locales de aislamiento (como los grandes hoteles cerrados) la expansión de la enfermedad pudo ser más restringida. En aras de no ser tildados de represivos, este procedimiento fue descartado por las pasadas y presentes autoridades sanitarias.
La actual medida de solicitar la tarjeta de vacunación para penetrar a locales públicos y privados no contraviene ninguna ley. Las autoridades sanitarias están autorizadas a fiscalizar y cerrar locales públicos y privados donde se ponga en peligro la salubridad de la población, el ingreso de un potencial portador de la COVID-19 a uno de esos locales atenta contra esa disposición.
Ahora bien, las autoridades con medidas incoherentes alimentaron las suspicacias en ciertos sectores de la población que, por motivos triviales, se han mantenido incrédulos en torno a la efectividad de las vacunas. Decimos esto porque luego de iniciar un proceso de vacunación con Sinovac que iba en ascenso, de repente arrojaron un manto de dudas sobre esta vacuna cuando tan solo habían discurrido tres meses del proceso de inmunización. De modo sorpresivo anunciaron de inmediato era necesario una tercera vacunación con otra vacuna, sin presentar ningún estudio previo. Cuando se cuestionó esta medida alegaron que esa tercera dosis era “voluntaria”, transgrediendo una disposición semiológica en medicina que dispone el diagnóstico y tratamiento solo debe ser decidido por el médico, no por el libre albedrio del paciente. Además los estudios internacionales vigentes recomiendan la tercera dosis a partir de los seis meses de la inoculación de la segunda dosis, por la natural disminución de la titulación de anticuerpos, como ocurre en la mayoría de las vacunas contra otras enfermedades.
Sin dudas fue imprudente la actitud del llamado gabinete de salud dejando entrever aprensiones contra la vacuna Sinovac, actitud que contribuyó en gran medida a que se congelara la inmunización con dos dosis en un 40% de la población.
Consideramos que la precipitación al adelantar el proceso de la tercera dosis antes de los seis meses se debió a la imposición que le hicieron las empresas multinacionales fabricantes que le entregaron algunos lotes de vacunas cuyo tiempo de caducidad estaba próximo, por eso las autoridades se vieron en la necesidad de obsequiar esos paquetes a otros países. Aunque por experiencia sabemos que los medicamentos fuera de la fecha oficial de caducidad, todavía tienen cierto espacio de tiempo que garantizan su efectividad. Todos los días la prensa nos trae informaciones de la escasez mundial de las vacunas, por el impacto positivo que estas han demostrado en el enfrentamiento con la pandemia.
También es poco consecuente que las autoridades después de descargar un chorro de desconfianza sobre la efectividad de la vacuna Sinovac, ahora la recomienden para menores de edad, obviando sus consideraciones previas, sin una autocrítica. Lo cierto es que esta vacuna ha sido probada en niños con efectividad, al igual que los adultos y aprobó todos los requisitos de la fase experimental.
Las vacunas contra la COVID-19 han sido un nuevo triunfo de la biotecnología. En tiempo récord fueron sometidas a todas las pruebas reglamentarias y desde ya a nivel mundial se están cosechando sus frutos, pues el paulatino retorno a la normalidad ecuménica ha sido consecuencia de la campaña de inmunización mundial. Si el más allá existiera millones de humanos, que en el pasado fueron víctimas de las epidemias feroces que se prologaban por décadas, asombrados saludarían este nuevo triunfo de la medicina que en tiempo récord ha logrado obtener el antídoto eficaz para un enemigo de gran voracidad patógena.
En beneficio de la salubridad pública se debe insistir en la exigencia del carnet de vacunación adjunto a un documento de identidad para vencer a la COVID-19 invasora. Estos tiempos donde reina con todo vigor la ciencia, no son para estimular banalidades o supercherías. Solo debemos observar el doloroso saldo mortuorio que nos ha dejado la pandemia; en menos de dos años ha asesinado a más de 4000 dominicanos, estoy seguro que con medidas preventivas más enérgicas la mortalidad fuese menor. Es injustificable que ahora, cuando el avance de la medicina nos ha brindado la oportunidad de neutralizar de modo definitivo su agresividad, ciertos sectores pretendan se continúe alimentando este holocausto con la vida de miles de dominicanos en aras de tergiversar el verdadero sentido del vocablo libertad.