“El Ministerio de Energía y Minas hizo sus recomendaciones sobre las áreas de sus competencia: legal, técnica y financiera. No es responsabilidad de la institución evaluar el impacto ambiental, independientemente de que nuestros técnicos entendían que, por el carácter de la explotación y su plan minero, el proyecto era ambientalmente viable. Consideramos que a este proyecto y a sus inversionistas les fueron afectados sus derechos, después de haber destinado de buena fe millones de dólares en la exploración y en la realización de un estudio de impacto ambiental. Esto equivale a reprobar a un estudiante antes de examinarlo, algo inconcebible, injusto e ilegítimo”-Dr. Antonio Isa Conde, exministro de Energía y Minas, en: Relatos de la vida de un desmemoriado, 2da. Edición, Santo Domingo, 2021.
Hoy, atendiendo a los requerimientos del marco de una minería responsable, las empresas mineras muestran una politica ambiental. Esta política, en el caso de la GoldQuest, tiene como lineamientos clave el compromiso de realización de negocios de una manera ética, atendiendo a las directrices de la Responsabilidad Social Corporativa; el control y supervisión constante de los aspectos ambientales y de la tecnología que se utiliza, a fin de aplicar métodos de mejoramiento continuo; minimizar, neutralizar o mitigar los posibles impactos de los proyectos mediante la implementación de planes de manejo y control ambiental, siempre incorporando la mejor tecnología, incluida las que lucen más esperanzadoras entre las llamadas emergentes.
También la revisión y perfeccionamiento de los programas de salud y seguridad ocupacional, así como los de respuesta ante posibles situaciones de riesgos funcionales o emergencias; desarrollo de actividades educativas en relación con un amplio abanico de tópicos clave, incluidos los que conciernen a las responsabilidades ambientales en las tareas asignadas; comunicación y retroalimentación con todos los grupos de interés (accionistas, empleados, gobierno, sociedad civil, comunidades y actores sociales) para garantizar la comprensión objetiva de los asuntos ambientales implicados en la ejecución del proyecto en cuestión.
En esta misma línea es una obligación trabajar mano a mano con la comunidad y el gobierno, así como con otros actores relevantes, en la definición de las prioridades ambientales; disponer en todo momento de los fondos necesarios para cumplir con los objetivos ambientales, al mismo tiempo que se evalúan anualmente los costos proyectados del plan de cierre de mina con el objetivo de cubrir holgadamente sus necesidades financieras.
Hasta donde sabemos la GoldQuest completó dos estudios ambientales: uno con el objetivo de monitorear los parámetros meteorológicos y las aguas superficiales (AMEC, 2013) de la zona del proyecto (mediciones de flujo y muestreo de agua en ocho estaciones de monitoreo ubicadas cerca del área del proyecto; compra e instalación en el campo de equipos de mediciones de caudal), así como una estación meteorológica situada junto al Campamento de Exploración de la empresa en Hondo Valle (Palo de Viento) en la provincia de San Juan.
El programa de muestreo y monitoreo ambiental incluyó un plan de muestreo de aguas superficiales donde se especificaron las ubicaciones de cada muestra, la frecuencia con que se tomaban las nuestras, la lista de parámetros a analizar, el procedimiento de envío y el laboratorio usado para los análisis y la elaboración de los informes pertinentes.
El otro estudio incluyó una revisión ambiental estratégica (AMEC, 2014) que incluyó la revisión del marco regulatorio de la República Dominicana, el entorno social y económico relacionado con el proyecto, y el marco preliminar para el compromiso social. En una palabra: desde el primer momento, y haciendo cuantiosas inversiones, en las perspectivas exploratorias y de explotación de la GoldQuest, la cuestión ambiental fue una de sus principales prioridades.
Además del Estudio Técnico-Económico del Proyecto Romero se tenía prevista la conclusión del Estudio de Factibilidad del Proyecto (luego de haber concluido el de prefactibilidad). Este, junto a los estudios técnicos y el trabajo de campo correspondiente, tendrían un costo aproximado de $4.8 millones.
Este costoso esfuerzo técnico, de investigación y de ajetreos para convencer a los inversionistas del proyecto, terminaron con una larga, compleja y provechosa negociación con el MEMRD.
Este órgano estatal logró asegurar para el Estado, como se ha dicho, algo más del 50% de los beneficios globales del proyecto (si incluimos el ISR). Luego de concluida esta laboriosa jornada, el ministerio procedió a remitir al Ejecutivo una resolución aprobatoria de la concesión de explotación, la cual, como bien recuerda Isa Conde en su libro, no da derecho a explotar, pues ninguna concesión puede iniciar la explotación sin la licencia que otorga el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Como nunca dicha resolución fue aprobada por el presidente de entonces, la empresa minera no recibió del Ministerio de Medio Ambiente los TdR ambientales y sociales, a lo cual debería seguir la Evaluación de Impacto Socioeconómico (SIA), de acuerdo con el Estándar de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y los Principios de Ecuador.
Es decir, el Estudio de Impacto Ambiental, obligación de la empresa solicitante siguiendo de manera estricta los TdR suministrados por la autoridad ambiental, sencillamente no fue iniciado y el Proyecto Romero no fue más que un gasto preliminar enorme-al parecer inútil- de los inversionistas extranjeros.
Este inadmisible comportamiento de las autoridades nacionales (“algo inconcebible, injusto e ilegítimo”)- pone en tela de juicio la seguridad jurídica de las nuevas inversiones extranjeras, así como la confianza legítima, la cual puede resumirse en que la Administración no puede defraudar las expectativas que han creado sus normas y decisiones sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto.