A partir de la crisis política electoral del 1994, las fuerzas partidarias tomaron decisiones que fortalecieron la institucionalidad del país, en varios aspectos. Se modificó la constitución y se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo que seleccionaría los jueces al margen de los partidos; se conformó la Junta Central Electoral, con miembros sin compromisos partidarios. También se estableció la segunda vuelta electoral y la separación de la elecciones congresuales y municipales de las presidenciales.
No obstante estos valiosos cambios, a 22 años de los mismos se observa una situación de involución social, cultural y política. El espíritu de lo logrado en el 1994, se ha perdido. Quedan las instituciones, pero no los resultados ni el funcionamiento esperado de las mismas.
En ese mismo sentido, en estos momentos se observa una situación de lucha por el poder que avistan crisis y conflictos difíciles de resolver. El grupo económico-partidario que se cree poseedor del derecho de ostentar para siempre el poder, cada vez más comete acciones que empeoran lo que queda de la malograda democracia dominicana. Es evidente que este grupo tiene el control de la Junta Central electoral, Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Todos estos organismos en una sola mano es muestra fehaciente de esa realidad antidemocrática del país.
Este control institucional garantiza la impunidad ante las acciones de corrupción, la violación de las leyes y de la propia Constitución. También pasa por alto las denuncias de sobrevaluación presupuestaria de las obras, de fraudes electorales y de inoperancia de varias instituciones de servicios.
Estas son razones que hacen imposible la atención y solución de los problemas cruciales del país, tales como el deficiente servicio de energía eléctrica, el descalabro de los hospitales, la inseguridad ciudadana, el desempleo y el alto nivel de pobreza. Los cuales, lejos de resolverse, empeoran.
Por otro lado los partidos de oposición, en su mayoría, desarrollan una lucha por alcanzar el poder, no necesariamente para lograr los cambios que requiere y exige la sociedad. La ausencia de propuestas de solución y la pasividad ante las irregularidades y violaciones constantes a las leyes, crea desconfianza y le dice a la población que lo que se busca es un cambio de grupo o corporación en el poder.
Mientras tanto, las entidades sociales como las iglesias, los grupos empresariales, juntas de vecinos, clubes y sindicatos, nacidos con propósitos loables, más que incentivar a la población a reaccionar y exigir, se han dedicado a empeorar la situación, legitimando las malas acciones de las autoridades y grupos de poder.
En otro orden hay organizaciones sociales, campesinas, sindicales, comunitarias, de profesionales, barriales y partidos alternativos que junto con sus dirigentes se mantienen activos, reclamando y exigiendo solución a los tantos y constantes problemas sociales. No obstante, en muchos casos se conforman, solo con criticar.
La razón es que muchas de estas entidades adolecen de la capacidad estratégica, de conocimientos de la realidad social, política, económica y cultual, así como de formación ética-política y de estrategias de articulación social. Por esta razón, sus dirigentes se mantienen en un estado de vulnerabilidad, lo que los convierte en presas fáciles de los grupos económico-partidarios abanderados del modelo económico y político neoliberal, del nepotismo, de la corrupción y otras acciones desleales y deshonestas, en perjuicio de la organización y su membresía. Estas son algunas de las causas y razones por las cuales el movimiento social se encuentra en estado de debilidad y muchas organizaciones presentan un deterioro creciente en su funcionamiento.
Los acuciantes e innumerables problemas sociales, junto con los familiares y personales les restan posibilidad a las y los dirigentes y miembros de las organizaciones para impulsar y proyectar los procesos de transformación social. Esto mantiene a las organizaciones sociales y alternativas operando bajo la improvisación, visión cortoplacista y planes insostenibles.
Esto trae la ausencia de logros importantes, para la colectividad y la observable desmotivación de la membresía. Lo que ha provocado la reducción cada vez mayor de personas que asuman el trabajo voluntario y el compromiso con acciones que impliquen sacrificio y capacidad de servicio.
Toda esta situación obliga a pensar y decidir en acciones pertinentes y necesarias que permitan avanzar hacia cambios verdaderos y que sean sostenibles. Que estos cambios vayan en procura de lograr el reconocimiento y aplicación de los derechos ciudadanos, de las leyes y del fortalecimiento y funcionalidad de las instituciones, políticas, sociales y culturales, entre otras.
Con el nivel y capacidad del liderazgo que actualmente desarrollan las organizaciones sociales y partidos alternativos, es muy difícil avanzar hacia propósitos que contribuyan con una vida digna. Por lo que se hace fundamental definir una estrategia bien concebida que tienda a fortalecer a los y las dirigentes, líderes y lideresas de las organizaciones.
Es necesario y urgente que en las organizaciones se procure desarrollar capacidades, compromiso, una actuación ética y los conocimientos de la realidad social, política, económica, ambiental y cultural, tanto del país como de los territorios donde desarrollan su accionar. También que desarrollen destrezas que le permitan planificar procesos y actividades, facilitación de capacitación, manejo de tecnología, desarrollar investigaciones, facilidad de comunicación y buen manejo de las relaciones humanas.