Como este tema puede tener tantas explicaciones como economistas existen, algunas veces hay coincidencia en ciertas cosas.
A nuestro entender, no hay un riesgo latente a una crisis en el corto plazo que amerite una asistencia urgente del FMI. A mediano plazo esto parece inevitable si las cosas no cambian.
Mientras las remesas, el turismo, las zonas francas, las exportaciones de bienes y la inversión externa neta sigan creciendo y contribuyendo con una entrada de divisas de alrededor de US$28,000 millones anuales, el país puede cubrir el alto déficit de la balanza de bienes (US$7.5 mil millones) y mantener una tasa de cambio estable, cubriendo a su vez la demanda de dólares de los importadores y de los acreedores.
El problema es que, si el precio del petróleo sigue subiendo o se mantienen donde esta, habría que buscar este año unos US$1,500 millones adicionales a lo presupuestado para el 2018 a fin cubrir las importaciones de hidrocarburos y eso restringe el mercado de divisas presionando la tasa de cambio.
Es posible que este sea el año donde el peso sufra su mayor devaluación (aunque moderada) desde la crisis bancaria. Eso ayudaría a mejorar la competitividad del país para expandir su posicionamiento en los mercados internacionales.
No obstante, si las remesas, el turismo y las zonas francas mantienen un ritmo de crecimiento mayor al del 2018 (sobre el 7%), esto puede paliarse parcialmente. También hay que enfocarse hacia la búsqueda de más inversión externa, especialmente en minería y turismo.
Por su parte, las reservas netas del Banco Central están en un buen nivel (tres meses de importaciones) alcanzando US$7,202 millones al mes de abril). Hay que observar que el nivel de reservas respecto al mes de febrero pasado cayó en alrededor del US$800 millones.
La inflación es otro problema que enfrenta la economía. Con el precio del petróleo en aumento, es posible que en el 2018 esta variable cierre cerca del 5%, salvo que no se revierta esta tendencia.
Este nivel de inflación requerirá cierto ajuste en los salarios ya que sumando el nivel del 2017 (4.20%), estamos hablando de una inflación de casi 10% en dos años.
Otro riesgo es el aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso encarecería la deuda externa que contraiga el gobierno en el futuro. Es casi seguro que haya un aumento de tasa en junio.
Ese encarecimiento va a generar mayor demanda de dólares para pagar los intereses de esos préstamos y podría afectar adversamente el flujo de dinero hacia el exterior.
Y hablando de la deuda consolidada del país, esta se encuentra en los alrededores del 55% del PIB, requiriendo un 22% de los ingresos tributarios solo para pagar intereses.
Por ejemplo, Grecia paga en intereses el 4% del PIB con una deuda de 176% del PIB, y nosotros un 3.2% del PIB con una deuda sobre el PIB tres y media veces más pequeña, algo definitivamente absurdo. La tasa de interés que paga Grecia es 4% menor que la nuestra.
La baja presión tributaria (13.9% del PIB) es otro problema que acrecienta el riesgo de un potencial impago de la deuda en el mediano plazo.
Aquí casi todos los economistas están de acuerdo y platean al unísono que el país requiere con urgencia una reforma fiscal integral que incluya algunos aditamentos restrictivos, especialmente poniéndole un tope a la deuda pública.
Pero esta reforma no resolverá el problema por si sola, aunque suba la presión fiscal en un 2% o 2.5% del PIB, que es mucho dinero (unos 100 mil millones de pesos). Con eso la presión fiscal se elevaría a un 16% o 16.5% que es aún baja.
Pero ese nivel podría considerarse demasiado alto en una economía dominada por la informalidad.
El problema mayor esta en la mala calidad del gasto. No tienen sentido darle mas dinero al gobierno para que siga derrochándolo en empleomanía, corrupción y clientelismo. Si estas tres cosas no se combaten entonces la reforma fiscal no servirá para nada.
Finalmente, hay nubarrones en el horizonte.
En la medida en que la expansión monetaria (liberación de encaje) que se inicio en agosto del pasado año se vaya diluyendo en esa misma medida la economía podría volver a ralentizarse.
O sea, el crecimiento económico no cerrará el año con tanta fuerza como comenzó en el primer cuatrimestre. Sin embargo, si el PIB crece un 5% en el 2018, estaría muy bien.
No analizamos los aspectos sectoriales porque comenzando por la salud, pasando por la educación y terminando en resto de los servicios públicos (agua, energía y saneamiento), todo es un desastre.