Durante casi seis años, la oposición ampliamente concebida viene externando quejas sobre la falta de institucionalidad y la adulteración de las formas del Estado, que poco a poco comienza a confundirse con un partido en el gobierno. Propongo apliquemos la hipótesis de cambio de marcos de Lakoff (2004) al contexto dominicano para comprender por qué tanta contradicción entre esa institucionalidad que reclamamos y nuestro accionar en la vida pública.
El entorno internacional está marcado por una creciente ideología neoliberal y neo-nacionalista que prioriza a la llamada sociedad civil sobre la política; a las ONGs sobre las instituciones del Estado; a lo individual sobre lo colectivo. Sólo miremos a los Trumps del mundo; el cambio de enfoque de las escuelas de ciencias políticas, que pasaron de estudiar la política de base amplia vista a través de los partidos a concentrarse sobre todo en el estudio de las identidades políticas de los subgrupos poblaciones; observemos también la fuerte tendencia privatizadora de muchos de los bienes y servicios públicos que son, ante todo, derechos.
El contexto local, por su parte, muestra ser más complejo, conjugando elementos del ámbito internacional con los comportamientos propios de países insulares y poco desarrollados como el nuestro.
La República Dominicana ha optado por construir un modelo de política autoritaria. Vivimos una especie de dictadura anacrónica, donde los propósitos del actual liderazgo político son tan absolutistas como los del Tirano, pero donde las formas para lograr el control absoluto de las cosas han cambiado. Me refiero a la consolidación de un modelo económico desigual, a la elevada concentración de riquezas en pocas manos; me refiero también al papel protagónico que juegan los medios de comunicación, por encima incluso de nuestras universidades.
La respuesta al por qué de tanta contradicción descansa precisamente en ese contexto. El motivo del éxito del PLD, que es también el motivo de nuestro fracaso como sociedad, es que han creado “marcos de pensamiento” dentro de los cuales nos sentimos obligados a actuar. Hemos sido incapaces de pensar de forma independiente la política, y por tanto incapaces de pensarnos, fuera de esos marcos y de la agenda del gobierno.
En adición al Consejo Económico y Social (CES) que data del año 2005, surgió la Estrategia Nacional de Desarrollo (2012) y con ella los Pactos –Educativo, Eléctrico y Fiscal. Como si fuera poco, el gobierno creó múltiples Comisiones de Veeduría (2014-2015), que tal y como sugieren sus nombres, vieron, vieron, vieron y nunca hicieron.
Curiosos mecanismos de control: un consejo, un pacto, una comisión de veeduría. No parecerían guardar relación con el autoritarismo que caracteriza al PLD. Y es ahí donde yace su fuerza.
Pensemos en el enmarcado de la palabra pacto. Hablar de pactos supone desacuerdos previos que requieren de entendimiento entre las partes. Proponer un pacto debería ser, por tanto, tarea de quienes quieren buscar solución a nuestros problemas. Así como quien asocia los impuestos con una carga indeseable y celebra y premia al político que promete eliminarlos, sea o no una solución efectiva al tema fiscal (Lakoff 2004), el marco de pensamiento de los pactos también evoca la metáfora de héroes y villanos. Los héroes proponen los pactos y los villanos se oponen. Imagínense entonces cómo se vería una persona opuesta a un Pacto por la Educación. ¿Qué pensar de ella?
Así de poderoso es el marco que evoca la palabra. Por eso no me sorprendo al encontrarme con personas que, queriendo referirse al proceso de reforma (fiscal por ejemplo), hablan de pactos, como si lo importante fuera pactar y no reformar.
Hoy, gracias al Pacto por la Educación, olvidamos que existen dos ministerios cuyos propósitos deberían obligarlos a trabajar para mejorar la calidad de los aprendizajes en las escuelas y las universidades de nuestro país. ¿Es eso lo que han hecho? Parece no importar, pues ahora son menos las responsabilidades que les atribuimos a quienes los dirigen y más las ocasiones en que se salen con las suyas cuando incumplen. Eso sin mencionar el hecho de que siguen en sus cargos desde donde finalmente toman todas las decisiones importantes, nos gusten o no. ¿Accountability en el sector público? Ninguna. No menos importante, y a pesar de las buenas intenciones, quienes participan de los pactos contribuyen a legitimar las gestiones de dichos ministerios.
Los pactos constituyen un reconocimiento por parte del Gobierno de su incapacidad para administrar el Estado. Si funcionaran las instituciones, no existirían los pactos.
Llegaríamos a conclusiones similares si repetimos el ejercicio con las comisiones de veeduría. Pensemos en lo que significan esas comisiones considerando que no tenemos justicia. ¿Qué vienen a solucionar?
Pasadas las elecciones del 15 de mayo, el fondo y las formas del intento de asesinato del Estado permanecen iguales. Hoy, la discusión gira en torno a la necesidad de aprobar una Ley de Partidos y una nueva Ley Electoral que real y efectivamente democraticen el acceso al poder, que hagan de las elecciones concursos abiertos, libres y justos; que impidan que el arbitro electoral se declare addendum del partido de gobierno y no pase nada. ¿Y cómo se llama el nuevo mecanismo de control? “Diálogo.”
El llamado “Diálogo” ha sido fundamental en sacar la discusión política de las leyes y la fiscalización del Estado de su espacio natural, que es el Congreso. Ha logrado distraernos de la más importante de las tareas que es buscar mejorar la calidad de nuestra representación legislativa. Mientras, todos mueren por estar y formar parte. Así abandona un país a la política y con ella, a su gente.
En adición a eso, y como consecuencia del “Diálogo,” la universidad que lo acoge desvirtúa sus propósitos, convirtiéndose en anfitriona de un ejercicio nati-muerto, en lugar de propiciar discusiones académicas sobre los temas y conceptos de lugar.
Tres meses después de unos comicios que parecieron más matadero que elecciones democráticas, seguimos cometiendo los mismos errores.
¡Que el Congreso haga su trabajo!
¡Que las universidades hagan su trabajo! Ellas no dependen (o no deberían depender) de los partidos políticos.
¡Que la llamada sociedad civil haga su trabajo! Si depende de los partidos para empoderarse y presionar, no es sociedad civil. ¿O acaso no se hacen llamar sociedad civil por resistirse a levantar banderas partidarias?
¡Que los partidos sin representación en el Congreso hagan oposición! Construyamos posiciones que calen en la sociedad y que se traduzcan en mayor representación congresual y municipal.
¡Hagamos nuestro trabajo y dejemos de des-institucionalizar!
No es tarea sencilla la que propongo. Cambiar el marco de pensamiento implica cuestionar todo lo que solemos dar por hecho, incomodar los supuestos, cuestionar el status quo. Hablo de una sociedad examinada, autocrítica.
Por eso, cuando el PLD organiza un “Diálogo” que no es más que una fiesta instrumental para su propaganda y legitimación, en lugar de preguntar preocupados si seremos los únicos en quedar fuera de la lista, preguntémonos en cambio, ¿qué pasa si no vamos?