Cuando para entender los asuntos básicos del quehacer político de un país se necesita de la asesoría de letrados eso quiere decir que algo anda mal.
Mi racionalismo primario es puesto en entredicho cada día por atentados a la lógica que dejan perpleja a una mente en capacidad mínima de procesar informaciones.
Si esto me pasa a mí que será entonces de nuestras grandes mayorías que reciben un bombardeo permanente de mensajes contradictorios cuya síntesis parece ser que no hay todavía marco jurídico que valga en el país.
Sin embargo, lo que sí parece muy claro para todos es la existencia del doble rasero. Como sucedió en el caso de Estephany Estévez, madre soltera de 18 años que ha sido llevada a prisión por tres meses por haber publicado en facebook una foto de ella y su bebé con una botella de cerveza.
Otro ejemplo sería el de las ejecuciones extra judiciales en un país donde está prohibida la pena de muerte y donde el nuevo Código Penal prevé cúmulos de penas de hasta 60 años para disuadir de delinquir a un segmento de la población que muere cada día a manos de la Policía, sin juicio y sin ningún tipo de garantías.
Se puede interpretar que tan pronto el marco jurídico y constitucional no les conviene a nuestros gobernantes, que son los responsables principales de su defensa, sencillamente no se le respeta y muy por el contrario se le estruja y se le cambia.
Hacemos gárgaras con nuestra Constitución: Carta Magna por aquí y Constitución por allá. Sin embargo, la verdad es que a la Constitución se la zarandea. Se la trata como un trapo sucio. Cada partido en el poder quiere hacer de ella un traje a su medida. Cualquier político encaramado en la silla, al igual que el recién y tristemente constituido Tribunal Constitucional, puede modificar lo expresado en la Constitución y en las leyes al antojo de sus leales para servir sus intereses espurios. ¿Qué mejor ejemplo que la sentencia 168-13 y todo lo que se ha desencadenado a partir de ésta sin hablar de la sentencia 256-14?
La soberbia patriótica lleva a absurdos inimaginables. Así resulta que el país puede firmar convenios, contratos, documentos o acuerdos internacionales y el día que los compromisos asumidos no convengan no obtemperamos, decimos que estos nunca existieron y no pasa nada. Si somos signatarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo único que se nos ocurre decir es que esta Corte es obsoleta, que ya no está a la altura de los tiempos y hay que cambiarla. ¿Dónde van a parar los compromisos contraídos por el Estado dominicano con los demás estados? En el caso de la supuesta salida de la República Dominicana de la jurisdicción de la Corte IDH dictada por el TC, ¿qué pasa con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas dominicanos de recurrir a este tribunal internacional cuando les han sido cerrados todos sus caminos en el país? ¿Se le borra de un plumazo? ¿Fue una simple percepción como acostumbra decir alguno?