Como cada año el 27 de febrero, y según establece la Constitución, el presidente de la República rinde cuentas sobre la gestión del Gobierno. La niñez y adolescencia aparece reflejada en esa rendición con cifras y datos que carecen de profundidad, y de un análisis de impacto real. Y como cada año estas informaciones no incluyen los desafíos pendientes en cada materia sujeta a rendición, y se obvian temas críticos que hacen que nuestro país sea líder regional en desprotección de niños, niñas y adolescentes.

En la rendición de cuentas de este año la mortalidad infantil, la educación, la atención integral a la primera infancia o la atención a niños y niñas con discapacidad aparecen como los únicos temas sobre los que presentar resultados. Aun cuando estos resultados se muestran como un cascarón vacío de contenido.

Desde PolétikaRD, una herramienta de vigilancia de los compromisos de políticos y programas electorales impulsada por unas 20 organizaciones de la sociedad civil, se analizaron estos vacíos.

Pareciera que en educación todo debe limitarse al número de escuelas construidas, el número de niños y niñas en tanda extendida y la consecuente cantidad de niños y niñas que reciben alimentación escolar. De calidad educativa no se rinde cuentas porque ya lo hacen los informes PISA, o el mismo MINERD cuando en 2018 su evaluación diagnostica de alumnos de 3er grado arrojó que niños y niñas no están aprendiendo a leer. Parece simple, pero las implicaciones que esto tiene sobre la realidad del aprendizaje supone que, a pesar de contar con escuelas nuevas, alimentación continua y jornada completa, dentro del sistema escolar no hay resultados de peso.

La atención integral a la primera infancia, es también en la rendición de cuentas, una cuestión numérica. Tantos niños y niñas están dentro de los servicios de atención integral en las diversas modalidades, tantos otros ya han accedido a la educación básica y otras tantas familias son parte de las visitas domiciliarias. Esto no deja de ser positivo, contando que es una iniciativa necesaria, por no decir obligatoria para cualquier gobierno. Sin embargo, desde 2015, cuando comienza el programa, hasta hoy, no se nos ha presentado ningún dato cualitativo que nos haga visualizar el impacto de la atención integral a la primera infancia en la vida de niños y niñas y sus familias. Desconocemos la eficiencia y efectividad de esta atención, y también el costo-beneficio de la misma.

Pareciera también que el hecho de que se hayan creado tres Centros de Atención a la Discapacidad (CAID) y un cuarto en proceso de construcción, supone que las familias con niños y niñas con discapacidad tengan acceso real a estos servicios. Si bien los CAID ofrecen una diversa y completa variedad de servicios, para una familia en un campo de la provincia de San Juan de la Maguana el costo familiar de acceder al servicio y lo que implica el acompañamiento familiar lo hace inviable. Por citar solo una situación.

La mortalidad infantil continúa siendo, a pesar de los avances, una de las mayores de América Latina y El Caribe, y en la rendición de cuentas se hace eco del avance, pero se obvia cuáles son las causas de que a pesar de los indicadores macroeconómicos y el progreso en el que teóricamente estamos, niños y niñas no superen los 30 días de vida. Estas causas están asociadas en su mayoría, y según UNICEF, con la deficitaria calidad de atención sanitaria.

En definitiva, la rendición de cuentas no es honesta en cuanto a la calidad, el impacto, los desafíos persistentes ni los costos. Nos dibuja de manera simple, pero llamativa a nivel mediático, una realidad basada en infraestructuras, cuyo contenido o no está desarrollado o no está dando resultados o no ha experimentado mejoras.

Se echa en falta, y por demás deja una sensación de abandono, la rendición de cuentas o al menos alguna mención sobre la situación de nuestras niñas y adolescentes víctimas del matrimonio infantil, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, la trata de personas o la explotación sexual comercial. Es decir, a la violencia. De manera recurrente y programada, se nos han lanzado mensajes que culpabilizan a las familias y la pérdida de valores sobre la realidad de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, esto solo refleja el intento de las instituciones responsables de proyectar sus errores o la ausencia de acciones, en los actores de menos capacidad. No olvidemos nunca que la Constitución establece la protección de las personas menores de edad como una responsabilidad del Estado. Tampoco no olvidemos que una sociedad y sus familias pueden llegar a ser el reflejo de lo que el propio Estado promueve.

Esperamos que, en algún momento, de cualquier Gobierno, la infancia y adolescencia sean justamente tratadas en la rendición de cuentas. Reconocer los desafíos y mejoras necesarias es un deber con el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes.