“Para que un incentivo fiscal sea eficiente debe de cumplir con sus respectivos objetivos y estar establecido de forma precisa por ley, de lo contrario restaría transparencia a la política fiscal y desviaría la asignación de los recursos del Estado.”
El incentivo fiscal es un estímulo en forma de reducciones o exenciones en el pago de ciertos impuestos que se concede a ciertos sujetos para promover la realización de determinadas actividades de interés público por el Estado, tales como la creación de empleos, el fomento de la inversión, la contribución con el cuidado del medio ambiente, la promoción de exportaciones, el desarrollo de ciertas regiones, la industrialización, entre otros.
En la República Dominicana, los incentivos fiscales se encuentran reconocidos por la Constitución y el Código Tributario y así se aplican a través de leyes especiales debidamente aprobadas por el Congreso Nacional. Por lo cual, el legislador dominicano consta de una amplia facultad para crear normas que establezcan tributos, pero también para modificarlos o eliminarlos.
En términos generales, un incentivo fiscal cumple un propósito útil si los beneficios sociales que genera superan los costos que lleva aparejados. Actualmente, existen numerosos regímenes preferenciales que ofrecen incentivos fiscales regulados por leyes especiales – Zonas Francas (ley 8-90), Desarrollo Fronterizo (ley 28-01), entre muchos otros – no obstante, su utilización para promover empleos, inversión y demás actividades de interés público ha despertado cierta polémica respecto de su conveniencia, su eficacia y transparencia. De hecho, en los últimos años, se ha discutido de manera frecuente sobre la magnitud del sacrificio fiscal que se realiza con la implementación de algunos regímenes preferenciales.
Y es que los beneficios fiscales que le son otorgados a ciertos regímenes preferenciales reducen total o parcialmente la carga tributaria de estos sectores generando una menor recaudación de impuestos y obligando a aumentar la presión tributaria sobre el resto de la economía. Así también es importante resaltar que se vuelven más complejos los sistemas tributarios, incrementando los costos de cumplimiento y favoreciendo la evasión fiscal. Por lo tanto, un incentivo fiscal que no cumple con sus respectivos objetivos y que no esté establecido de forma concisa y precisa por la ley resta transparencia a la política fiscal del país y tiende a distorsionar la asignación de los recursos del Estado.
Tomando en cuenta la crisis sanitaria y económica que está viviendo el país actualmente, la necesidad de reducir costos y aumentar ingresos públicos, ¿por qué no utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para revisar y mejorar nuestra legislación vigente? Entre otras cosas, sería atinado proceder con una revisión técnica de todos los regímenes preferenciales vigentes a la fecha que cuentan con incentivos fiscales, ya que los mismos tienen un impacto directo en nuestra economía.
Hoy en día contamos también con instrumentos internacionales tales como las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y su proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), más específicamente su Acción 5, para realizar este trabajo, con el fin de poder asegurar que estos regímenes preferenciales no sean utilizados como vehículos para la erosión de la base y traslado de beneficios.
La idea de esta revisión es evaluar los costos fiscales, los beneficios y la eficiencia en el logro de los objetivos de cada régimen preferencial a los fines de poder determinar si el mismo puede ser considerado como nocivo o no para la economía del país y en base a esto proceder a modificarlo o enmendarlo. Asimismo, la idea es asegurar la transparencia a los fines de incrementar la seguridad al momento de implementar un régimen preferencial y proponer una solución en cuanto al problema de la evasión fiscal.
Se entiende por falta de transparencia que los detalles del régimen preferencial establecidos en su marco regulatorio o su aplicación no están claros, que no existe una supervisión constante del régimen o que no existe intercambio de información eficiente con relación al mismo. En este sentido, además de proponer una revisión técnica integral de los regímenes preferenciales ya existentes, existen otros mecanismos que permitirían regular y controlar su eficacia y efectividad a mediano y largo plazo tales como:
- Someter los incentivos fiscales a un proceso legislativo consolidado en el marco del derecho tributario
- Examinar sus costos fiscales anualmente como parte de una revisión del gasto tributario
- Promover la transparencia tanto legal como administrativa
- Promover la implementación en cuanto al intercambio de información automático entre la administración tributaria y los sujetos beneficiarios del régimen preferencial (e.g., acuerdos obligatorios entre el contribuyente y la administración tributaria)
- Designar una institución para la debida aplicación y cumplimiento de todos los incentivos fiscales, ya que muchas veces el problema son las entidades que lo regulan.
La idea de esta propuesta no es limitar el uso de regímenes preferenciales – que son una excelente herramienta para generar empleos, atraer la inversión extranjera y muchas otras actividades de utilidad pública – sino más bien asegurarse de que todos cumplan con objetivos claros, a los fines de que sean efectivos para la economía del país, fuertemente fragilizada por la crisis sanitaria y económica que está atravesando.