El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente Danilo Medina Sánchez y amparado en las facultades que le otorga la Constitución de la República, acaba de observar la Ley que modificaría el actual Código Procesal Penal, perjudicando de manera inconstitucional los derechos fundamentales de las mujeres, un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana.
Los que hemos tenido la oportunidad de leer íntegramente la carta de remisión, con las debidas motivaciones, ponderaciones y solicitud de modificación, de algunos de los artículos relacionados con el tema del aborto, podemos testimoniar una vez más la gran calidad que como ser humano y cristiano, adornan al Presidente Danilo Medina.
Este tema que desde hace mucho tiempo se viene debatiendo, en diferentes sectores de la vida nacional, que a nuestro juicio en algunos casos han sido manipulados por sectores de las diferentes iglesias y también por los sectores políticos, han traído como consecuencia que sin apasionamiento de ningún tipo, el Jefe del Estado haya realizado estas observaciones, porque nada ni nadie está por encima de la Constitución de la República y por eso estamos confiados de que en el menor tiempo posible, tanto el Senado de la República, como la Cámara de Diputados, con el quórum establecido para tales fines, acojan y aprueben estas observaciones sin modificación alguna.
La vida se nutre de realidades y es una realidad fundamental de la mujer decidir si desea o no traer al mundo una criatura, fruto de una violación, estupro o incesto, rapto, con malformaciones congénitas inviables que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando sea denunciado en algunos casos y en otros evaluados clínicamente, hasta un período de 12 semanas.
Además de las penalidades con prisión, a todas aquellas mujeres o quienes le ayuden por cualquier vía o método a practicar un aborto fuera de los casos enunciados anteriormente.
Ahora bien lo más importante en todo esto, es que si el Congreso Nacional acoge y aprueba las observaciones hechas a la Ley por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, asuma su responsabilidad y clausure definitivamente en todo el territorio nacional, las clínicas que a voz pópulis se dedican a practicar abortos criminales, ya que en la gran mayoría de los casos provienen de alguna relación extramatrimonial, de la falta de protección por parte del hombre o la mujer para prevenir el embarazo y luego que se produce entonces de manera voluntaria o involuntaria, desean ponerle fin al embarazo y estos casos sí que son criminales y debe aplicársele todo el peso de la ley.
Una humilde sugerencia es que se incremente la campaña educativa, para que toda mujer que por una razón u otra no desee procrear un hijo o una hija en un momento determinado, pero que sostiene relaciones sexuales, se proteja con cualquiera de los múltiples métodos existentes actualmente en el país.