Hasta la Asamblea Revisora que reformó la Constitución Política, el 10 de agosto de 1994, para dar cumplimiento a los acuerdos contenidos en el Pacto por la Democracia, entres los cuales se encontraba la separación de los comicios por un espacio de dos años, las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Congresuales y Municipales se celebraban de manera simultánea.
El referido pacto, que puso término a la grave crisis electoral provocada por el fraude, comprobado, mediante el que el presidente, Joaquín Balaguer, le arrebató el triunfo al líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, tuvo como resultado una reforma política que hizo más transparentes y objetivos los procesos electorales.
A partir del 1996 las elecciones presidenciales se mantuvieron separadas por dos años de las congresuales y municipales, hasta que volvieron a unificarse, pero de manera transitoria, en el 2016, para volver a separarse en el 2020, por un espacio de tres meses, de conformidad con el artículo 209 de la Carta Sustantiva, que dispone lo siguiente: a) que los colegios electorales se abrirán cada cuatro años; b) que se deben elegir al Presidente y Vicepresidente, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos de modo separado e independiente; y, c) que las elecciones municipales deben celebrarse el tercer domingo del mes de febrero y las presidenciales, congresuales y de representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), tres meses después, el tercer domingo del mes de mayo.
Para complacer a quienes tenían el errado criterio, como se ha comprobado, que la celebración de elecciones cada dos años era el motivo del permanentemente proselitismo de los dominicanos, el presidente, Leonel Fernández, cometió el desacierto, en la Constitución del 2010, de reducir el tiempo de separación de las elecciones de dos años a apenas tres meses, el más corto de latinoamérica.
Este cambio, que en nada contribuye con los procesos electorales, podría costarle al contribuyente 6,000 millones de pesos.
No obstante, tomando en consideración que las próximas elecciones municipales se celebrarán el 16 de febrero del 2020 y que la toma de posesión de las autoridades que resulten electas tendrá lugar el 24 de abril del mismo año, es más preocupante el hecho de que en el limitado tiempo de cuarenta y ocho días la JCE y las juntas electorales tendrán que cumplir las tareas siguientes: a) elaborar el computo de los resultados de los comicios y la relación de los municipios, b) examinar las boletas anuladas y las observadas, c) levantar el acta de cómputo, d) hacer la relación general de la votación en cada municipio, e) elaborar la relación de los candidatos elegidos, f) publicar y distribuir las relaciones, g) conocer las nulidades y las apelaciones, h) hacer la relación general de resultados, i) determinar los candidatos elegidos, j) hacer los certificados de elección y k) proclamar los candidatos elegidos.
Esta ardua tarea coincidirá con los preparativos de las elecciones presidenciales y congresuales, que deberán celebrarse, 23 días después, el 17 de mayo del 2020.
Los anteriores motivos son más que suficientes para que como sugirió, sabiamente, el expresidente de la República y líder del Partido Revolucionario Moderno, Hipólito Mejía, la unificación de las elecciones sea una prioridad del liderazgo político y toda la sociedad.