¿Por qué se requiere una reforma laboral integral en RD?
Es de consenso en el país que la persistencia de altos niveles de pobreza, su baja reducción y la baja movilidad económica de los estratos de ingresos medios, como resultado sobre todo de los bajos salarios, la alta informalidad laboral y el alto nivel de subutilización de la fuerza laboral (desempleo y subempleo), demanda la urgencia de reformas de gran calado en diferentes áreas para mejorar la inclusión social.
Las evidencias nacionales e internacionales indican que el trabajo es una llave maestra para la inclusión económica y social. En el caso de República Dominicana, los estudios que han abordado la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad coinciden en atribuir al vínculo pobre entre el crecimiento y el desempeño del mercado de trabajo las paradojas del extraordinario crecimiento económico dominicano de las últimas cinco décadas, lo que a su vez explica en gran medida la persistencia de elevados niveles de pobreza y extrema pobreza, pues es en el mercado laboral donde los hogares y las personas generan más de las tres cuartas partes de sus ingresos.
Está suficientemente documentado que el alto crecimiento económico de República Dominicana no ha bastado por sí mismo para producir los suficientes empleos productivos -en el contexto de una creciente oferta de empleos por los cambios demográficos que se han producido- que permitan reducir significativamente el desempleo, el subempleo, la informalidad laboral y el empleo de pobreza, y mejorar los ingresos reales por el trabajo, pese al significativo incremento de la productividad laboral desde mediados de la pasada década.
El mercado de trabajo dominicano funciona con enormes fallas (carencias y deficiencias) que reducen y hacen más inequitativas las oportunidades de acceso a empleos formales y la capacitación para la adquisición de habilidades, acusando un agudo desajuste entre oferta y demanda de fuerza laboral, falta de correspondencia entre la oferta y la demanda educativa y el mercado laboral, y asintonía entre el nivel educativo y las habilidades o competencias requeridas por el mercado.
Estas fallas se potencian en un contexto de alta informalidad y bajos niveles de educación y capacitación de la fuerza laboral, y se traducen en una alta subutilización de la misma (altísimo desempleo y subempleo), alta incidencia de empleos precarios (informalidad o autoempleo de subsistencia), inestabilidad y alta rotación del empleo, baja productividad y bajas remuneraciones salariales y no salariales, baja cobertura y calidad de la protección social, bajo cumplimiento de las normas laborales y enormes brechas de capital humano, de productividad, de ingresos laborales, participación y empleo.
Por otro lado, las carencias y deficiencias de políticas públicas productivas que mejoren la productividad del trabajo y reduzcan las brechas de productividad, y de las políticas sociales distributivas y laborales, particularmente de políticas activas de empleo y de protección social que puedan reducir la inequidad en la remuneración al trabajo frente a las ganancias del capital, refuerzan los círculos viciosos baja creación de empleos formales-desempleo-autoempleo-informalidad y baja productividad-bajos ingresos-pobreza.
Una característica estructural de la economía y el mercado laboral dominicanos es la elevada concentración de empleo en el segmento de empresas más pequeñas y menos productivas, que se traduce de manera directa en desigualdades o brechas en los mercados de trabajo. La desigualdad en los ingresos laborales –que refleja a su vez diferenciales en los niveles de escolarización y otros factores– está fuertemente asociada a los distintos tamaños de empresa, y esto último es de hecho una de los factores causales más importantes de la brecha de productividad e ingresos laborales.
¿Cuál es, entonces, el alcance y contenido de la reforma laboral que se requieren para corregir las fallas del mercado laboral y del modelo de crecimiento económico antes notadas? ¿Será pertinente y eficaz una reforma laboral que no esté articulada con las reformas a la fiscalidad y la seguridad social? ¿Cuál es el estatus de los acuerdos que se requieren para impulsar una reforma laboral integral? ¿No será necesario, por su complejidad y grado de conflictividad, que la reforma laboral integral se le asigne la categoría de Pacto Nacional?
La persistencia de elevados niveles de pobreza en la población dominicana -incluso entre los que generan ingresos en el mercado laboral y la baja movilidad económica de los pobres y de trabajadores de estratos medios que constituyen más del 80% de la población, el bajo nivel de gasto social y la baja eficacia de las políticas sociales, y en general las brechas de ingresos en la sociedad dominicana, pese al sostenido elevado crecimiento económico plantea a cualquier reforma laboral no regresiva que se emprenda el impostergable reto de contribuir a cambiar ese statu quo.
El planteamiento central que articula la propuesta de reforma que presentamos desde el Observatorio Ciudadano del Mercado de Trabajo (OBCMETRA) es que para que el muy deficiente mercado de trabajo dominicano pueda contribuir a reducir las enormes brechas de ingresos laborales y de acceso a empleos decentes, seguridad y protección social que mantienen excluidos de la prosperidad económica a los trabajadores pobres y a un segmento significativo de empleados de ingresos medios, la reforma laboral que se requiere implementar en la República Dominicana tiene que ser progresiva e integral; es decir, tiene que abarcar políticas que afecten los factores productivos, fiscales e institucionales que determinan la fallas en el modelo de crecimiento económico y en el funcionamiento del mercado laboral, en particular las bajas capacidades de generación de empleos e ingresos y la muy desigual distribución de los ingresos laborales entre el factor trabajo y el capital.
La segmentación y polarización del mercado de trabajo dominicano plantean la necesidad de que en el debate actual y las negociaciones sobre las modificaciones al Código de Trabajo y la Seguridad Social, así como en las decisiones finales que tomarán los legisladores dominicanos y el Poder Ejecutivo, se pondere debidamente de manera especial la asintonía entre los niveles y crecimiento de la productividad y los bajos niveles y las tendencias regresivas de los ingresos laborales, la persistencia del alto desempleo, la baja protección social y la elevada informalidad de la fuerza laboral dominicana. Estos resultados del funcionamiento del mercado laboral dominicano no parecen ser tenidos en cuenta en una buena parte del conjunto de propuestas de modificación al Código de Trabajo de la cúpula empresarial organizada en CONEP y COPARDOM.
Ahora bien, la economía política de la desigualdad económica y social, la experiencia de las reformas implementadas en los últimos 25 años, el clientelismo en el sistema político dominicano, el asistencialismo estatal focalizado en los estratos más pobres y la debilidad de las organizaciones populares y sindicales indican que la capacidad de resistencia de las élites de poder a reformas de profundo calado sólo podría ser superada si los beneficiarios potenciales de dichas reformas –trabajadores asalariados e informales; micro y pequeños empresarios; pobladores en sectores populares; empleados de ingresos medios; desempleados; amas de casas- estuviesen bien organizados y contasen con recursos sociales y políticos para contrarrestar la influencia de esas élites, lo cual no ocurre actualmente en República Dominicana.
No obstante, pese a la debilidad de los sindicatos y las organizaciones populares, y a la inexistencia a la fecha de un movimiento organizado en torno a la reforma laboral, la discusión y negociación en curso abre la oportunidad para una acción colectiva ciudadana sostenible más inclusiva que demande y exija la ampliación de los espacios de diálogo y concertación involucrando las representaciones de la sociedad civil, que al mismo tiempo que aproveche dichos espacios para promover un Acuerdo o Pacto Nacional de las fuerzas sociales, económicas y políticas del país que gravitan en la sociedad dominicana, exija, mediante la movilización social, la concreción de una Reforma Laboral Integral.
Este tipo de propuesta de reforma laboral, no una unilateral y regresiva como la que se ha discutido en el DT, debe estar en la agenda del movimiento sindical, popular y cívico. El escenario y mecanismo de discusión y negociación que exige un acuerdo de reforma laboral como el que proponemos no es el llamado Diálogo Tripartito de representación empresarial, sindical y estatal, sino el Consejo Económico y Social (CES), con una mayor representación de las organizaciones sindicales populares y cívicas.
La reforma laboral no debe ser un tema de dominio y control exclusivo de las organizaciones sindicales si ocho de cada diez ciudadanos de esta República Dominicana se sostienen económicamente sobre todo con los ingresos que producen en el mercado laboral. Es un tema existencial que debe involucrar el ejercicio ciudadano del reclamo a la equidad. La baja ciudadanía laboral en la población dominicana tiene que ser removida, pasándose del ejercicio de una ciudadanía de baja a alta intensidad que reclame los derechos colectivos en los diversos espacios de socialización (empresas, sector de residencia, etc.).
Ahora bien, la actual correlación de fuerzas sociales y políticas en la sociedad dominicana indica que el grado de viabilidad política de una reforma laboral integral como la que proponemos va a depender de las posibilidades de que las organizaciones sindicales, populares y profesionales puedan articular una acción colectiva en pro de una reforma integral progresiva que contraponga las modificaciones anti regresivas que pretende imponer la cúpula empresarial con el apoyo de las élites políticas que controlan el Gobierno, el Congreso Nacional y el aparato judicial.
Por tanto, las exigencias de una reforma laboral integral tienen que motorizarse mediante la construcción de un movimiento de reclamo que se articule con otras instancias no partidarias de demandas especificas de diversos grupos sociales, tales como las mujeres, los ecologistas y pobladores urbanos, los médicos y demás profesionales de la salud, los maestros y profesores universitarios, entre otros.
Desafortunadamente, a diferencia de las reformas educativa y del sector eléctrico y de otras demandas de políticas públicas en torno a las cuales se ha aglutinado y perfilado un movimiento proveniente de la sociedad civil con capacidades de articular propuestas alternativas y de presión a las élites de poder, en el caso de la reforma laboral no se producido ni a la fecha se vislumbra iniciativa alguna de tal tipo.
El movimiento de trabajadores, las organizaciones sociales y populares y la ciudadanía en general deben entender que el tema del trabajo laboral atañe no sólo a los asalariados o trabajadores con empleo formal, pues el 80% de los ingresos que generan las personas y los hogares lo hacen el mercado laboral. Que, por tanto, el debate sobre la reforma laboral es tan estratégico para la vida de los dominicanos como la discusión de los pactos Eléctrico, Fiscal y Educativo. Que las modificaciones al Código de Trabajo y otras políticas de reforma tienen consecuencias directas en sus ingresos y en otras dimensiones del trabajo, y que, por consiguiente, tienen que empoderarse del tema laboral, tal como se hizo con la exigencia del 4% del PIB para la Educación, como con el tema de las mejoras en salud que reclaman actualmente varias organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud y con la lucha contra la impunidad que desde hace un año libra la Marcha Verde.
Pese a la debilidad de los sindicatos y las organizaciones populares y la inexistencia a la fecha de un movimiento organizado pro-reforma laboral, la iniciativa de reforma al Código de Trabajo en curso abre una oportunidad para una acción colectiva sostenible que promueva un movimiento organizado popular y sindical en pro de una reforma laboral integral, que al mismo tiempo que aproveche los espacios de diálogo y concertación -como el diálogo tripartito plus (nombre dado a las formulas de dialogo que permiten medios alternativos de representación) y el CES- para promover un Acuerdo o Pacto Nacional de las fuerzas sociales, económicas y políticas que gravitan en la sociedad dominicana, demande, mediante la movilización social -en sus variadas y posibles formas cívicas- la concertación e implementación de una reforma laboral progresiva integral que incluya modificaciones profundas a la Ley 87-01 de Seguridad Social y a la fiscalidad, de manera que contribuyan a que el exitoso crecimiento económico dominicano se derrame a la clase trabajadora y estratos socioeconómicos medios que generan sus ingresos sobre todo participando en el mercado laboral.
La reforma laboral no debe ser un tema de dominio y control exclusivo de las organizaciones sindicales si ocho de cada diez ciudadanos de esta República Dominicana se sostienen económicamente sobre todo con los ingresos que producen en el mercado laboral. Es un tema existencial que debe involucrar el ejercicio ciudadano del reclamo a la equidad. La baja ciudadanía laboral en la población dominicana tiene que ser removida. Con la propuesta que presentamos en la siguiente entrega de este artículo esperamos contribuir a construirla.
* Director del Observatorio Ciudadano del Mercado de Trabajo (OBCMETRA)