Dice el pueblo que no hay mal que por bien no venga y lo mismo podemos decir de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó a los nacidos en nuestro territorio de padre extranjeros en situación migratorio irregular, pues ha sido tan grande el escándalo, tan difícil (imposible) de defender, que se le buscó una solución a estos compatriotas través de la Ley 169, y se aprovechó para al mismo tiempo iniciar la ejecución de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular (PNRE) que abre la oportunidad al Gobierno de regularizar el desorden migratorio que nos ha acompañado siempre.
El mérito hay que otorgarlo al presidente Medina, al que le tiraron arriba el enorme problema nacional e internacional creado por la sentencia 168, y se esforzó en buscar una solución para dos problemas distintos: el de la presencia de extranjeros ilegales en nuestro país, y el de los desnacionalizados por dicha sentencia.
Así fue dictado el decreto 327/13 del 29 de noviembre de 2013, que aprueba el PNRE con disposiciones muy correctas como aquella de que las deportaciones de los extranjeros en situación migratoria irregular que no se acojan al plan se hará “de acuerdo a los estándares internacionales que rigen la materia”. Cumplir con este mandato es muy importante para defender el PNRE nacional e internacionalmente. El presidente Medina ha dicho en varias oportunidades que así se hará y debemos confiar en que así será.
La ejecución del PNRE confrontó serias dificultades y debe admitirse que la principal fue la falta de colaboración del gobierno haitiano, que debió dotar a todos los solicitantes de un documento de identidad y muy pocos lo obtuvieron. También debe mencionarse el negocio que algunos hicieron con las filas de personas que acudían a registrarse y el costo que representaba obtener los documentos que debían depositarse, lo que en una población pobre como ésta, se convirtió en un obstáculo, a pesar del esfuerzo del gobierno, que nada cobraba por la inscripción.
Al término del plazo para registrarse, lograron hacerlo un poco más de 288 mil personas, que aunque no son todas, representa un número significativo que premia el esfuerzo realizado por el gobierno dominicano. Un dato preocupante, sin embargo, es que de ese total, sólo un poco más de cuatro mil personas lograron presentar todos los documentos necesarios, y el resto deberá hacerlo en 45 días y si no lo hacen, serán deportados. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía acaba de informar que ya está listo para entregar sus documentos de residencia a las primeros 50 mil personas, lo que hace pensar que podría superarse esta situación.
Esta es una oportunidad que nuestro país no debe desaprovechar para poner orden donde nunca lo ha habido: nuestra frontera. De nada valdría el esfuerzo si los haitianos irregulares regresan a su país, voluntariamente o no, si poco tiempo después retornan al nuestro sin mayores dificultades por la porosa frontera dominico-haitiana. No se trata de implementar la absurda idea de construir un muro en la frontera. Estados Unidos, con todos sus recursos, no ha podido parar el flujo migratorio ilegal a través de su frontera con México con todo y el muro que ha construido en parte de la misma, como tampoco ha podido parar el flujo migratorio ilegal de dominicanos cruzando el Canal de la Mona hacia Puerto Rico.
La solución debe ser institucional. Terminar de regularizar o deportar a los ilegales, respetando el debido proceso, sin deportaciones masivas que por sí mismas son ilegales, pero al mismo tiempo, terminando con el negocio corrupto que representa el tráfico de seres humanos, del que nos beneficiamos todos con mano de obra barata. También deben aplicarse con todo rigor las leyes laborales con respecto al porcentaje de mano de obra extranjera que puede contratarse, a la prohibición de contratar mano de obra extranjera en situación migratoria irregular y el gobierno debe admitir que debe ser el primero y dar el ejemplo.
Si necesitamos mano de obra extranjera, específicamente haitiana, debemos dotar a nuestros consulados en Haití de las facilidades para documentar a los que deseen venir a trabajar en nuestro país, pero haciéndolo de manera legal, para lo cual no deben crearse trabas burocráticas innecesarias.
La mayoría de los que salgan, por su propia voluntad o deportados, intentará regresar pues las condiciones en Haití son tremendamente precarias y no hay suficiente trabajo para todos ellos. Es cierto que no somos responsables de esta situación, pero es una realidad que compartimos esta Isla con Haití y el flujo migratorio de aquellos que no encuentren forma de subsistir en su país, se dirigirá a nuestro territorio por cualquier vía. Solo cuando se percaten de que tampoco existe trabajo en la República Dominicana para los ilegales, ese flujo comenzará a disminuir y ese es el único camino posible, y es responsabilidad de todos contribuir para por lo menos reducir el problema, ojalá que en forma significativa.
El otro problema, el de los desnacionalizados, debe resolverse cumpliendo cabalmente con la Ley 169, lo que no ha ocurrido todavía. Debemos celebrar que aunque con una dilación injustificable, la JCE haya informado que regularizará la situación de más de 55 mil personas que se mantuvieron por años, desde 2007, sin poder probar su nacionalidad pues se les negaba la documentación para tales fines. Es muy importante ahora que no existan problemas para la entrega a estas personas de sus actas de nacimiento, de sus cédulas de identidad y electoral, de sus pasaportes.
La comunidad internacional, incluyendo medios de comunicación, países y organismos de derechos humanos, aceptan, por lo menos en forma mayoritaria, el derecho de nuestro país a regular a los migrantes, incluyendo deportarlos si se encuentran en situación irregular. Lo que tenemos que evitar es contaminar nuestro PNRE con expulsiones de dominicanos(as) desnacionalizados.
Por eso es muy importante que cuando comiencen las deportaciones de los extranjeros ilegales no se incluyan a las personas desnacionalizadas, que están en el proceso de ser renacionalizadas. Es cierto que puede ocurrir por error, pero como señaló el presidente Medina, tales errores deben corregirse de inmediato. Esa corrección debe ser transparente, de cara al mundo, con observadores internacionales invitados por nuestro país, como ocurre en las elecciones. La transparencia es nuestra mejor defensa.