El coordinador y principal diseñador de la ley de Seguridad Social, su primer ex gerente general y reconocido experto internacional, Arismendi Díaz Santana, acaba de lanzar una voz de alerta que no puede ni debe ser desatendida por cuanto involucra el derecho adquirido a pensión de unos cien mil trabajadores, si el mismo no queda incluido en el proyecto de ley que dispone la eliminación del Instituto Dominicano de la Seguridad Social.
Díaz Santana, a quien hemos entrevistado con frecuencia para abordar distintos aspectos relacionados con la Seguridad Social, recuerda que cuando ocupó la gerencia general del sistema se contrató una firma de experiencia y prestigio internacional a fin de realizar un estudio sobre la deuda actuarial del Instituto, haciendo constar el compromiso de pago del derecho adquirido a dichas pensiones.
Sin embargo, tal como ocurre con frecuencia en nuestro medio donde no hay continuidad en las políticas del Estado así como de las instituciones públicas, el estudio en cuestión quedó engavetado, por lo cual los trabajadores afectados se verían impedidos de hacer valer sus derechos por falta de constancia oficial de la cantidad de años y cotizaciones que estuvieron aportando al Instituto.
De ahí la clarinada de atención sobre un aspecto de tanta importancia humana y social, que Díaz Santana plantea dejar resuelto antes de disolver el organismo al que justamente califica de costoso e inoperante.
Para que no haya lugar a confusión y dejar bien deslindados los temas, en varias de sus diversas comparecencias públicas Díaz Santana ha expresado apoyo al proyecto de ley que dispone la eliminación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
A ese efecto ha señalado que el Instituto fue víctima de la politiquería que lo asfixió por más de medio siglo, convirtiéndose en una agencia de empleos al servicio del clientelismo político, fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito por distintos elementos y grupos de presión, incluyendo algunos supuestos líderes sindicales, apartándose de la razón que le dio vida que fue la de proteger la salud y el derecho a una mínima pensión de la clase trabajadora.
Sobre esta situación ya la desaparecida revista Rumbo había publicado un amplio y revelador reportaje varios años atrás. Y más recientemente, durante el tiempo que ocupó la dirección del mismo, el prestigioso psiquiatra César Mella, pudo comprobarlo durante su gestión donde tomó medidas muy estrictas de saneamiento hasta que de manera inesperada fue sustituido en el cargo al parecer por intereses políticos afectados.
Ahora bien. Tal como expresa Díaz Arismendi y hemos señalado reiteradamente en las diferentes ocasiones en que hemos abordado el tema, la disolución del Instituto debió haber ocurrido mucho tiempo atrás, lo que hubiera ahorrado al Estado miles de millones de pesos gastados en mantenerlo artificialmente con vida.
Pero su inevitable e indispensable defunción no debe llevar a la tumba en modo alguno el derecho de pensión de esos cien mil trabajadores, una situación que debe ser reconocida, resuelta y comenzada a ejecutar cuanto antes sin que en modo alguno implique extender la existencia del Instituto que debió haber desaparecido desde mucho antes.