El Gobierno dominicano luce empantanado con la situación de los ilegales en nuestro territorio, pues aunque ha invertido enormes sumas de dinero para echar a andar el Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, no deja de ser bombardeado por ONG’S y organismos internacionales que lo único que procuran, en connivencia con el gobierno haitiano, es que la Republica Dominicana acepte todos los inmigrantes del vecino país como ciudadanos propios.
El 13 del presente mes salió una información en la prensa nacional dando cuenta de que el Ejercito había atrapado a unos doscientos haitianos cruzando ilegalmente la frontera, y que estos habían admitido que son incentivados desde el gobierno haitiano con informaciones de que a todos se le concedería nacionalidad dominicana si logran cruzar la frontera y presentar cualquier documento a las autoridades dominicanas. Incluso uno dijo que habría una oleada masiva de inmigrantes que tratarían de cruzar la frontera en busca de su ciudadanía dominicana.
No entiendo como las autoridades dominicanas se dejan desbordar por este problema, que tiene cómplices en nuestro territorio y que se lucran bastante ayudando a entrar a los ilegales haitianos a cambio de algunos pesos sin darse cuenta del enorme daño que le hacen al país. El gobierno tiene a mano una ley que puede frenar la inmigración ilegal, y es una ley que tiene 22 años, por lo que no puede ser objetada por organismos internacionales, además, esa ley a quien penaliza es a los dominicanos que la violen, se trata de la Ley 16-92 promulgada el 29 de mayo de 1992, el famoso Código de Trabajo de la Republica Dominicana, el cual esta siendo sujeto de negociaciones entre empresarios, trabajadores y gobierno para su revisión.
El Código de Trabajo tiene la solución a la inmigración ilegal y el gobierno no ha reparado en ello. El Art. 135 de dicho Código establece que “el ochenta (80%) por ciento, por lo menos, del numero total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”, dejando un 20% como máximo para trabajadores extranjeros. Si el gobierno dispone, ahora que se negocia la actualización de esa ley, que ese 20% máximo de los trabajos de todas las empresas dominicanas destinados para extranjeros deben ser ocupados por trabajadores que se hayan adaptado a las leyes dominicanas, o sea, que estén en condiciones de inmigrantes legales, habrá resuelto el problema de la inmigración ilegal al negarles a estos la posibilidad de trabajar en nuestro país.
Eso si, como nos conocemos y sabemos como somos, el gobierno debe incluir en la Ley 16-92 sanciones drásticas contra los patronos que violen la misma, la cual deberemos apoyar todos los dominicanos porque la misma vendría a ser la solución a todos los ataques que recibimos de gobiernos y organismos extranjeros. Si no hay incentivos económicos para los ilegales estos no tendrán motivos para venir al país.
Los empresarios agrícolas y de la construcción deben ser los primeros en colaborar con este mandato del Código de Trabajo, y el gobierno debe velar por el fiel cumplimiento del mismo y aplicar sanciones fuertes contra los que osen violarlo. Aseguro que si lo hacen así, después de algunos ejemplos que de seguro habrá que dar, los demás acataremos fielmente el mandato de la Ley 16-92, promulgada por Joaquín Balaguer en 1992, quien hasta después de 12 años de muerto sigue velando por el bienestar y permanencia de la Republica a través de su visión como estadista, al dejarnos un instrumento a través del cual defender la dominicanidad.
Exhorto pues al gobierno dominicano a aplicar efectivamente el articulo 135 del Código de Trabajo como medida efectiva en defensa del país.