“La mayoría de los casos de sicariato y narcotráfico a gran escala hay militares y policías involucrados”Yeni Berenice Reynoso, Fiscal Distrito Nacional.
La Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, declaró en días pasados que “en el 90% de los casos del crimen organizado registrados en el país hay militares y policías involucrados” información que no sorprende a la ciudadanía, por la alta percepción de los niveles de corrupción que permea la institución policial y por la delincuencia enquistada en sus estructuras.
Llama la atención como distintos sectores y actores de todos los niveles de la sociedad dominicana en los últimos años han realizado aportes, propuestas y demandando una reforma integral de la institución policial con escasos resultados a la fecha y por la resistencia u oposición de quienes se benefician del desorden institucionalizado.
En un Estado Social Democrático de derechos la función fundamental de la Policía Nacional, es de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir acciones delictivas y perseguirlas e investigarlas bajo la dirección del Ministerio Público.
En el caso de la República Dominicana los esfuerzos por adecuar la Policía Nacional, a sus fines, han generado tensiones que imposibilitan el proceso de trasformación de un cuerpo represivo, anticuado y corrupto, por una institución que trabaje en colaboración con la ciudadanía, con principios éticos integrados en sus filas y apegado a la legalidad, la transparencia e integridad.
En el proceso de reforma de la Policía Nacional será necesario impulsar cambio estructurarlesprofundo de todo el modelo, enfocando una visión de respeto a los derechos humanos, de la profesionalización y tecnificación y garantizar condiciones laborales dignas para todos/as sus miembros.
Un aspecto fundamental reformar en el proceso de cambios profundos que debe ser sometida la institución policial, se encuentra la distorsión en la estructura de recursos humanos, marcada por una macrocefalia evidente por la concentración de funciones, puesto en el orden administrativo y logísticos en la jefatura y en la Plana Mayor.
El Informe Situación de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana 2003-2013, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 147º Período de Sesiones, indica en el caso de nuestro país datos relevantes que deben ser considerados en el proceso de reforma institucional de la Policía Nacional, en entre ellos el siguiente:“Los 27.458 los integrantes de la Policía Nacional, el42,33 % -11.622 efectivos no desarrollan labores directamente operativas, sinoque desempeñan diversas tareas administrativas, de apoyo logístico,asistenciales, de custodia de funcionarios y dignatarios, de asuntos internos yde capacitación policial. No obstante, de este conjunto, 7.656 efectivos es decir, el 27,88 % de la fuerza realizan quehaceres exclusivamenteadministrativos en las diferentes dependencias de la Plana Mayor de lainstitución, particularmente, en el ámbito del Cuartel General y de lasdependencias de la Dirección de Áreas. Ello equivale a la mitad del número depolicías que desarrollan labores en unidades específicamente operativas de laPolicía Nacional 15,250 efectivos, a un poco más del total de uniformados quetrabajan en el ámbito de las 44 Compañías de la institución 6, 916 efectivos a más del doble de efectivos que hacen tareas de investigación criminal 3,198efectivos”.
La nueva Policía Nacionaldebe conducir a una nueva estructura de gestión, adecuada a laproblemática delictiva, a su prevención e investigacióny debe fundarse en su carácter civil, rompiendo con su práctica militarista, represiva, autoritaria. Redefiniendo su estructura jerárquica, saneando sus altos mandos, los cuales no responden a una visión apegada a los principios democráticos, sino a estructuras históricas del Trujillismo-Balaguerismo-Leonelato
Una policía acorde con el Estado Social y Democrático de Derecho, necesita impulsar actuaciones, prácticas y acciones de respeto de la dignidad humana, de respetodel ordenamiento jurídico, de un sistema de consecuencia para sancionar las inconductas, reduciendo los niveles de impunidad en los casos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.